En muchas ocasiones el vehículo asegurado ha sido comprado con un crédito automotriz. En estos casos, la entidad crediticia, para objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación, constituye una prenda sobre el vehículo. Surge la interrogante ¿A quién se paga la indemnización?
El Banco Central, que es nuestra autoridad monetaria, es una de nuestras instituciones -de las pocas- destacadas en cuanto al criterio técnico de su integración (mejorable por cierto), a la responsabilidad en su toma de decisiones, que redunda en una proyección de largo plazo de su política monetaria.
La discusión sobre el tipo de peligro exigido por el art. 318 del Código Penal parece un cuento de nunca acabar. No basta con interpretarlo como un delito de peligro abstracto o concreto, pues para la Corte Suprema se exige un peligro hipotético. La discusión es relevante para determinar qué conductas se pueden subsumir en el art. 318.
Problemática que se genera en la tramitación y aplicación de sanciones disciplinarias a los docentes que se desempeñan en el sector público.
Dentro de las 3.819 denominaciones religiosas creadas bajo el amparo de la Ley Culto 19.638 del año 1999, parte de estas se encontrarían sujeta a fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos –en lo que dice relación al tema patrimonial, el cual, da cuenta sobre una valorada resolución referente a la transparencia que debe existir en materia de cultos sobre el tema patrimonial de ingresos y egresos ligadas a ciertas entidades religiosas en Chile.
Un tema de fundamental relevancia fue totalmente ignorado por el TDLC- ningún ministro siquiera hizo mención del mismo-, cual es que, en ocasiones, en el escenario de plataformas digitales- las que comúnmente participan en mercados de dos o más lados-, la presencia de los usuarios a un lado de la plataforma genera externalidades de red positivas- es decir, mejoras indirectas en la calidad o servicio ofrecido, ya sea a los mismos o a otro grupo distinto de usuarios- que no necesariamente tienen que ver con los insumos aportados por la plataforma, sino más bien con el aumento de la red que esta es capaz de abastecer.
A pesar de reconocerse diferencias entre conceptos como la autodeterminación informativa y el derecho a la protección de datos personales, dada la difusión, aceptación y uso en Chile del concepto del derecho a la protección de datos personales –tanto a nivel constitucional como legal- se opta por usar esta denominación.
Muchas veces los bancos, según ha podido constatar esta parte, al revisar los contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing) que celebran los bancos, establecen una cláusula contractual, que no parece relevante en un primer análisis, consistente en que los bancos: “pueden hacer caducar la oferta de compra si incurre en la falta de cumplimiento o pago oportuno e íntegro de cualquier acto, contrato y obligación que el arrendatario haya suscrito o contraído con el banco”.
Ad portas de la construcción y escritura de una Nueva Constitución, es importante reflexionar sobre la regulación constitucional que se les otorgará a los recursos naturales y el sentido de la misma, por lo que un análisis de las raíces de la normativa actual y sus consecuencias, nos puede dar luces para una mejor gestión de este tipo de bienes a partir de la norma constitucional.
Más allá de las explicaciones que la prensa ha difundido, lo cierto es que desconocemos el test de ponderación que se implementó al interior del Gobierno para “desencializar” a una actividad que desde los orígenes del mundo –la antropología tiene mucho qué decir en esto– ha hecho a la humanidad lo que es.
Lo que ha hecho la Corte Suprema ha sido corregir la errónea interpretación del artículo 27 de la Convención Americana. La Corte de Apelaciones de Arica había entendido que los artículos 30 y 32.2 de la Convención permitían la “suspensión” del derecho de libertad religiosa.
Resulta necesario analizar, porqué estos altos representantes, insisten en referirse a asuntos vecinales ya resueltos. A pesar de no tener ninguna posibilidad de replantearse como controversias a Chile, y someterlas a nuevos procedimientos de solución pacífica.
A pocos días de enterar un año con estado de catástrofe vigente, la ausencia de reflexión crítica en torno a las amenazas que sufren las libertades religiosas en nuestro país, hace pertinente una breve revisión jurídica sobre la materia. Asimismo es probable que la falta de voces autorizadas que releven estos asuntos en el debate público, haya hecho pensar al gobierno que prohibir toda actividad de culto en fase 2 (transición) no acarrearía graves consecuencias.
Esta pandemia del COVID-19 también ha significado una oportunidad para repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y de incorporar las nuevas tecnologías a la educación.
Si bien, el Poder Ejecutivo no ejerció su facultad constitucional respecto de la iniciativa que permitió el primer retiro de los fondos de pensiones (ley 21.248), ello no valida la constitucionalidad del contenido de los proyectos posteriores, y por tanto, al Tribunal no le correspondía emitir pronunciamiento ni reproche de inconsecuencia alguno, pues se trata de una facultad propia del Presidente de la República.
