El legislador introduce no sólo un criterio legal para determinar qué tiempo es el que debe abonarse a la pena, sino también la fórmula aritmética para el cómputo del mismo.
El anterior procedimiento de quiebras es un hospital al que ningún enfermo quiere ir, ya que de ese hospital no hay enfermo que salga con vida.
Es posible sostener que la democracia representativa debe concebirse no sólo como un mecanismo procedimental para la toma de decisiones colectivas, sino que además como un mecanismo que debe articularse en torno a ciertas limitaciones.
Si postulamos que resulta esperable un retorno “a lo administrativo” en materia de sanciones administrativas –como lo manifiesta Letelier-, creo que el reto está entregado en primer término al trabajo de la doctrina ius administrativa.
Si la respuesta ius administrativa provendrá en el futuro desde la retórica de la matización o derechamente del redescubrimiento del derecho administrativo sancionador es algo que no resulta fácil vislumbrar pero que, creo, llegará más temprano que tarde.
Desde hace ya tiempo los teóricos del Derecho vienen proponiendo la existencia de dos clases de normas en los sistemas positivos.
La manera en que hoy día, con los valores que rigen actualmente en la sociedad chilena, se está mirando y juzgando un período crítico de nuestra historia, se efectúa sólo respecto de aquellos militares inculpados.
Por diversas causas, y por fuentes de distinto origen, se ha ido formando, en la sociedad civil chilena, una especie de “conciencia colectiva” de que todos los militares que ejercían funciones desde 1973 en adelante, tienen alguna forma de responsabilidad en los crímenes y delitos que se cometieron en el país a partir de aquella fecha.
No corresponden iniciativas personales, ya que se desempeñan siguiendo instrucciones. Si no las poseen, de conformidad con el criterio y profesionalismo que impone el Derecho Internacional, y la capacitación adquirida. Toda transgresión a estas disposiciones, deberá ser cuidadosamente vigilada por el país acreditante, e igualmente, por el país receptor.
Creo sinceramente que aún no nos hemos detenido a reflexionar con profundidad en torno a este trascendental asunto, omisión que, a mi parecer, a lo largo de toda nuestra historia republicana, ha generado un verdadero “vacío existencial”.
La obligación de proteger supone una disposición proactiva: adoptar políticas que aseguren que entes gubernamentales, empresas o particulares no priven a personas o grupos de personas del acceso a los recursos y los alimentos.
Con la muerte de Duvalier se abren nuevas interrogantes sobre el futuro de la nación caribeña. Desde luego, el regreso del duvalierismo es una amenaza latente en un país en el que la intervención de las Naciones Unidas poco o nada ha significado en estabilidad institucional y desarrollo económico y social.
No es ningún misterio que los tipos penales de usurpación de aguas contenidos en los arts. 457 y siguientes del Código Penal, generan actualmente serias dificultades prácticas para ser invocados.
La mejora del prestigio ciudadano del Congreso Nacional –institución clave de nuestra República– no se resuelve con la propuesta de suprimir el Senado, medida que parece ser un tanto apresurada y populista.
Hoy más que nunca se requiere un gobierno firme y una Presidenta en primera línea, urge mejorar los canales de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía, así como entre gobierno y oposición.
