Si bien, los estados de excepción constitucional pueden resultar coherentes con la lógica de la democracia, en aquellos casos en que se decide hacer uso de ellos, el Estado más que nunca debe tomar todos los resguardos y providencias que sean necesarios para impedir el atropello a los derechos de las personas por parte de sus agentes.
¿Cuáles son los estándares necesarios que justifican la limitación de Derechos Fundamentales a través de un Estado de Excepción? Y, en el caso de que sea justificado, ¿cuáles son los límites a las actuaciones discrecionales de los poderes públicos en los períodos de emergencia extraordinaria?
De acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional es indubitable que corresponde al TC de manera exclusiva el control de constitucionalidad de las leyes y decidir si un precepto legal determinado entra en contradicción con la Constitución, para eventualmente declarar su inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
La sentencia, la transacción o avenimiento aprobado judicialmente tienen mérito ejecutivo. El artículo 12 de la Ley número 14.908 establece un procedimiento sumarísimo de ejecución forzada, en el que sólo es admisible la excepción de pago.
Lo que sí queda en evidencia, como intentaré presentar en este breve artículo, es una cierta coincidencia de atribuciones constitucionales que no deja claro quién tiene la última palabra en Chile respecto a la interpretación de una parte nuclear de la Carta Fundamental: el capítulo tercero, «de los derechos y deberes constitucionales».
Lamentablemente, la sentencia dictada con fecha 25 de septiembre recién pasado en causa Rol N°14.927-2018 por la primera sala de la Corte Suprema viene, nuevamente, a establecer un grado de incertidumbre acera de si las denominadas sociedades de inversión pasiva se encuentran afectas al pago de patente municipal.
Pero, ¿había que modificar la OGUC? Pienso que no era necesario, pues la regla general se encontraba contenida en una ley especial, la 19.880 sobre procedimientos administrativos.
El choque entre ambos poderes públicos ha sido «frontal» en lo mediático, pero «por alcance» en lo formal, ya que desde el punto de vista jurídico no desestimó la sentencia que el TC pronunció respecto de la controversia que sometió a su conocimiento.
Destaca el creciente número de casos de empresas constructoras que han debido paralizar la ejecución de las obras, lo que ha provocado que los Servicios de Salud se hayan visto obligados a iniciar procedimientos de término anticipado de contratos (TAC) de forma unilateral.
No deja de ser una sorpresa que, sin mediar reforma constitucional alguna, la Corte Suprema intente incursionar ahora en la revisión de las sentencias de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, de una forma tal que, en la práctica, implicaría entregar la última palabra en esta materia al propio Tribunal Supremo.
Hasta la fecha, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no cuenta con un Convenio sobre la automatización del trabajo.
No es posible para cualquier líder mundial, ignorar que el clima planetario se ha trastocado visiblemente, y tal vez, de manera definitiva con riesgos cada vez mayores si no se adoptan, de verdad, medidas de contención o de recuperación, efectivas, de mediano y largo plazo.
La libertad religiosa no sólo supone el derecho a manifestar las creencias religiosas, sino que también el deber de respetarlas, sin lo cual el derecho a manifestarlas se transformaría en algo inútil e ilusorio.
Sin perjuicio de encontrarse reconocida la posibilidad de que las entidades crediticias procedan a la cobranza extrajudicial de sus créditos, ya sea por si mismas o por terceros contratados por ellas, no puede procederse a un ejercicio abusivo de la misma.
Si las FFAA sólo pudieran hacer lo que las mandata el artículo 101 de la Constitución, como algunos parecen sugerir, muchas actividades serían inconstitucionales y recibirían la reprobación, al menos, del órgano contralor.
