¿Qué necesidad tenemos de que alguien administre los fondos (dinero) que provienen del patrimonio del trabajador? Y en esa dinámica, ¿qué sistema podemos aplicar al caso chileno?

A nivel interno de los EEUU, 37 Estados y unas 400 ciudades tienen regulaciones propias para impulsar las energías renovables y con metas de reducción de emisiones, por lo que la salida del Acuerdo de París podría no tener efectos tan adversos.

Podemos decir que en virtud de la solidaridad un acreedor puede cobrarle la integridad de la deuda a cualquiera de los deudores.

Un claro ejemplo de los problemas interpretativos en la calificación de servicios mínimos tiene lugar en los establecimientos educacionales particulares. No hay certeza si los colegios pueden recibir o no a los estudiantes en periodo de huelga, en su deber de custodia de los menores.

Sobre la necesidad de abandonar la opinión tradicional a la luz de la futura nueva ley de entrevistas videograbadas.

Entender que la restricción a la reelección popular de ciertos cargos públicos es per se contrario al derecho internacional de los derechos humanos, puede atentar gravemente contra otros bienes jurídicos que, legítimamente, encuentran asidero y deben ser resguardados en un régimen democrático y constitucional de derecho.

Es posible que se requiera de una nueva fisonomía institucional pero, que sea consecuencia necesaria de una nueva política pública sobre la materia y no de una cambio apenas cosmético.

La sociedad aboga por la libertad a ultranza, en un plano, pero acrecienta exponencialmente los mecanismos de control generales, en otro.

Sería importante retomar esta preocupación, ya que Chile sigue siendo uno de los pocos países de la región que no cuenta con Juzgados de Ejecución de Penas o de Garantías Penitenciarias.

No puede considerarse el carácter derogatorio, ni menos estimar que el concepto constitucional de conciencia no tiene un nomen iuris de la libertad de conciencia, sino que, nuestra Carta Fundamental, alude a la libertad ideológica y religiosa.

Cuando la Corte señala que al pretender el Banco endosarle al cliente la responsabilidad por el fraude cibernético conocido como phishing (obtención de datos por vía informática con el fin de defraudar al titular de los mismos), éste—el banco—comete un acto “arbitrario e ilegal”.

Uno de estos casos corresponde a la niña Daniela Vargas, quien fue enviada a un Centro del Sename en Castro, Chiloé, víctima de abusos sexuales, lo que no fue suficiente para su corta vida, sino que además se le discrimina, al no considerarla merecedora del privilegio de una donación de un órgano que le daría derecho a la vida.

Surge la interrogante sobre cuál es la naturaleza jurídica de los tweets publicados en las cuentas de Twitter de la Administración, y en específico si pueden ser considerados como actos administrativos, y en caso que de una respuesta negativa, si pueden tener con éstos alguna vinculación.

Mientras siguen las críticas y cruces de opinión entre los distintos intervinientes después de conocido el veredicto y la sentencia, lo cierto es, que hoy, ante un crimen tan grave lamentablemente pareciera haber impunidad, y la gran sensación que queda en la conciencia y percepción ciudadana, es que aparentemente vivimos en un país sin justicia.

Hemos ido transitando de una comprensión de la prisión preventiva como una medida excepcionalísima dentro del sistema, pasando por un espacio crítico donde se le ha reprochado su carácter de anticipación de pena.