El itinerario del plan de desconfinamiento nada dice sobre el estado de excepción constitucional de catástrofe, por lo que resulta necesario recordar la provisionalidad o temporalidad de los regímenes de excepción
Esta nota es parte de un estudio sobre los derechos del contribuyente, donde habiéndose advertido, un importante movimiento normativo, tanto, incorporando artículos, como sancionando leyes, es interesante apreciar, desde una perspectiva constitucional convencional, estas disposiciones y analizar si son suficiente. Esta primera nota indica que una regulación legal es más acorde.
La incorporación de la rama del «derecho constitucional bioético internacional» constituirá una renovación inclusiva desde la bioética/bioseguridad que reúna a los países miembros de la ONU y de la OEA, posibilitando mejores resultados a los casos sobrevinientes. La creación de comités de bioética nacionales y en la OEA/ONU coadyuvará notoriamente.
El proyecto no agrega ni quita nada de lo dispuesto en el artículo 19 Nº18 que reconoce el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, para afirmar la validez de la disposición transitoria constitucional, se debe tener en consideración la regla general en materia de reforma constitucional y la práctica del Congreso Nacional.
En el caso de la pandemia que hoy vivimos las posibilidades de daño como consecuencias de la propagación de noticias falsas puede muy intenso. El gran riesgo es que cualquier falsedad que gane fuerza puede anular la importancia de un conjunto de hechos verdaderos.
Ciertamente una reforma constitucional, vía normas permanentes o transitorias, puede incidir en más de un capítulo de la CPR, en cuyo caso habrá que estarse al contenido o materia de la misma para determinar su quórum, y no al continente por el cual se expresa.
La reforma constitucional propuesta afecta directamente al derecho a la seguridad social y el derecho a la propiedad (19 nros. 18 y 24) de aquellos cotizantes que no están de acuerdo con esta modificación ni piensan utilizarla, pero que se verán inevitablemente afectados en la propiedad y valor de sus fondos.
Una ola de ira no contenida, incluso en países sin prácticas segregacionistas, se expandió por algunas semanas. Ha mermado, pero sigue latente.
Lo primero que hay que decir, es que un partido político no puede afectar la libertad de opinión de sus militantes por el solo hecho de tener un pensamiento distinto al de la colectividad.
El blindaje jurídico de la FEA se mueve en el contexto del Derecho Público, del orden público económico y de los contratos dirigidos, lo que significa que nada se modifica sino por ley, a pesar de que resulte novedoso, modernista o «refundacional» hacerlo.
Son beneficiarios al SIL todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado -dependientes o independientes- que se encuentren acogidos a algún sistema previsional. Sin embargo, existen varias diferencias entre un sector y otro en cuanto al tratamiento de las licencias.
Uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho, que se precie de tal, es la Independencia Judicial garantizada por la Constitución, que reconoce y garantiza el citado principio, pero también la forma como el ciudadano interpreta el accionar de los tribunales para la mantención del sistema democrático imperante.
Efectivamente la normativa constitucional parlamentaria actual, solo permite al Presidente de la República y al Congreso Nacional la iniciativa para presentar proyectos de ley a través de mensajes presidenciales y mociones parlamentarias, pero ello no ha sido impedimento para que la ciudadanía tenga un rol participativo en el proceso de formación de la ley.
Ahora sobrevivir se convierte en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Los propios ciudadanos, sin mayores cuestionamientos, le pedimos al Estado la mayor intervención posible en la esfera de nuestros derechos fundamentales. El Estado por su parte se debate entre el dilema de protegerlos y la mantención del sistema económico.
El máximo Tribunal se pronunció por primera vez sobre la materia y se alineó al criterio sostenido por la Contraloría General de la República (en lo sucesivo «CGR») desde su Dictamen Nº 27.945, de 2017. Lo anterior no es menor, ya que el ejercicio de esta prerrogativa está directamente vinculado a ciertos bienes jurídicos importantes dentro del procedimiento, como son el principio de contradictoriedad y el derecho a la defensa, garantías del debido proceso administrativo (CGR Dictamen Nº 4.473, de 2017).
