Ad portas de un cambio constitucional, un debate necesario de realizar es el de cómo plantearemos el rol del Estado en la asignación y distribución de los recursos naturales.
Esta materia es sumamente relevante, en el momento actual para Chile, ya que debería ser tomada en consideración en el proceso de discusión constituyente al momento de evaluar los contenidos de la Nueva Constitución.
El Convenio es prudente en el caso de asignación de recursos públicos ya que dice que el Estado Parte debe (6ºc) «establecer los medios necesarios para el pleno desarrollo e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin».
La Constitución al no establecer un plazo al órgano constitucional para que adopte su Reglamento, podría conllevar a que el proceso constituyente chileno presente los mismos problemas de los países vecinos.
El éxito en esta carrera presidencial no radica necesariamente en el contenido de cada propuesta, sino más bien en la capacidad de uno u otro candidato para persuadir a un receptor específico -en este caso los votantes indecisos de los llamados swing o battleground states- de que el relato propuesto recoge sus propias prioridades.
Hoy un abogado constitucionalista no puede permitirse no tener una opinión sobre el espacio que le corresponde al animal no humano en el orden constitucional chileno.
En los últimos años, hemos visto como Chile ha cambiado, y nuestro Colegio no ha estado ajeno a esas transformaciones, pero lo hemos hecho sin olvidar nuestro pasado e historia, con la mirada puesta hacia adelante, hacia el futuro de nuestra profesión.
Si los padres no pueden pagar el tratamiento ¿debe financiarlo el Estado? La Administración sostiene que no es su deber. Los tribunales piensan distinto.
El presente trabajo tiene por objeto analizar las limitaciones establecidas a los derechos humanos fundamentales desde la perspectiva de su convencionalidad a la luz de los instrumentos internacionales que los reconocen.
Esta desesperada lucha contra el Covid-19 ha hecho olvidar a los estados victimados, la evidente responsabilidad de sus creadores y difusores, cobardemente ocultos hasta ahora en el anonimato.
Creemos que si es posible afirmar que el solo argumento de vigencia legal de algunas disposiciones, no basta para sustentar la aplicación de la misma, obviándose los casos concretos en los cuales impactará dicha aplicación; lo cual se justifica por diversas razones.
El derecho de los funcionarios a ser defendidos de los ataques que el precepto señala constituye un derecho, no un simple beneficio o gracia concedida por la institución pública.
Atendidas las características del proceso constituyente chileno, y al margen de le legítima posición que cada cual tenga respecto de la necesidad de cambiar la Carta Constitucional de 1980, no cabe duda, al menos para este profesor universitario, que estamos frente a un proceso revestido de las garantías de la democracia.
El no ser oído el jactancioso, como efecto de la condena de jactancia, es lisa y llanamente la pérdida de su derecho de acción o de comparecer a Tribunales a fin de obtener un pronunciamiento de fondo en un procedimiento racional y justo (artículo 19 número 3 de la Constitución Política), por el derecho que señaló pertenecerle y que no estaba disfrutando.
Si bien la moción parlamentaria es destacable, desde el punto de vista que permite la modernización, no del proceso de policía local, sino de las formas de como puede llevarse a cabo una diligencia puntual, permitiría un ahorro considerable de tiempo para los usuarios del servicio judicial local.
