La interpretación del artículo 19 n° 1 de la Constitución que entiende el derecho a la vida como uno absolutamente indisponible oscurece ciertos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico.

Las opiniones vertidas por el abogado don Rodrigo Delaveau Swett en El Mercurio, en lugar de razones convincentes, delatan un conjunto de prejuicios infundados acerca de la Constitución democrática.

Veladamente la crítica de Correa se dirige tanto a aquellos que pretenden nuevos diseños constitucionales plagados de derechos, como a aquellos que “inflan” las garantías constitucionales para acorralar aún más a las mayorías y así obtener triunfos que consoliden lo que sería una agenda progresista.

Tenemos un nuevo ciclo de acusaciones y actos inamistosos contra Chile, de Perú y Bolivia (…) Situaciones demostrativas de una mayor belicosidad de estos vecinos, que deberíamos reconsiderar desde estas nuevas perspectivas

En lo relativo a la suspensión del derecho de sufragio por el hecho de hallarse la persona acusada por delitos, es notoria la tensión con lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos.

El error que veo en las lamentaciones de Letelier se extiende mucho más allá y amenaza, de la mano de una pléyade de neo constitucionalistas progresistas, con debilitar mucho más nuestra frágil democracia.

El análisis constitucional de las normas que pretenden modificar parte del sistema educacional chileno, entonces, no debe realizarse utilizando sólo una perspectiva limitativa. Ello representaría una visión tremendamente parcial y perjudicial.

La codicia, el deseo de ampliar el poder, de servir a los familiares o amigos son inherentes a la naturaleza humana.

En el caso de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, no pareciera razonable señalar que se trata de una discriminación de carácter arbitraria, por cuanto el criterio de selección es el mérito.

A mi juicio, es impresentable defender procedimientos y fundamentos deficientes, así como intentar limitar el acceso a la justicia ambiental de las Municipalidades, que por mandato de la ley, deben velar por el medio ambiente de sus respectivas jurisdicciones.

La señora Presidenta de la República, frente a una situación que no ha logrado resolver hasta ahora, debiera convocar al Consejo de Seguridad Nacional –que tiene por misión específica asesorarla en esta materia conforme al Art. 106 de la Constitución.

Si hay concurrencia de una festividad religiosa y un feriado civil (estatal nacional o estatal regional o municipal) es emplear la vía pacticia, esto es, hacerlo por mutuo acuerdo. Ello se traduce en actos administrativos y legales y por otra parte en actos canónicos o internos de las iglesias.

Los enemigos de la libertad sindical deben estar felices y tranquilos con este proyecto. El gobierno está a punto de darle un tiro de gracia al ya débil sindicalismo chileno.

No habiendo norma que lo prohíba, y si disposiciones expresas que contemplen libertades y deberes que cumplir, resulta difícil sostener desde el punto de vista constitucional la existencia de una prohibición para renunciar a cargos parlamentarios.

Todas las reformas constitucionales votadas sin la participación del pueblo –único depositario auténtico del poder constituyente– adolecen de idéntica ilegitimidad. Somos ciudadanos de un pueblo castrado del primer atributo de la soberanía: el de decidir nosotros mismos lo que queremos ser.