El año 2015 será recordado no sólo como el año de la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia la clase política chilena, sino también como el año de las grandes catástrofes y desastres naturales a lo largo del territorio nacional.
Deberemos examinar el objeto del juicio y analizar sus implicancias, una a una, en la Contramemoria chilena. Desmentir las afirmaciones históricas bolivianas, que la Corte acogió al no contar con las nuestras.
Resultaría enriquecedor entonces detenerse un momento en los argumentos que se dan en el actual debate del aborto y preguntarse si acaso con algunos de ellos no estaremos dejando en letra muerta algunos compromisos internacionales.
La técnica legislativa usada para resolver el problema es desafortunada y además el diseño mismo de la propuesta genera importantes objeciones en cuanto a su constitucionalidad.
La evidencia parece demostrar que la lucha contra estas conductas criminales puede darse de igual (o mejor) forma sin que exista una declaración constitucional sobre el terrorismo.
Las desventajas del control preventivo obligatorio, a mi juicio, superan sus ventajas porque la sola existencia de la atribución lleva al riesgo de producir un Gobierno de los Jueces.
El fallo de la Corte nos deja una sensación de desconcierto. Asegurábamos que la demanda boliviana no tenía fundamento. Ahora, el principal tribunal mundial, ha decidido que tiene competencia.
No es asunto del derecho internacional la forma en la que se incorpora a los diversos derechos nacionales, y menos aún la jerarquía que en el entramado normativo interno ocupa.
La falta de consagración expresa de este derecho nos ha llevado al error de considerarlo como un derecho garantizado por el derecho al debido proceso.
La nacionalidad es un derecho humano y un atributo de la personalidad. Como derecho humano, importa el deber correlativo del Estado de respetarla. En consecuencia, nadie puede desconocer la nacionalidad de una persona, ni despojarla arbitrariamente de ella.
Tiene sentido plantearse este cambio, particularmente en Chile. Recordemos que en nuestro país fueron los estudiantes secundarios quienes, el año 2006, pusieron sobre la mesa la discusión que terminó reemplazando la LOCE por la Ley General de Educación.
De aprobarse el proyecto, el derecho a la vida, protegido en el Artículo 19 Nº1 de la Constitución, se convertiría en el único derecho fundamental que puede ser afectado en su esencia impunemente.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica nos parece inviable que el Poder Constituyente derivado tenga facultades para avalar el reemplazo del ordenamiento superior cuya vigencia debe precisamente cautelar.
La Universidad de Chile al buscar una exclusión del ámbito subjetivo de control que ejerce el Consejo para la Transparencia sobre su actuar, no hizo más que devaluar la labor protectiva del Consejo.
Tal vez Evo quiere que Chile reaccione, se moleste y hasta entrabe, o simplemente no facilite, más allá de lo estrictamente acordado, el libre tránsito boliviano hacia los puertos del Pacífico.
