En manos de líderes negativos se decide o decidirá el futuro de Chile.

Esta ausencia de ideas de fondo, es acompañada por un desfile de politólogos y expertos constitucionalistas que, o se han detenido en cuestiones de carácter procedimental –lo que es muy relevante- o de modo premeditado, han referido y restringido lo que está puesto en juego en el plebiscito a la metáfora de “la hoja en blanco”.

El oponerse a Trump, es igualmente lo esperable, pues pocas figuras internacionales, han sido tan descalificadas por quienes opinen sobre Estados Unidos. En contraposición, ensalzan a Baiden, su contendor, aunque se muestre vacilante, propenso a equivocarse, y más frágil.

Se gastaron miles de millones de pesos en la instalación y publicidad de dichos cabildos, a costa de las arcas fiscales, pertenecientes a todos los chilenos y, en definitiva, fuera de haberse convertido aquello en un desastre económico, también resultó ser un rotundo fracaso político, dado que concurrió a tales cabildos un escaso número de ciudadanos.

En Chile, actualmente no existe una regulación específica y detallada para los bienes digitales, por lo que es procedente analizar si la normativa actual logra incorporar o establecer a esta clase de bienes desde una perspectiva comercial.

Hoy en el mundo existen nueve países que tienen la condición de actores militares nucleares: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China, Israel, India, Paquistán y Corea del Norte. De estos, seis son parte del Indo-Pacífico, y de ellos cuatro tiene costas en el Océano-Pacífico.

El capítulo XV de la Constitución Política de la República, en relación al Reglamento de la Convención, solo hace referencia al quórum con el cual el órgano deberá aprobar su propio Reglamento (dos tercios de sus miembros en ejercicio), pero no se pronuncia respecto al contenido del mismo, ni tampoco sobre el tiempo que tendrá el órgano constituyente para redactarlo.

Como consta en las Actas de la reforma constitucional se hizo ex profeso al debatirse el punto, y fue una omisión relevante, el optarse por no mencionar ni incluir junto a la «protección de datos personales» la referencia a los Derechos ARCO que también consagra el artículo 12 de la ley 19.628.

Todos nuestros textos constitucionales incluyendo los reglamentos que han regido la vida republicana, han sido redactadas por una elite, ya sea política, económica o intelectual, pero jamás se ha consultado a los ciudadanos por dicho cambio, y así tampoco se ha considerado su participación.

La única diferencia palpable entre estos promotores de cambios en los dos países es que, en Venezuela la intolerancia y el odio contra quien piense distinto no se transmitió de generación en generación sino que, llegó con el socialismo.

La evaluación de desempeño de los/a jueces/zas de policía local por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, contribuyen a resguardar la independencia de éstos/a, ya que limita, en este sentido, la participación del alcalde o la alcaldesa en la calificación definitiva que recibirá el/a juez/a.

A simple vista, pareciera que no existe falta de recursos en esta votación, de modo que si existe la disponibilidad de un kit completo de sanitización, infografías y el aumento de locales de votación llama la atención que, como en los países que comentamos más arriba, no se hubieran dispuesto láminas de plástico en las mesas de sufragio o trajes protectores a los funcionarios electorales y votantes.

Independiente el camino que tome la ciudadanía siempre hay puntos que mejorar, por lo que la Agenda 2030 y, en particular sus objetivos pueden servir de base a la discusión.

En un ejercicio de prognosis Constitucional, las chilenas y chilenos decidirán – en un proceso de dos etapas- por una enmienda, mediante la opción rechazo o no ratificando el referéndum de salida el proyecto de nueva Constitución, o por una revisión Constitucional, adhiriendo la opción apruebo y ratificando el proyecto del nuevo texto propuesto por la Convención –cualquiera de ellas -, derogándose el Decreto Supremo N° 100, configurándose una revisión destructiva si ocurre este útimo hecho.

La labor de generar una reglamentación coherente, que realmente cumpla el objetivo inicial sin efectos adversos, es un proceso que trasciende lo jurídico y que debe considerarse desde la decisión de legislar hasta la elaboración del articulado.