El Estado de Catástrofe no se refiere expresamente a la salud pública, y con consecuencia de ello, carece de medidas especialmente previstas para enfrentar situaciones como las pandemias, lo que justifica la revisión futura de los Estados Excepcionales y de la normativa complementaria
Pese a la penalidad asociada a la norma, y la descripción de la conducta que reprocha, este tipo penal, como ocurre en la mayoría de los delitos, para que se configure, requiere de dolo como elemento de imputación, esto es el «conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo de la descripción de la norma» que como señala el artículo 316 del Código Penal sería «diseminar gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad».
Nuestro sistema jurídico debe reaccionar oportunamente. Primero, se debe retomar el debate constitucional, para reformular el rol subsidiario el Estado, garantizar nuevos derechos económicos sociales, y muy especialmente, definir nuevos límites al del derecho de propiedad.
No deja de sorprender que el petitorio del recurso solicite dejar sin efecto solamente el último dictamen de fecha 26 de marzo y se desentienda completamente de la doctrina anterior sostenida uniformemente desde hace años por la Dirección del Trabajo, lo que pudiera deberse en todo caso a una estrategia procesal para lograr la admisibilidad del recurso de protección.
La pandemia del Covid 19 nos está mostrando o, más bien, enrostrando que los recursos médicos no alcanzarán para todos y que, quizás, es hora de que aprendamos que la mejor medida para salir delante de esta catástrofe es haciéndolo juntos.
Hemos visto en estos días como muchas personas han salido a las calles a obtener el pago de su seguro de cesantía, el cual implica un subsidio inferior a la renta que percibian anteriormente, por lo que es muy probable que, en los meses siguientes, entren en un estado de cesación de pagos que los exponga al inicio de las acciones de cobranza por parte de sus acreedores.
Todo indica que propender a un nuevo modelo de audiencias orales en policía local, se verifica como llave indispensable al nuevo siglo. Incorporando instituciones, como el ya conocido modelo de doble audiencias (preparatoria y de juicio) y/o sencillamente innovando con la utilización de una audiencia única de carácter concentrado (cuestión que hemos podido observar en procedimientos laborales como familiares).
En Italia, se requirió una campaña para que los chinos dejaran de ser acosados. El odio es el motor de la discriminación racial y este odio es irracional o estructural en el 99% de los casos.
El aislamiento social y obligatorio decretado en algunas comunas del país ha puesto de relieve la importancia de internet y de las plataformas digitales.
Ni la más actualizada tecnología médica, ni los avances en la salud, acelerada en los últimos tiempos, alcanzan hoy a contrarrestar un virus rebelde, y en casos mortal, que nos mantiene incomunicados, como sola medida de contención, paliativa aunque no curativa.
La resistencia de algunos grupos religiosos, aunque en pequeños números, demuestra una desconexión con la gravedad del contexto que enfrenta el país y una falta de compasión por sus fieles, ya que los pone en peligro y aumenta el potencial de proliferación de la enfermedad.
Estimamos que la sentencia no aplica un criterio de hermenéutica adecuado que permita la vigencia armónica de ambos derechos, sino que derechamente, anula el derecho a la seguridad social por la vía de darle preeminencia al derecho de propiedad.
Urge en nuestra legislación, una norma sobre suspensión de plazos judiciales, y de prescripción extintiva de derechos, que opere de forma automática, cumpliéndose las circunstancias de hecho que permitan que dicha suspensión opere.
Hay algunos que hablan de cerrar ciudades, ahí yo tengo mis reparos, ya que una medida como esa afectaría derechos fundamentales, como por ejemplo, el libre desplazamiento de las personas.
Mis críticas al Dictamen 1286 / 006 emitido el 26 de marzo por la Dirección del Trabajo, pasan por no aplicar correctamente la institución del caso fortuito y fuerza mayor y por desatender los principios del Derecho del Trabajo.
