Es así pues, que el sentido correcto que ha de tenerse de la dieta parlamentaria es la de establecer un límite claro y preciso que no es posible exorbitar a través de interpretaciones que traspasen dicha regulación normativa.

La probidad y transparencia son principios fundamentales para los funcionarios públicos y los ciudadanos. Su aplicación efectiva significará tener un Chile con menos corrupción y más justo para todos nuestros compatriotas.

La historia del país demuestra que cuando algún Presidente ha debido renunciar a su cargo (…) se han producido convulsiones y crisis institucionales que son muy difíciles de superar y ponen en riesgo el orden democrático y republicano del país. Nada de ello es deseable para el Chile de hoy.

Es posible deducir que en la denominada “Arista Soquimich”, resultaba evidente la inexistencia de un conflicto de constitucionalidad, pues era manifiesto que la acción carecía de “fundamento plausible”, y que, además, ésta pudiere prosperar.

No parece existir argumento razonable alguno para sustentar una aplicación restringida del Recurso de Amparo Económico, como lo ha venido realizando erróneamente nuestra jurisprudencia nacional, máxime, si dicho arbitrio procesal tiene por objeto tutelar un derecho humano básico.

Creo que el problema de afectos nos atañe a todos, y he ahí la razón por la cual quiero cambiar esta Constitución: sencillamente, nunca la amé. Por eso, por más que me entregue “a cuentagotas” (entiéndase, estas últimas sentencias sobre el sistema electoral y la ley de inclusión), quiero cambiarla por otra.

Son tan grandes las diferencias culturales e históricas entre los pueblos originarios de Bolivia y los de nuestro país, así como las diferencias de composición social entre ambos países, que cualquier intento de hacer comparaciones o de formular contrastes, resulta inoficioso.

Lo que no comparto o no termino de comprender de su proposición es que, en vez de esa mirada simplista, propugne una lectura de la Constitución “como un programa que define los principales bienes o intereses sociales que los poderes públicos deben implementar”.

El artículo 19 N° 21 inciso 2° es una garantía para los particulares, desde el momento en que se asegura que las empresas estatales, por regla generalísima, no gozarán de privilegios especiales y que competirán libremente, en igualdad de condiciones, con los particulares.

La interpretación del artículo 19 n° 1 de la Constitución que entiende el derecho a la vida como uno absolutamente indisponible oscurece ciertos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico.

Las opiniones vertidas por el abogado don Rodrigo Delaveau Swett en El Mercurio, en lugar de razones convincentes, delatan un conjunto de prejuicios infundados acerca de la Constitución democrática.

Veladamente la crítica de Correa se dirige tanto a aquellos que pretenden nuevos diseños constitucionales plagados de derechos, como a aquellos que “inflan” las garantías constitucionales para acorralar aún más a las mayorías y así obtener triunfos que consoliden lo que sería una agenda progresista.

Tenemos un nuevo ciclo de acusaciones y actos inamistosos contra Chile, de Perú y Bolivia (…) Situaciones demostrativas de una mayor belicosidad de estos vecinos, que deberíamos reconsiderar desde estas nuevas perspectivas

En lo relativo a la suspensión del derecho de sufragio por el hecho de hallarse la persona acusada por delitos, es notoria la tensión con lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos.

El error que veo en las lamentaciones de Letelier se extiende mucho más allá y amenaza, de la mano de una pléyade de neo constitucionalistas progresistas, con debilitar mucho más nuestra frágil democracia.