Aceptar una interpretación amplia de la renuncia, deja al descubierto un segundo problema, a saber, la legitimidad democrática de la actual regulación constitucional de la vacancia parlamentaria.
Una Constitución como pacto social, político, económico, ambiental y cultural, es un propósito que debe ser puesto en nuestra agenda, como una manera de fijar reglas que perduren por décadas.
Es claro que la especial relación de Puerto Rico con los EEUU significa ventajas para ambos países. Sin embargo, hay ciertas incongruencias que cada vez más, resultan difíciles de justificar.
Se ha insinuado últimamente que lo más importante es ir definiendo los contenidos de la nueva Constitución. Se olvida que este es el cometido principal de la asamblea constituyente y que la única intervención que corresponde a la Presidente y, eventualmente, al Congreso consiste en fijar las reglas orgánicas y procedimentales del proceso constituyente.
El punto clave aquí es si esta clase de conflictos deben ser resueltos a través de acciones y jueces administrativos o laborales. Para ello es esencial considerar lo que sostuvimos al comienzo: los funcionarios públicos son trabajadores (art. 1 CT). Ese es el eje del análisis.
En materia de régimen de gobierno resulta impensado proponer uno parlamentario o semipresidencial, sin contar previamente con partidos políticos propiamente tales: los existentes son meras cúpulas políticas para distribuir candidaturas y empleos públicos.
Sin desconocer que -en alguna medida- la materialización de inversiones pende de la estabilidad del sistema jurídico, estimamos que “estabilidad” no es sinónimo de “inmutabilidad”.
Todo hace pensar que, tal vez, sólo debiéramos concentrarnos en el Juicio de La Haya, sin buscar más alternativas, por muy bien intencionadas o sabias que sean otras voces, como las del Papa Francisco.
Pareciera ser que la trasparencia obedece más que a un principio, a una suerte de estándar normativo, el cual deriva del reconocimiento que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le ha dado al derecho fundamental implícito de acceso a la información pública.
Los funcionarios involucrados sean del ejecutivo o del legislativo, o cualquier otro funcionario que desempeña una función pública en casos de la naturaleza de los conocidos, a lo menos debiese suspender el ejercicio de su cargo.
¿Acogerán nuestros tribunales demandas indemnizatorias por responsabilidad contractual por infracción al deber de auxilio, graduando la culpa, aplicando presunción de culpabilidad, etcétera? Me parece muy dudoso.
A la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el jueves 2 y viernes 3 de julio en Paracas, asistirá brevemente la Presidenta, y no sostendrá reunión alguna con el anfitrión, el Presidente Humala.
Para responder dicha interrogante se debe descontaminar la argumentación de premisas erróneas, ya que “lo deseable” no se debe imponer a lo que el ordenamiento jurídico dispone.
Creo que algunos –desde luego no todos- con la defensa de la imposibilidad de renuncia de parlamentarios en medio de escándalos que colindan con la infracción al Derecho vigente, solamente aspiran a confundir a la ciudadanía expresando que no es posible dimitir del cargo porque la Constitución no lo permite.
Los bingos, rifas y sorteos por causas benéficas no son más que otro ejemplo de que la costumbre puede imperar mucho más de lo que quisieran los textos legales.
