La crisis de legitimidad, que algunos enarbolan existe actualmente sobre el Poder Judicial, no parece encontrar solución en la forma de elección de los jueces sino -más bien- en el tiempo y el modo en que los conflictos ciudadanos pueden ser resueltos por ellos.
Más allá que el proyecto trate de ser parte de una solución, está lejos de serlo, porque no se hacen cargo del fondo del problema: la mala calidad de la educación pública, aquella que se imparte en establecimientos cuyos estudiantes están insertos en contextos de alta vulnerabilidad social, económica y cultural, justamente los que están en esos cuatro primeros deciles.
El peronismo ha sido y sigue siendo, un actor trascendente en Argentina, imposible de soslayar, siempre activo y al acecho, en las provincias, donde ha permitido longevos caudillismos que no sueltan el poder.
Pareciera que el carácter operativo de la Carta Fundamental ?y en particular de su artículo 7°- ha visto empobrecido su ámbito de aplicación general, ya sea por el desarrollo legislativo y/o jurisprudencial, circunscribiendo esta nulidad solo al casillero del Derecho Administrativo chileno.
Se trata de una sanción de privación de libertad de por vida, en que no podrá concederse la libertad condicional sino una vez transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva. También, excluye toda posibilidad de reinserción social.
Creo que la lectura que efectúa Núñez respecto del trabajo de Schmitt yerra en su propósito de determinar concisa y adecuadamente las coordenadas teóricas dentro las cuales se desarrolló el debate entre los autores mencionados en su artículo.
El Código del Trabajo prevé normas que en muchos casos son violadas por el empleador en detrimento de los derechos de los trabajadores, en especial, atentan contra los derechos laborales de los inmigrantes.
En el esquema de Schmitt, el tema de fondo es: ¿Con qué legitimidad puede un tribunal, dardo apuntado especialmente al tribunal constitucional propuesto por Kelsen, enjuiciar actos o normas de otros poderes del Estado elegidos democráticamente?
En recientes fallos pronunciados por nuestra Corte Suprema, es posible advertir la existencia del voto en contra del Ministro Señor Sergio Muñoz, para quien dicho plazo en la actualidad no sería obligatorio y, por tanto, exigible como requisito de admisibilidad de una acción de esta naturaleza.
El proyecto señala acertadamente: «No hay mayor tiranía que aquella que prolonga innecesariamente una larga y dolorosa agonía en razón de que el término de la vida del agonizante que sufre entre en contradicción con las concepciones personales de otro».
Es común que, cuando se denuncian los siniestros por robo del vehículo, las Aseguradoras, o más bien, los Liquidadores de Seguros, propongan no pagar, invocando el hecho que, el asegurado no cumplió con la obligación del artículo 524 N°4, del Código de Comercio.
Si quienes deben elaborar nuestras leyes no son todo lo sabios que deben ser y quienes los asesoran tampoco lo son, no podemos esperar nada bueno de este proyecto que se suma a los más de 30 que han tenido ese propósito: cambiar un sistema que funciona y a muy bajo costo para la ciudadanía.
Todos alegan inocencia y las atribuyen a persecuciones políticas inventadas por sus adversarios. Es la situación procesal que, sin excepciones, les afecta a quienes fueron Presidentes desde hace más de treinta años.
A pesar de las reformas legales de los últimos años, persisten problemas ambientales sistémicos y profundos, que debieran conducir a revisar las bases sobre las cuales se construye el derecho y la política ambiental en Chile.
Las interpretaciones inhabituales sobre cuestiones constitucionales en determinados momentos pueden ser necesarias, para preservar algunos de sus principios más característicos, me refiero en este caso, al Estado democrático de derecho, pero jamás para abrir un nuevo derecho humano a ser dictador.
