Al margen del resultado del informe de Naciones Unidas, que la sola visita del comité sea un llamado de atención a la nación y a los actores políticos sobre la incapacidad para cumplir nuestras obligaciones y resguardar los derechos fundamentales de los más vulnerables.
No obstante su creciente importancia, las ordenanzas municipales no están sometidas al trámite de toma de razón (artículo 53 de la LOCM), sin perjuicio del control que corresponde efectuar a la Unidad de Control Municipal.
La entidad del incumplimiento de la prestación debida por el deudor, guarda relación con el hecho si esa inobservancia es total o parcial, significativa o, como se dice en foro, significativo o de «poca monta».
El derecho internacional no aporta aún ni un elemento que permita señalar que los estados están obligados jurídicamente al matrimonio igualitario.
La legislación chilena logra actualizarse en materia de tráfico de migrantes, siguiendo las directrices del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
Sentencia de fecha 27 de diciembre de 2017, Sociedad Agrícola El Tranque de Angostura Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente.
La piedra angular de este fallo, se encuentra en el Considerando Octavo, cuando el máximo Tribunal señala que la naturaleza de la Superintendencia del Medioambiente, es asimilable a un “guardián medioambiental”.
A fines de los años 70, Eduardo Soto Kloss – uno de los administrativistas de mayor influencia en los últimos 50 años – escribía un texto llamado “Derecho Administrativo Penal. Notas para el estudio de la potestad sancionadora de la Administración”. En él, sostenía básicamente que era contrario a todas nuestras constituciones la existencia de […]
Una sociedad que se rija por el imperio de la Ley, que encuentre en la justicia la legitimidad de su defensa pública, es una sociedad sana que podrá enfrentar cualquier amenaza de desmontaje democrático.
Sabiendo que apenas 13 Estados -en un mundo integrado por 207 Estados- cuentan con una Ley de matrimonio igualitario, nadie puede asegurar que ésta sea una auténtica “Institución” universal.
Esta ley, no entiende la realidad de los videojuegos en el Chile de hoy, se legisla por personas que en su mayoría no conocen la realidad de aquellos a los que está regulando.
Hay códigos que exigen que estos estados pasionales tengan lugar por estímulos tan poderosos como si se produjeran “naturalmente”. Así lo exige el caso chileno.
La sustitución de las indemnizaciones a una tarifa máxima, fijada por gravedad y no por daño, es, en esencia, una punición.
Ejercer el poder de manera clara, sin importar cuánto incide en las Grandes Potencias, ha constituido uno de sus pilares fundamentales de su política hacia el mundo.
¿Qué necesidad tenemos de que alguien administre los fondos (dinero) que provienen del patrimonio del trabajador? Y en esa dinámica, ¿qué sistema podemos aplicar al caso chileno?
