Con la video vigilancia mediante drones habrá siempre un operador o humano responsable del tratamiento que afecta a la imagen propia de una persona y, como constituye un dato personal, las exigencias, requisitos y restricciones de las normas de protección de datos personales deben ser un mecanismo jurídico idóneo para ordenar su uso y evitar posibles abusos.
A pesar de la fascinación que ha despertado la teoría del constitucionalismo con su “hija predilecta” el neoconstitucionalismo, preocupa que en más de una década del siglo XXI el desarrollo de los derechos fundamentales y humanos no hayan alcanzado el panorama completo de conciencia y mentalidad de estos elementos y que los Estados no terminen de legitimarse desde sus propios fines.
En el caso de Chile, existirían diversas normativas que instarían (por no obligar directamente) la vacunación: los artículos 19, N° 1 y 9 de la Constitución, que protegen la vida y la salud, la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por el estado chileno en 1990 reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud (artículo 24).
La trascendencia de observar la práctica en la cual se ha desenvuelto esta normativa es de categoría esencial para garantizar la protección de la institución del refugio, toda vez que la concurrencia de prácticas que no estén contempladas puede asegurar no solo el incumplimiento de normas nacionales sino de que de obligaciones internacionales del Estado de Chile.
Los últimos 40 años de nuestra república han significado un notable avance frente a los 160 previos sellados por sucesivos golpes militares que impidieron la consolidación del poder civil y de la democracia en nuestro país. Es un avance que debemos celebrar, pero sobre todo preservar. No debemos olvidar que nuestra propia Constitución en su artículo 169 dispone lo siguiente: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional”.
Una práctica común es el monitoreo o revisión de los sitios de Internet en los cuales ingresan los empleados, esto es, el control de sus hábitos de navegación. Y claro, se salva cualquier cuestionamiento jurídico si de manera previa ellos lo anticipan y explicitan en los Reglamentos Internos, que se entienden parte integrante de los contratos de trabajo.
Si tuviésemos que definir el libro «Ideas Centrales para la Nueva Constitución» en una sola oración, lo haríamos de la siguiente manera: una obra de divulgación científica destinada a proporcionar insumos a la ciudadanía para que participe activamente en las etapas que vienen dentro del proceso constituyente.
Importa destacar, además, que “Las anotaciones de esta clase caducarán a los dos meses de su fecha si no se convirtieren en inscripción” (arts. 15 y 67 Rcbr). Lo que es relevante cuando el Conservador devuelve el título sin inscribir para que se subsanen los defectos (art. 15 y 16 Rcbr).
En general, todas las iniciativas utilizan como fundamentación principal los efectos económicos y sociales provocados por las medidas sanitarias a raíz de la pandemia, sin perjuicio de agregar otras razones como las falencias del sistema previsional y las amenazas ante una eventual nacionalización, expropiación o confiscación de los fondos previsionales.
Está el llamado a no regirse por los acuerdos de 15 de noviembre de 2019. Dicha situación es inadmisible, ya que dicho acuerdo fue la base de la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente. Existe norma clara al respecto y ésta es la reforma constitucional que posibilitó la apertura de dicho proceso.
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; no obstante, debemos necesariamente tener en cuenta los efectos que eso trae consigo para todo el resto.
Sin sufragio efectivo desaparece la democracia. Por lo mismo, como función pública el sufragio debe ser obligatorio, tal como lo fue en toda nuestra historia republicana.
A partir de la identificación de algunos principios fundamentales del procedimiento administrativo previstos en las Leyes 19.880 y 21.180, y de denuncias, irregularidades y fallos judiciales de condena por violación o incumplimiento de dichos principios, se examinan los problemas que actualmente presenta el proceso de transformación digital en el Departamento de Extranjería y Migración en los procedimientos administrativos de entrega de visas a extranjeros residentes en Chile, y se plantea la urgente necesidad de que los mismos sean prontamente superados.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe resolver las 1090 solicitudes de nulidad presentadas, según lo dispuesto en el artículo 367 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (LOE). De esas 1090 solicitudes de nulidad, Fuerza Popular presentó 942 frente a las 148 formuladas por Perú Libre. Ahora bien, se conoce que apenas 270 (aproximadamente) de estas solicitudes fueron presentadas dentro del plazo previsto por lo que el 80% de las mismas será declarado improcedente por los Jurados Electorales Especiales (JEE).
La naturaleza de la Convención Constitucional es ejercer el poder constituyente originario pues su función es redactar una nueva Constitución, no así reformar la vigente. En consecuencia, la Convención Constitucional no se regula por la actual Constitución, no siendo ella su parámetro normativo.
