De la mera definición esbozada, resulta evidente que la educación no es un acto entre iguales, al menos en relación con los conocimientos que se transmiten. Si ambos fueran iguales sobre ese punto, el acto carecería de total sentido.
Como certeramente relata García Amado (en un trabajo publicado en el Anuario de Filosofía del Derecho XIV) el Movimiento del Derecho Libre fue acusado de querer disolver el principio de legalidad, de propugnar un incontrolado activismo judicial y de bregar por el desvanecimiento de la seguridad jurídica.
Con el tiempo –mejor dicho con el desarrollo del mercado-, la Editorial fue perdiendo protagonismo y presencia, con el aparejado déficit financiero que ello necesariamente conlleva en una economía libre y competitiva. Hoy en día –como hemos podido apreciar- la misma existencia de la Editorial se encuentra cuestionada. Y es bueno que lo esté, y que prontamente deje de existir.
Luego de pasadas algunas semanas desde que el Senado declarara culpable al ex Ministro Beyer, por haber infringido y haber dejado sin ejecución las leyes que prohibían el lucro en la educación superior, vale la pena comentar el punto en que queda la acusación constitucional como institución, ello, después de una serie de afirmaciones complejas […]
Primer aspecto: ¿Cómo y por qué motivo el principio del debido proceso, en toda su proyección y alcances no se encuentra recogido de manera adecuada por nuestra Constitución?Segundo aspecto: ¿Son o pueden ser en la actualidad, nuestros jueces chilenos, bajo las condiciones legales que regulan el Poder Judicial, verdaderamente imparciales en sus conductas jurisdiccionales?…Tercer aspecto: […]
Resumen: La falta de una imparcialidad absoluta en los Jueces llamados a dirimir un conflicto sometido a su conocimiento jurisdiccional, importa una severa infracción a los principios del debido proceso.
El debido proceso es un derecho humano de la más alta categoría y, como tal, es una garantía constitucional establecida para todas las personas.
La magistratura que atropella dicha garantía observando o permitiendo observar una conducta jurisdiccional parcial -aún cuando ella se excuse sosteniendo que se trata de investigar y sancionar posibles delitos de lesa humanidad u otra figuras que importen lesión grave a bienes jurídicos de importancia innegable- al actuar de ese modo, con falta de imparcialidad, no son jueces sino verdugos de una venganza que tiene por escondido propósito aplicar la vieja ley del talión.
Todo el estado de derecho chileno reposa, en cuanto a la aplicación de sus leyes, en un Poder Judicial que actúe siempre, sin ofrecer dudas, conforme a las normas más esenciales del debido proceso. Desvanecido o desdibujado este principio rector, toda idea de justicia queda reducida a una expresión mínima o nula, en la cual solo puede sobrevivir, a duras penas, la apariencia hipócrita y formal de una justicia aparente pero no real.
[2] En el debate es posible detectar otras también, pero las que más se repiten son esas.[4]L. Ferrajoli, “Pasado y Futuro del Estado de Derecho”, en Estado de Derecho: conceptos, fundamentos y democratización en América Latina, (Miguel Carbonell Coord.) Pág. 203[6]En palabras de Jorge Contesse: “la Constitución como una práctica en que los pueblos se […]
Si bien han surgido voces a favor de la iniciativa, que nacen a partir de manifestaciones de la sociedad civil y que han sido acogidas por representantes del poder legislativo [1], ésta también ha sido fuertemente criticada en los medios sociales por quienes esgrimen “argumentos dogmáticos” [2] En lo medular, dichas críticas apuntan a que […]
No hay por ahora un pleito propiamente tal. Dependerá si Chile reconoce tal competencia para este caso. Culmina así, por primera vez ante la Corte, un anunciado proceso, entre tantos intentos bolivianos de materializar su aspiración marítima, desde el Tratado de Límites de 1904.
