Entender que la restricción a la reelección popular de ciertos cargos públicos es per se contrario al derecho internacional de los derechos humanos, puede atentar gravemente contra otros bienes jurídicos que, legítimamente, encuentran asidero y deben ser resguardados en un régimen democrático y constitucional de derecho.

Es posible que se requiera de una nueva fisonomía institucional pero, que sea consecuencia necesaria de una nueva política pública sobre la materia y no de una cambio apenas cosmético.

La sociedad aboga por la libertad a ultranza, en un plano, pero acrecienta exponencialmente los mecanismos de control generales, en otro.

Sería importante retomar esta preocupación, ya que Chile sigue siendo uno de los pocos países de la región que no cuenta con Juzgados de Ejecución de Penas o de Garantías Penitenciarias.

No puede considerarse el carácter derogatorio, ni menos estimar que el concepto constitucional de conciencia no tiene un nomen iuris de la libertad de conciencia, sino que, nuestra Carta Fundamental, alude a la libertad ideológica y religiosa.

Cuando la Corte señala que al pretender el Banco endosarle al cliente la responsabilidad por el fraude cibernético conocido como phishing (obtención de datos por vía informática con el fin de defraudar al titular de los mismos), éste—el banco—comete un acto “arbitrario e ilegal”.

Uno de estos casos corresponde a la niña Daniela Vargas, quien fue enviada a un Centro del Sename en Castro, Chiloé, víctima de abusos sexuales, lo que no fue suficiente para su corta vida, sino que además se le discrimina, al no considerarla merecedora del privilegio de una donación de un órgano que le daría derecho a la vida.

Surge la interrogante sobre cuál es la naturaleza jurídica de los tweets publicados en las cuentas de Twitter de la Administración, y en específico si pueden ser considerados como actos administrativos, y en caso que de una respuesta negativa, si pueden tener con éstos alguna vinculación.

Mientras siguen las críticas y cruces de opinión entre los distintos intervinientes después de conocido el veredicto y la sentencia, lo cierto es, que hoy, ante un crimen tan grave lamentablemente pareciera haber impunidad, y la gran sensación que queda en la conciencia y percepción ciudadana, es que aparentemente vivimos en un país sin justicia.

Hemos ido transitando de una comprensión de la prisión preventiva como una medida excepcionalísima dentro del sistema, pasando por un espacio crítico donde se le ha reprochado su carácter de anticipación de pena.

No es un derecho fundamental general – la objeción de conciencia – con efectos liberatorios, para toda persona que lo invoque en cualquier situación, circunstancia que lleva a su delimitación en un sentido preciso y su alcance será relativo y nunca absoluto.

Me explico, la carga de la prueba la tiene el Estado. La persona se presume inocente, y es el Estado a través del Ministerio Público (no de los jueces) quien debe acreditar más allá de una duda razonable que al acusado le ha cabido participación en un delito como autor, cómplice o encubridor.

Esta sentencia constitucional tiene la importancia de dejar planteado un tema cuyo tratamiento en nuestro derecho es incipiente y seguramente impulsará mayores estudios y análisis de una materia tan fundamental como es la objeción de conciencia.

La sentencia de la Corte Suprema no obliga a los distribuidores mayoristas de telecomunicaciones subsidiar a los minoristas, sino que sólo les garantiza el acceso a las redes para participar en forma competitiva.