El terrorismo no sólo ha cobrado numerosas vidas en actos de barbarie –como el incendio del hogar y el asesinato de la familia Luchsinger– sino que también se ensaña con víctimas inocentes.

La Corte no tiene una facultad de imperio como la de los Tribunales de la República, y depende para el cumplimiento de sus fallos de la buena fe de las partes y los órganos políticos de la OEA.

La pertenencia o no pertenencia a una entidad religiosa, el diálogo o la separación de las entidades religiosas, son cuestiones propias de la libre voluntad de las personas y de sus asociaciones.

Un Tramp Presidente, por extraño que parezca, no es una hipótesis irreal, gracias a los electores obtenidos por el momento y habrá que seguirlo con atención, aunque se considere una rareza.

El peligro mayor en nuestras sociedades ya no está en el juez legalistal, sino más bien en el juez entusiasta y animoso que desea hacer justicia más allá de los mandatos legales o incluso contra la letra de dichas normas.

Sería conveniente subrayar que Chile reitera su actividad interpretativa como auténtica y orientada al cumplimiento de normas nacionales e internacionales..

Hace falta diseñar e implementar políticas públicas directamente focalizadas a asegurar el acceso y fiscalizar el cumplimiento de educación básica de calidad y a permitir ingresos familiares suficientes para la satisfacción de las necesidades fundamentales.

No podemos dejar de recordar un verdadero axioma: la autorregulación entregada a un órgano que posee facultades discrecionales no pasa de ser sino un mito jurídico más.

Cualquiera puede imaginar las funestas consecuencias que podría traer la insólita declaración de nulidad de la Ley de Pesca, la que arrastraría la invalidación de todas las concesiones, contratos y convenios internacionales celebrados durante su vigencia.

Si bajo el imperio de la Ley de Pesca se han consolidado situaciones o relaciones jurídicas o han surgido derechos adquiridos de buena fe, bien podría comprometerse la responsabilidad patrimonial del Estado.

Mi opinión es que resulta inconstitucional decretar orden de arresto por el no pago de una deuda por concepto de compensación económica.

La ciudadanía española ha dado su veredicto, por lo que será muy difícil que las alianzas para conformar gobierno, ignoren esta realidad y sus motivaciones más profundas.

Chile actualmente es una república con separación entre la Iglesia y el Estado, pero no es una república laica.

La regulación que actualmente nos ofrece el derecho administrativo en lo relativo a la función pública, adolece de una serie de aspectos críticos que es necesario mejorar,piénsese en los excesivos empleos a contrata con cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.

Todo indica, en suma, que quienes promueven una nueva Constitución deberían al menos reflexionar sobre su aproximación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.