Creo sinceramente que aún no nos hemos detenido a reflexionar con profundidad en torno a este trascendental asunto, omisión que, a mi parecer, a lo largo de toda nuestra historia republicana, ha generado un verdadero “vacío existencial”.
La obligación de proteger supone una disposición proactiva: adoptar políticas que aseguren que entes gubernamentales, empresas o particulares no priven a personas o grupos de personas del acceso a los recursos y los alimentos.
Con la muerte de Duvalier se abren nuevas interrogantes sobre el futuro de la nación caribeña. Desde luego, el regreso del duvalierismo es una amenaza latente en un país en el que la intervención de las Naciones Unidas poco o nada ha significado en estabilidad institucional y desarrollo económico y social.
No es ningún misterio que los tipos penales de usurpación de aguas contenidos en los arts. 457 y siguientes del Código Penal, generan actualmente serias dificultades prácticas para ser invocados.
La mejora del prestigio ciudadano del Congreso Nacional –institución clave de nuestra República– no se resuelve con la propuesta de suprimir el Senado, medida que parece ser un tanto apresurada y populista.
Hoy más que nunca se requiere un gobierno firme y una Presidenta en primera línea, urge mejorar los canales de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía, así como entre gobierno y oposición.
Es de esperar que este instrumento, junto a otras modalidades de organización y colaboración entre colegas, sirva para que los abogados litigantes puedan también hacer uso del merecido descanso anual.
Como país debemos ser responsables, y tal como se exige respeto a los tratados suscritos, con la misma fuerza y energía debemos cumplir por nuestra parte con aquellos.
Pese a lo indispensable de esta reforma para la calidad de nuestra democracia, ésta no debe realizarse a espaldas de la ciudadanía.
En estos días, los disturbios y la reacción de las fuerzas policiales han puesto en evidencia que más allá de las buenas intenciones, el sentimiento racista y la discriminación están profundamente arraigados en Estados Unidos.
El fallo de marras, poco o nada dice (más bien lo da por supuesto: sin acudir a pruebas y aludiendo a sentencias pretéritas) de la manera en que esos actos afectan los derechos cuya protección es solicitada por los recurrentes.
Aquellos que aún pretenden jugar aquel juego de niños en que la mayoría manda, y no maduran de acuerdo a la propia madurez institucional y grandeza de Chile, no vislumbran en que por medio de los grandes acuerdos se logra el desarrollo que permite disminuir la pobreza y desigualdad de oportunidades.
Permitirle al Estado disminuir las garantías constitucionales y procesales de lo que él clasifique de terroristas, es una estrategia peligrosa por parte de la sociedad.
Durante los últimos años, hemos presenciado un notable esfuerzo legislativo tendiente a crear Tribunales Contencioso Administrativos, estructurando dicha orgánica bajo el principio de la especialidad conforme a la materia.
Como en todo juicio se corren riesgos, de ganarlo, perderlo, o situaciones intermedias. Pero hay que precisar, no habrá decisión alguna sobre el fondo, por sobre el aprovechamiento comunicacional.
