Tanto el art. 3°, como el art. 51°, ambos de la Ley N° 19.300, se refieren a la relación de causalidad o nexo causal, cuando usan la expresión «cause daño», para consagrar la exigencia de un vínculo causa-efecto entre la acción u omisión dañosa y la pérdida, deterioro o menoscabo significativo.
La sociedad chilena tenía un objetivo este 2020, el Plebiscito, y es menester adaptarlo también al actual contexto, mas no suprimirlo.
Si todos somos iguales, políticamente hablando, no puede torcerse ni violentarse la decisión de la mayoría añadiéndole elementos desestabilizadores como el «voto preferencial», la agregación de «escaños convencionales» a las legítimas candidaturas o la falsa y perniciosa idea de la «igualdad de género».
Pareciera ser que el Congreso Nacional y particularmente la Cámara de Diputados, no estaría comprendiendo su rol de «intérprete de la Constitucionalidad» de las iniciativas legislativas que efectúa a través de la declaración de inadmisibilidad, a la cual hace alusión tanto la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (19.918) y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Solo la autoridad competente a través de una sentencia penal con autoridad de cosa juzgada puede destruir la presunción de inocencia. «Y nadie más», «ni siquiera el presidente de un Estado». Empero, durante la sustanciación del proceso, el imputado o acusado debe de ser tratado como inocente «guste o no».
Nuestro Código Civil permite que en determinadas y calificadas circunstancias, el testador pueda omitir las formalidades de un acto eminentemente solemne como lo es un testamento.
Con la situación sanitaria generada por el COVID-19, existe la necesidad urgente de una educación de los espacios y de la comunicación del cuerpo, en este caso el saludo sin contacto.
La democracia debe incluir a todos los actores que representen las diversas posturas en la sociedad. Hoy vemos una cantidad importante de legisladores cuyo respaldo ciudadano se ha legitimado a partir de su rol como dirigentes sociales, lo cual es positivo para la representación de las diversas posiciones que existen en nuestra sociedad. Aquí, radica precisamente la necesidad de esta reforma.
Somos de la opinión que los Jefes de Servicios Públicos, conforme a las facultades de dirección, administración y organización que les otorga la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, debieran hacer extensiva la modalidad de trabajo a distancia o vía remota.
Si bien es cierto que no podemos vivir encerrados por años hasta encontrar la vacuna, tampoco se trata usar a las personas más jóvenes y fuertes como un escudo para que se enfermen e inmunicen mientras restablecemos la economía (aunque no olvidemos que nuestros servicios sanitarios actualmente no dan abasto).
Resulta preocupante, como muchos entendidos lo han advertido, el falso dilema de selección artificial, entre personas mayores estimadas descartables, y jóvenes que tendrían la prioridad de sobrevivir.
Las medidas que se tomen siempre van a ser cuestionadas porque es parte de la pugna política, no de una necesidad social.
Así se realizó, ya va para un mes una primera audiencia de violencia intrafamiliar, en el Centro de Medidas cautelares de Santiago, donde se pudo probar la viabilidad de recursos para la realización de otras audiencias de manera virtual.
Coincidimos en la afirmación de que la «pandemia nos muestra la inequidad y fragilidad de nuestro sistema como garante de derechos básicos. El hecho de que miles de habitantes se encuentren en una situación de acceso hídrico precarizado es otra variante de la injusticia ambiental que ha producido el modelo de desarrollo en Chile».
El Estado de Catástrofe no se refiere expresamente a la salud pública, y con consecuencia de ello, carece de medidas especialmente previstas para enfrentar situaciones como las pandemias, lo que justifica la revisión futura de los Estados Excepcionales y de la normativa complementaria
