Uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho, que se precie de tal, es la Independencia Judicial garantizada por la Constitución, que reconoce y garantiza el citado principio, pero también la forma como el ciudadano interpreta el accionar de los tribunales para la mantención del sistema democrático imperante.
Efectivamente la normativa constitucional parlamentaria actual, solo permite al Presidente de la República y al Congreso Nacional la iniciativa para presentar proyectos de ley a través de mensajes presidenciales y mociones parlamentarias, pero ello no ha sido impedimento para que la ciudadanía tenga un rol participativo en el proceso de formación de la ley.
Ahora sobrevivir se convierte en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Los propios ciudadanos, sin mayores cuestionamientos, le pedimos al Estado la mayor intervención posible en la esfera de nuestros derechos fundamentales. El Estado por su parte se debate entre el dilema de protegerlos y la mantención del sistema económico.
El máximo Tribunal se pronunció por primera vez sobre la materia y se alineó al criterio sostenido por la Contraloría General de la República (en lo sucesivo «CGR») desde su Dictamen Nº 27.945, de 2017. Lo anterior no es menor, ya que el ejercicio de esta prerrogativa está directamente vinculado a ciertos bienes jurídicos importantes dentro del procedimiento, como son el principio de contradictoriedad y el derecho a la defensa, garantías del debido proceso administrativo (CGR Dictamen Nº 4.473, de 2017).
Ahora será obligatorio el uso -genéricamente- «de plataformas electrónicas», y que los órganos de la Administración estarán obligados a disponerlas y usarlas adecuadamente para efectos de llevar expedientes electrónicos, las que deberán cumplir -es imperativo- con estándares de «seguridad», «interoperabilidad», «interconexión» y «ciberseguridad».
En el ámbito público, destaca su labor como asesor del Senado durante 18 años, y como Secretario de la Comisión de Constitución y Justicia de dicha cámara entre 1969 y 1972. A continuación, fue Ministro de Educación y de Justicia bajo el gobierno del ex Presidente Salvador Allende en 1972 y 1973.
Ahora la discusión en Chile ha ido más allá: no basta con conocer los rubros que la autoridad ha estimado esenciales, sino que también se ha vuelto necesario conocer los bienes que en detalle se ofrecen al mercado. Sólo así, se ha dicho, se podrá saber quiénes, bajo la pantalla de lo esencial, en realidad se están dedicando a lo no esencial.
Las propias relaciones internacionales, deberían estar menos aceleradas e intensas actualmente, dadas las urgencias de la salud. Tampoco es así, y prosiguen situaciones exteriores como si todo fuere normal, y algunos se han aprovechado de la emergencia, para consolidar posiciones y superar a otros.
La vulneración de principios que erigen una rama del Derecho se presenta como una puerta abierta a toda clase de incertezas jurídicas en donde por excepcionalísima que se constituye una situación, lo único que no debería verse vulnerado son los principios que la sustentan como tal.
Creemos, por ejemplo, que la corte debiera prever el aumento de causas en materia de consumidor, las que, probablemente, tomen mayor importancia en la vida jurídica.
La negativa de entregar a la comunidad científica datos de salud, desagregados y anonimizados, sobre la evolución del COVID-19, afecta la actividad científica y a la sociedad toda, que es la destinataria final de esta actividad.
Las dIP son una especie de dato personal que hace identificable a una persona pero sin que a ella le pertenezca en propiedad, constituyendo sólo un mero tenedor que la alquila durante el arriendo que ha suscrito y pagado con el ISP.
Demuestran claros excesos en la contención de ilícitos por policías locales y estatales, debido a que las reglamentaciones no están unificadas, y difieren en cada Estado, aun entre Condados, donde la dureza en los arrestos para impedir fugas, los producen. Sólo las agencias federales, actúan bajo una sola autoridad.
La entrada en vigor de la Ley que limita la responsabilidad de titulares y usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas (Ley 21.234 o Ley), entrega una nueva protección a los consumidores estableciendo un régimen de responsabilidad objetiva de los emisores o prestadores de dichos servicios y obligándolos a adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios a los usuarios.
Solo entre los meses de enero y mayo de 2019 en Venezuela hubo 50 personas asesinadas por los funcionarios del Estado en las manifestaciones, y las personas en diversos países que se autoproclaman defensores de los Derechos Humanos (DD. HH) abanderados en el caso Floyd guardaron silencio.
