Se ha propuesto el aplazamiento de las elecciones de abril como una manera de protección y paliativo de la pandemia o al incremento de los contagios, pero no hay evidencia de que en el mes de mayo la situación sanitaria sea mejor que hoy.
La Excma Corte Suprema de Chile, en su fallo de 25 de marzo de 2021, acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derehos Humanos, INDH, revocando el fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y señaló que «Toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”.
Como la ley entró en vigor el 5 de octubre de 1993 ‘ha usado’ es anterior a esa fecha. Así lo ha interpretado Conadi quien, sin aplicar ningún otro criterio, ha inscrito ‘inmuebles no indígenas’ como ‘tierras indígenas’, cuando el procedimiento de regularización fue empleado por un indígena.
Analizaremos en el presente artículo, si la prohibición contenida en el artículo 365 del Código Penal es conforme a los principios de igualdad y proporcionalidad.
Lamentablemente, hasta ahora hemos puesto el foco de atención en los recursos humanos y financieros relacionados con lo curativo y en la actividad hospitalaria para el salvataje de las personas graves contagiadas con el virus.
El juez natural es un elemento del debido proceso, por lo tanto, es un Derecho fundamental garantizado por el Sistema Interamericano y Europeo que engranan el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el mismo, constituye la garantía fundamental de protección al ser humano.
Podemos observar cómo se ha venido trazando un nuevo escenario de la libertad contractual, individual o colectiva, en el sector particular subvencionado a la sombra de carrera docente. Sin embargo, este sistema no es la única fuente normativa que limita la libertad de negociación de las partes.
La visión de la Iglesia Católica no es ni será agitar la incertidumbre, sino reducirla, otorgando importancia a las instituciones y organizaciones políticas que practican la verdad y justicia, debido a su incidencia en el condicionamiento de los comportamientos colectivos, que pasan a tener procesos de elección racional y limpios.
El lenguaje que se utilice en la redacción la Constitución debe ser claro e inclusivo, porque la ciudadanía debe entender lo que establece la norma más importante del ordenamiento jurídico nacional, y a su vez, debe ser un reflejo de la sociedad.
La manera errónea de desvincular al Administrador podría dar lugar a una situación bochornosa. En efecto, el condominio podría ser objeto de una acción judicial de cobro de honorarios, de indemnización de perjuicios o de nulidad del despido.
No existe en el sistema chileno de Derechos Fundamentales ningún dispositivo normativo que permita a las personas adoptar decisiones vitales relevantes y surtan efectos únicamente en su propia persona, pudiendo exigir del resto el respeto por tales decisiones, en tanto no atenten en contra de bienes objetivos – derechos de terceros, no meros intereses – o el ordenamiento constitucional.
Autores analizan en el presente artículo, si la resolución del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones que otorga o deniega una concesión o un permiso de telecomunicaciones, constituye el ejercicio de funciones jurisdiccionales o administrativas.
Al hablar de diversidad como un modelo de gestión, esta cobra especial importancia, siendo identificada como un modelo de organización más flexible y abierto que integra a las personas con sus diferencias en un ambiente de confianza y aceptación con la clara convicción de que al ser los equipos de trabajo diversos, son más dinámicos, creativos, innovadores y eficientes.
Se infiere que tanto los ciudadanos como los parlamentarios en actual ejercicio desconocieron u olvidaron los artículos 127, 128 y 129 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto esa normativa establece en forma clara el procedimiento que el Poder Ejecutivo y el parlamento deben emplear para cambiar o reformar nuestra Constitución.
Esta formalidad requiere de horas de trabajo extra que normalmente interrumpen el sueño de los colegas que destinan esas horas para completar los cánones formales, pero no sólo respecto de su propio trabajo, sino porque dichos aspectos son requeridos por los centros de publicación, tanto nacionales como internacionales.
