La existencia de una normativa local que prohíbe el trabajo de las hortaliceras mapuches en la ciudad de Temuco como justificación de este actuar, nos parece reñido con normas de derechos humanos, de carácter constitucional y que gozan de primacía.
Fue el primer oficial de la Marina chilena en recibirse de abogado. Tal hito quedó fechado en nuestra historia el 31 de julio de 1876, cuando tenía la edad de 28 años.
En Chile actualmente, no existe un reconocimiento normativo intencionado hacia los derechos sexuales y reproductivos dentro de la especialidad que merecen.
Si bien todas nuestras Constituciones han nacido en momentos de crisis y quiebres constitucionales, la experiencia comparada nos muestra que numerosos textos son reemplazados de manera pacífica, sin afectar el funcionamiento del Estado y a través de mecanismos institucionales vigentes, sin alterar su democracia.
Más allá de las discusiones teóricas, lo cierto es que la pena privativa de libertad ha alcanzado una justificación en el marco de los derechos humanos.
Queda de manifiesto que desde la teoría del derecho del Estado las Constituciones consisten en pactos de convivencia entre los ?diferentes y desiguales-, y su legitimidad no proviene de los votos, sino de las garantías de los derechos fundamentales.
El Mensaje no hace en ningún momento mención a la necesidad de asegurar o de proteger los salarios de los trabajadores haciendo caso omiso a dos de las tres solicitudes de la OIT: proteger la calidad de los empleos, es decir, los salarios, el acceso a protección social y -en especial- a los sectores más vulnerables de la población.
En el ejercicio de las relaciones laborales y en el desarrollo de cualquier trabajo se debe tener presente el denominado concepto de ciudadanía laboral o en la empresa, la cual dice relación con la condición inherente referente a la dignidad de las y los trabajadores en nuestro país.
Cabe concluir que el artículo 19, Nº 13, inciso segundo, de la CP no constituye, en los términos reseñados, un caso de reserva de Administración, reglamentaria o de reglamento, en tanto no se aprecia que, con entera independencia del contenido de la ley, ex constitutione se hubiese excluido en esta materia la intervención del legislador (con paralela reserva constitucional en favor de la Administración).
La honra no a sido definida por la Constitución Política de la República ni tampoco por la legislación, por lo que se ha señalado que es un concepto indeterminado y mutable.
Somos de aquellos que entendían que en el concepto de vida privada, para algunos sinónimo de privacidad e intimidad más no de confidencialidad , cabía subsumirse el tratamiento -terminología legal – o el procesamiento informático o computacional de datos personales o nominativos.
Tanto el art. 3°, como el art. 51°, ambos de la Ley N° 19.300, se refieren a la relación de causalidad o nexo causal, cuando usan la expresión «cause daño», para consagrar la exigencia de un vínculo causa-efecto entre la acción u omisión dañosa y la pérdida, deterioro o menoscabo significativo.
La sociedad chilena tenía un objetivo este 2020, el Plebiscito, y es menester adaptarlo también al actual contexto, mas no suprimirlo.
Si todos somos iguales, políticamente hablando, no puede torcerse ni violentarse la decisión de la mayoría añadiéndole elementos desestabilizadores como el «voto preferencial», la agregación de «escaños convencionales» a las legítimas candidaturas o la falsa y perniciosa idea de la «igualdad de género».
Pareciera ser que el Congreso Nacional y particularmente la Cámara de Diputados, no estaría comprendiendo su rol de «intérprete de la Constitucionalidad» de las iniciativas legislativas que efectúa a través de la declaración de inadmisibilidad, a la cual hace alusión tanto la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (19.918) y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
