En recientes fallos pronunciados por nuestra Corte Suprema, es posible advertir la existencia del voto en contra del Ministro Señor Sergio Muñoz, para quien dicho plazo en la actualidad no sería obligatorio y, por tanto, exigible como requisito de admisibilidad de una acción de esta naturaleza.
El proyecto señala acertadamente: «No hay mayor tiranía que aquella que prolonga innecesariamente una larga y dolorosa agonía en razón de que el término de la vida del agonizante que sufre entre en contradicción con las concepciones personales de otro».
Es común que, cuando se denuncian los siniestros por robo del vehículo, las Aseguradoras, o más bien, los Liquidadores de Seguros, propongan no pagar, invocando el hecho que, el asegurado no cumplió con la obligación del artículo 524 N°4, del Código de Comercio.
Si quienes deben elaborar nuestras leyes no son todo lo sabios que deben ser y quienes los asesoran tampoco lo son, no podemos esperar nada bueno de este proyecto que se suma a los más de 30 que han tenido ese propósito: cambiar un sistema que funciona y a muy bajo costo para la ciudadanía.
Todos alegan inocencia y las atribuyen a persecuciones políticas inventadas por sus adversarios. Es la situación procesal que, sin excepciones, les afecta a quienes fueron Presidentes desde hace más de treinta años.
A pesar de las reformas legales de los últimos años, persisten problemas ambientales sistémicos y profundos, que debieran conducir a revisar las bases sobre las cuales se construye el derecho y la política ambiental en Chile.
Las interpretaciones inhabituales sobre cuestiones constitucionales en determinados momentos pueden ser necesarias, para preservar algunos de sus principios más característicos, me refiero en este caso, al Estado democrático de derecho, pero jamás para abrir un nuevo derecho humano a ser dictador.
Una forma concreta de decidirlo y que sea respetado por estos, es mediante instrucciones y órdenes de actuación o mediante el llamado testamento vital reconocido en algunas legislaciones, dentro de las cuales, lamentablemente, no se encuentra la nuestra.
La omisión del cumplimiento de obligaciones internacionales contenidas en tratados internacionales vigentes en Chile, es un ilícito configurado por la imperatividad de la norma jurídica ambiental nacional aplicadora de las internacionales ambientales a un órgano del Estado.
La violencia es un fenómeno complejo que se ha ido incrementando en las últimas décadas. Los niños y jóvenes se presentan no sólo como una población vulnerable frente a la violencia, sino también, por sus características, propensos a generar situaciones riesgosas, entre ellos, la violencia o hechos delictivos.
En Venezuela existe dos presidentes, dos Tribunales Supremos de Justicia y la oposición aún considera que con un nuevo Consejo Nacional Electoral, Maduro saldrá con la elección de un nuevo presidente.
Una vez aprobado su contenido integralmente, será posible que nos adentremos en todo cuanto contiene y analicemos, en relación con las circunstancias de hecho y de derecho, estén estas últimas vigentes o sea necesaria la creación y/o promulgación de las mismas, con el objeto de que sean efectivamente aplicables y generen un ambiente y estructura laboral que beneficie a toda la comunidad.
Ciertamente debemos esperar al mensaje para ahondar aún más en las intenciones de este órgano co-legislador para retroceder a una fórmula tildada por años de poco representativa.
La cosa juzgada no puede ser un obstáculo para el pleno y cabal cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a saber, «dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales».
No es una aseveración irresponsable, el afirmar que las disputas judiciales que orbitan en torno a los derechos que emanan de la filiación, que es lo que lo que en el fondo busca modificar, son trova permanente en nuestra sociedad.
