Los informes psicosociales, tal cual como hoy día son concebidos, no constituyen elementos confiable para la toma de decisiones y pensar de los hechos tristes y dolorosos que han sido provocados por personas privadas de libertad bajo el tulelaje de la libertad condicional, no resulta sensato pensar que se deba dar más credibilidad a artefactos técnicos que adolecen de los mínimos estándares metodológicos.
El poder disciplinario del empleador no es un poder absoluto ya que tiene límites, restricciones y requisitos y no está por encima de ningún ordenamiento jurídico.
El sistema actual, que podemos denominar mixto, tal como ocurre en el Poder Judicial, con intervención de dos entes (Corte de Apelaciones y Municipalidad), no existe claridad en cuanto a los requisitos para ser juez, más que la norma del artículo 3 del Decreto 307 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro 15.231, que exige ser abogado (el resto inaplicable en la especie).
En Chile, los impuestos solo se pueden establecer a través de un proyecto de ley, mensaje, impulsado únicamente desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, su tramitación debe iniciarse en la cámara de Diputados para luego concluir en el Senado como cámara revisora.
Es necesario entender que el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la identidad cultural, y como ha dicho la Corte IDH, constituye un presupuesto de nuestros sistemas democráticos, más allá de la resolución sobre su vigencia en un caso en particular, porque su alcance colectivo incide en la propia convivencia y estabilidad democrática.
Las clases on line exponen con mayor frecuencia a los profesores al uso no autorizado de su producción intelectual así como de su imagen, por ello resulta conveniente considerar cuáles son los derechos y las posibilidades de protección con que hoy se cuenta.
Sin duda, que la presentación y aprobación mociones inconstitucionales y el desprecio a las reglas constitucionales del juego en el Poder Legislativo chileno, se ha tomado la agenda política y dogmática parlamentaria en el presente año.
El desarrollo de la sociedad y la creciente digitalización de la vida laboral han puesto en evidencia la importancia del rol del Estado en la Transformación Digital de la sociedad. El Estado no está ajeno a dicho fenómeno y en el contexto actual de implementación de la ley 21.180 de Transformación Digital del Estado se requiere contar con estándares robustos y actualizados para proteger la información y derechos de las personas, se evidencia entonces la necesidad de actualizar la norma de seguridad del estado que data del año 2005.
El caso de «La manada» puso en el tapete la necesidad de revisar nuestros umbrales normativos a la hora de enfrentar estos delitos, en especial de la valoración efectuada por los jueces para alcanzar una convicción que permita superar la presunción de inocencia.
Para el debate en curso, la determinación de si los datos de nombre, rut y domicilio deben ser parte de la esfera pública o de la esfera privada de una persona es un debate de fondo, que se sigue eludiendo junto a otros como el tratamiento de los datos sobre mora e insolvencia.
En el contexto del Covid 19 la situación económica y social de los migrantes en Chile, se ha visto seriamente afectada ya que las mismas limitaciones que han sufrido los nacionales con la cuarentena, como ha sido la pérdida de empleos, el empobrecimiento, y el estrés, lo han padecido los migrantes en un grado mayor a causa de su vulnerabilidad.
La aplicación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos a través de la aplicación de los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes por los Tribunales de Justicia ha sido un cambio de paradigma. Ello ha quedado demostrado con la consideración de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, conocida como la Convención de Belem do Pará, logrando modificar criterios de interpretación de la normativa de rango legal, y, consecuencia de ello, revocar una sentencia.
La realidad en el presente escenario demuestra una conducta permisiva y la falta de carácter y compromiso con la región por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe, quienes ven en el ofrecimiento chino una oportunidad que hay que agradecer y no, una responsabilidad que hay que exigirles ante los hechos concretos.
En Chile esta singularísima forma de actuación de la Administración, lamentablemente, no está expresamente reconocida ni regulada por la Legislación (ni aun la Ley Nº 21.180, sobre Tranformación Digital del Estado, cuya vigencia está diferida, la aborda), no obstante ser ello muy necesario atendido el hecho que a través de ella se puede encauzar nada más ni nada menos que el ejercicio de potestades públicas que como tales podrían incidir en derechos de las personas.
No creo que exista otro profesional más en tela de juicio que los médicos, cualquier decisión que se tome al respecto por el profesional podría dar origen a una responsabilidad del mismo, en la eventualidad de cumplirse con los parámetros legales para configurarse esta responsabilidad.
