El punto clave aquí es si esta clase de conflictos deben ser resueltos a través de acciones y jueces administrativos o laborales. Para ello es esencial considerar lo que sostuvimos al comienzo: los funcionarios públicos son trabajadores (art. 1 CT). Ese es el eje del análisis.
En materia de régimen de gobierno resulta impensado proponer uno parlamentario o semipresidencial, sin contar previamente con partidos políticos propiamente tales: los existentes son meras cúpulas políticas para distribuir candidaturas y empleos públicos.
Sin desconocer que -en alguna medida- la materialización de inversiones pende de la estabilidad del sistema jurídico, estimamos que “estabilidad” no es sinónimo de “inmutabilidad”.
Todo hace pensar que, tal vez, sólo debiéramos concentrarnos en el Juicio de La Haya, sin buscar más alternativas, por muy bien intencionadas o sabias que sean otras voces, como las del Papa Francisco.
Pareciera ser que la trasparencia obedece más que a un principio, a una suerte de estándar normativo, el cual deriva del reconocimiento que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le ha dado al derecho fundamental implícito de acceso a la información pública.
Los funcionarios involucrados sean del ejecutivo o del legislativo, o cualquier otro funcionario que desempeña una función pública en casos de la naturaleza de los conocidos, a lo menos debiese suspender el ejercicio de su cargo.
¿Acogerán nuestros tribunales demandas indemnizatorias por responsabilidad contractual por infracción al deber de auxilio, graduando la culpa, aplicando presunción de culpabilidad, etcétera? Me parece muy dudoso.
A la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el jueves 2 y viernes 3 de julio en Paracas, asistirá brevemente la Presidenta, y no sostendrá reunión alguna con el anfitrión, el Presidente Humala.
Para responder dicha interrogante se debe descontaminar la argumentación de premisas erróneas, ya que “lo deseable” no se debe imponer a lo que el ordenamiento jurídico dispone.
Creo que algunos –desde luego no todos- con la defensa de la imposibilidad de renuncia de parlamentarios en medio de escándalos que colindan con la infracción al Derecho vigente, solamente aspiran a confundir a la ciudadanía expresando que no es posible dimitir del cargo porque la Constitución no lo permite.
Los bingos, rifas y sorteos por causas benéficas no son más que otro ejemplo de que la costumbre puede imperar mucho más de lo que quisieran los textos legales.
No cabe duda que necesitamos una carta fundamental que nos proyecte por décadas, con un amplio consenso social y político, como un acto de confianza entre nuestra comunidad y que ella represente una genuina “Casa de Todos”, donde cada uno de nosotros podamos sentirla como propia.
A propósito del coloquio que organizara el Diario Constitucional y la Universidad Mayor, quedó planteada la interrogante ¿por qué Tutela y no Recurso de Protección?
Para nuestro Tribunal, el camino iniciado es sin retorno. Nos referimos al camino de hacer de nuestra institución un espacio de servicio a la comunidad, constantemente preocupado por entregar justicia especializada ecuánime y del más alto estándar técnico a todos los habitantes de la zona Sur austral de Chile.
El reciente viaje presidencial a Europa, no ha sido dimensionado adecuadamente en Chile ni resaltado por la prensa, la que preferentemente ha difundido sus aspectos accesorios.
