Con respecto a la curiosa imputación de ser el T.C. un órgano «contramayoritario», esta expresión resulta absurda. Ella significa ir contra la mayoría; y el T.C. es designado por dos órganos que representan a la mayoría -el P. de la R. y el Congreso- y por un tercero ajeno al juego de mayorías y minorías.
Debemos consensuar que si bien nos debe preocupar el nombramiento de nuevos notarios y conservadores, el tema pasa por dedicar nuestros esfuerzos a mejorar el sistema, en pos de una más sana administración pública y, en definitiva, de una mejor calidad de vida de nosotros mismos.
Estimo que no es admisible que los órganos de la Administración bloqueen en Redes Sociales a otros usuarios, ni aun si dicho bloqueo obedece a que el usuario bloqueado se dirigió a ellos, por esa misma vía, en términos groseros y/o violentos (conducta habitualmente conocida como «trolear» o «troleo»).
Debemos dejar claro que el argumento más potente de la defensa chilena es el Tratado de 1904, válidamente celebrado entre ambos países y con plena vigencia.
Las últimas generaciones de Presidentes no sólo buscan poder, y ojalá permanente, sino que también enriquecerse de manera rápida, no importando cómo. Así la permanencia en el poder se transforma en la cláusula de seguridad para no ser descubiertos y encarcelados.
Las técnicas de reproducción asistida pueden dificultar la identificación del padre y de la madre y afectar la identidad del hijo y consecuencialmente vulnerar el derecho a saber quién es su padre y su madre.
Frente a las últimas denuncias de violencia y abusos sicológicos de cuidadores en Centros de Menores la pregunta sería cuánta responsabilidad nos corresponde como adultos en la enseñanza de la violencia y maltrato hacia el otro.
Uno de los diputados más cuestionados es Raúl Florcita Alarcón, quien necesitó cuatro elecciones y el cambio de sistema para ganar su cupo. Él, hace unos días, comentaba lo siguiente: «No me voy a capacitar mucho en cosas que no entiendo».
El fallo de la Corte, en el caso de la demanda de Perú contra Chile, fortaleció la posición de aquellos que sostienen que Chile debe denunciar el Pacto de Bogotá. Sin él, argumentan, no se habría producido la demanda de Perú y tampoco, agregan, la acción de Bolivia contra Chile.
sin perjuicio del énfasis que se le atribuye a la Constitución de 1980 en orden a privilegiar un Estado subsidiario, ello no es óbice para configurar un deber de garante del Estado en materia de derechos sociales.
El funcionario público contratado honorarios, es uno de los trabajadores más desprotegidos de la legislación chilena, pues, no hay discusión que, en los hechos, se trata de trabajadores que prestan sus servicios personales bajo vínculo y subordinación de un empleador, pero con un «contrato a honorario» que encubre un contrato de trabajo.
No deja de preocuparme el predominante rol que está empezando a tener la Subsecretaría de Derechos Humanos del cuestionado Ministerio de Justicia, que cuenta con facultades que deberían ser propias de un organismo independiente de Derechos Humanos como es el INDH.
En Chile, no hay un catálogo de delitos contra los derechos de los trabajadores. No hay una regulación organizada en un título que trate delitos cometidos en su contra.
No parece posible estimar que la Presidenta fue víctima de una deslealtad o insubordinación de un Ministro y que por ello ella no pudo cerrar el penal, como lo había prometido.
El reglamento de concesiones marítimas perfecciona una serie de aspectos técnicos y reduce lo más posible la documentación necesaria para iniciar las solicitudes, pero sin perder la capacidad de control y supervigilancia del borde costero.
