Creo que el problema de afectos nos atañe a todos, y he ahí la razón por la cual quiero cambiar esta Constitución: sencillamente, nunca la amé. Por eso, por más que me entregue “a cuentagotas” (entiéndase, estas últimas sentencias sobre el sistema electoral y la ley de inclusión), quiero cambiarla por otra.
Son tan grandes las diferencias culturales e históricas entre los pueblos originarios de Bolivia y los de nuestro país, así como las diferencias de composición social entre ambos países, que cualquier intento de hacer comparaciones o de formular contrastes, resulta inoficioso.
Lo que no comparto o no termino de comprender de su proposición es que, en vez de esa mirada simplista, propugne una lectura de la Constitución “como un programa que define los principales bienes o intereses sociales que los poderes públicos deben implementar”.
El artículo 19 N° 21 inciso 2° es una garantía para los particulares, desde el momento en que se asegura que las empresas estatales, por regla generalísima, no gozarán de privilegios especiales y que competirán libremente, en igualdad de condiciones, con los particulares.
La interpretación del artículo 19 n° 1 de la Constitución que entiende el derecho a la vida como uno absolutamente indisponible oscurece ciertos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico.
Las opiniones vertidas por el abogado don Rodrigo Delaveau Swett en El Mercurio, en lugar de razones convincentes, delatan un conjunto de prejuicios infundados acerca de la Constitución democrática.
Veladamente la crítica de Correa se dirige tanto a aquellos que pretenden nuevos diseños constitucionales plagados de derechos, como a aquellos que “inflan” las garantías constitucionales para acorralar aún más a las mayorías y así obtener triunfos que consoliden lo que sería una agenda progresista.
Tenemos un nuevo ciclo de acusaciones y actos inamistosos contra Chile, de Perú y Bolivia (…) Situaciones demostrativas de una mayor belicosidad de estos vecinos, que deberíamos reconsiderar desde estas nuevas perspectivas
En lo relativo a la suspensión del derecho de sufragio por el hecho de hallarse la persona acusada por delitos, es notoria la tensión con lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos.
El error que veo en las lamentaciones de Letelier se extiende mucho más allá y amenaza, de la mano de una pléyade de neo constitucionalistas progresistas, con debilitar mucho más nuestra frágil democracia.
El análisis constitucional de las normas que pretenden modificar parte del sistema educacional chileno, entonces, no debe realizarse utilizando sólo una perspectiva limitativa. Ello representaría una visión tremendamente parcial y perjudicial.
La codicia, el deseo de ampliar el poder, de servir a los familiares o amigos son inherentes a la naturaleza humana.
En el caso de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, no pareciera razonable señalar que se trata de una discriminación de carácter arbitraria, por cuanto el criterio de selección es el mérito.
A mi juicio, es impresentable defender procedimientos y fundamentos deficientes, así como intentar limitar el acceso a la justicia ambiental de las Municipalidades, que por mandato de la ley, deben velar por el medio ambiente de sus respectivas jurisdicciones.
La señora Presidenta de la República, frente a una situación que no ha logrado resolver hasta ahora, debiera convocar al Consejo de Seguridad Nacional –que tiene por misión específica asesorarla en esta materia conforme al Art. 106 de la Constitución.
