Hay no menos de unos doce instrumentos jurídicos que tipifican y condenan el terrorismo en sus múltiples formas, pero ninguno todavía que lo haga frente al representado por el islamismo radical.

Un nuevo Censo supone un doble desafío que pone a prueba la solidez de las instituciones del Estado (INE en el caso chileno), pero además permitirá acceder al dato duro de las cifras, que nos hablan del reflejo de una nueva estructura social.

El ataque de Estados Unidos a Siria acontecido merece algunas reflexiones sobre su calificación jurídica a la luz del Derecho internacional.

Convengamos en que la tramitación de sumarios administrativos, cualquiera sea su naturaleza, está sujeta a un formalismo extremo, por lo que es frecuente que la Administración incurra en diversos errores.

Mientras todo el mundo tiene conciencia que el Estado de Derecho está paralizado en la Araucanía, nuestro gobierno mira hacia el costado.

Comentarios a la Sentencia Rol 243-2016 Crimen dictada con fecha 3 de marzo de 2017 por la Ilustrísima Corte de Rancagua.

El contrariar interpretaciones y criterios oficiales coherentemente divulgados con anterioridad, en la medida de que se encuentren motivados, es perfectamente admisible en nuestro medio jurídico.

Sentencia pone a Argentina en un grupo de Estados que, con matices, han intentado limitar los alcances de la competencia de la Corte Interamericana.

A raíz del reciente desalojo por orden judicial de aproximadamente 20 migrantes de la comuna de Santiago, recalcamos la gravedad de la omisión de actuación de las autoridades locales y estatales, incumpliendo gravemente los estándares mínimos exigidos en materia de Derechos Humanos.

A nuestro juicio, la ignorancia de la obligación o de la exigibilidad de ésta constituye una eximente de responsabilidad.

Esta ley ha dado génesis a un nuevo mercado: Asesoramiento en programas de cumplimiento. Sin embargo, también ha traído una suerte de confusión, puesto que no toda la población comprende el verdadero sentido y alcance de esta norma.

Actualmente el país está inmerso en una “revolución constitucional”, en la cual se identifican múltiples opiniones y diversos pareceres acerca de la Carta vigente.

La politiquería es la degeneración de la política: el aprovechamiento egoísta del poder o de la posición pública para fines de su vanidad o empobrecimiento.

Se requieren dos reformas importantes: la primera, pensar en qué casos los fallos de la Corte Suprema deben tener efectos generales, para así no afectar la igualdad ante la ley; y la segunda, que todas las contiendas de competencias sean conocidas por el TC.

El calificativo de “tercera cámara” no hace sino confundir a la ciudadanía respecto del rol que le corresponde desempeñar legítimamente al Tribunal Constitucional.