Mientras todo el mundo tiene conciencia que el Estado de Derecho está paralizado en la Araucanía, nuestro gobierno mira hacia el costado.

Comentarios a la Sentencia Rol 243-2016 Crimen dictada con fecha 3 de marzo de 2017 por la Ilustrísima Corte de Rancagua.

El contrariar interpretaciones y criterios oficiales coherentemente divulgados con anterioridad, en la medida de que se encuentren motivados, es perfectamente admisible en nuestro medio jurídico.

Sentencia pone a Argentina en un grupo de Estados que, con matices, han intentado limitar los alcances de la competencia de la Corte Interamericana.

A raíz del reciente desalojo por orden judicial de aproximadamente 20 migrantes de la comuna de Santiago, recalcamos la gravedad de la omisión de actuación de las autoridades locales y estatales, incumpliendo gravemente los estándares mínimos exigidos en materia de Derechos Humanos.

A nuestro juicio, la ignorancia de la obligación o de la exigibilidad de ésta constituye una eximente de responsabilidad.

Esta ley ha dado génesis a un nuevo mercado: Asesoramiento en programas de cumplimiento. Sin embargo, también ha traído una suerte de confusión, puesto que no toda la población comprende el verdadero sentido y alcance de esta norma.

Actualmente el país está inmerso en una “revolución constitucional”, en la cual se identifican múltiples opiniones y diversos pareceres acerca de la Carta vigente.

La politiquería es la degeneración de la política: el aprovechamiento egoísta del poder o de la posición pública para fines de su vanidad o empobrecimiento.

Se requieren dos reformas importantes: la primera, pensar en qué casos los fallos de la Corte Suprema deben tener efectos generales, para así no afectar la igualdad ante la ley; y la segunda, que todas las contiendas de competencias sean conocidas por el TC.

El calificativo de “tercera cámara” no hace sino confundir a la ciudadanía respecto del rol que le corresponde desempeñar legítimamente al Tribunal Constitucional.

Comentario a la STC de 13 de diciembre de 2016, Rol N° 2983-16.

No parece coherente que si a los funcionarios públicos se les aplica el mismo régimen de pensiones que al resto de los chilenos, salvo contadas excepciones, los uniformados tengan una regulación distinta.

No existe el “economicidio”, y por lo mismo debemos contrarrestarlo de manera activa y no pasiva, como casi siempre ocurre con Bolivia y su persistente campaña anti-chilena.

Se ha criticado que la norma sería inconstitucional porque vulneraría el derecho de propiedad al aplicar retroactivamente causales de extinción que no estaban previstas cuando ellos fueron constituidos.