La legislación chilena conceptualiza al documento electrónico ocupándose del carácter funcional y utilitario del mismo y aplicando el principio de neutralidad tecnológica[i], señala en el Artículo 2° letra d) de la Ley 19.799 que se trata de “toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior”.

Cabe señalar que el ejercicio de esta potestad administrativa es facultativo y, por ende, eminentemente discrecional, es decir, el órgano tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias para determinar la necesidad de abrir un periodo de información previa, siempre, antes de adoptar la decisión de iniciar un procedimiento administrativo -lo que también es discrecional-.

Si bien las nuevas competencias son asignadas al Gobierno Regional, como estructura orgánica propiamente tal, ello implica como consecuencia nuevas funciones para el Gobernador Regional, por ejemplo, en materia de desarrollo social y humano, infraestructura, transporte y fomento productivo, ordenamiento territorial.

Las normas internacionales de protección de datos y las  normas locales, constitucional y legales, obedecen al criterio simple para asignarle tal calidad de que se permita por su intermedio identificar o hacer identificable a una persona natural, lo que en la especia se hace directamente.

El llamado “despido disciplinario” (que congloba las causales del art. 160 del Código del Trabajo) no debería ser considerado una sanción legalmente procedente frente a meras infracciones del reglamento interno de orden, higiene y seguridad.

No es necesario tropas, invasiones, bombardeos y otras formas de agresión, para derrotar completamente al adversario. Las hay menos violentas, aunque de iguales efectos devastadores, como impedirles su comercio, competencias desleales, desabastecimiento de bienes y servicios, imposición de condiciones de todo tipo, negación de acceso al progreso electrónico o simplemente, intervenirlo haciéndolo inservible; y hasta negarles medicamentos (o las vacunas en la actualidad).

Con todo, bien sea una variante nueva o antigua, las medidas de protección que se deben tomar para mantenerse a salvo del COVID-19 siguen siendo las mismas: practicar el distanciamiento social, evitar las reuniones sociales y familiares, especialmente los grupos grandes y los eventos que se llevan a cabo en interiores, usar cubre bocas cuando se esté en espacios públicos y quedarse en casa, si se siente mal. Medidas tan repetidas que de antiguas son las más eficaces

Lo primero a señalar es que con ella la Convención Constitucional no se extralimita en sus funciones. Bien señala «no pretender interferir ni arrogarse competencias o atribuciones de otros órganos», pues los proyectos de ley señalados les corresponde a los órganos colegisladores al igual que el indulto a los presos políticos del Wallmapu, mientras que las querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado es una decisión del Ejecutivo, y mal podría una declaración exceder esos límites, pues no está atribuyéndose ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo.

Me es digno de señalar mi preocupación tanto a nivel sanitario como a nivel legal, en vista de las reiteradas faltas suscitadas en diversos recintos religiosos en los cuales se infringe la normativa sanitaria impuesta en el mundo entero, en paralelo a nuestra precaria legislación a nivel de cultos a nivel país.

El Tribunal precisa que suele considerarse como Poder Constituyente a la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. Se trata de una fuerza y autoridad (política) capaz de crear, de sustentar y de cancelar la Constitución en su pretensión normativa de validez.

Al analizar la relación entre las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las constitucionales, y luego de hacer mención del artículo 5°, inciso segundo del actual texto constitucional, la Corte concluye que los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes tienen rango supraconstitucional.

Corte Suprema rechaza recurso de unificación y declara que la Corte de Apelaciones de Valparaíso interpretó acertadamente la ley al rechazar recurso de nulidad que alegaba la incompetencia de los tribunales del trabajo para conocer tutela laboral de funcionario de las FFAA.

Como está dicho, el Estado de Chile se ha parapetado en el artículo 2 de la Ley Indígena, elaborado sin anuencia ni participación indígena y entendiendo que las condiciones para acceder a la certificación de la calidad de indígena son “numerus clausus”.

La aceptación y aplicación práctica de la conciliación como un instituto procesal en las reclamaciones ambientales como un medio alternativo de solución a los conflictos medioambientales, acrecienta la garantía de acceso a la justicia ambiental y resulta beneficioso, pues permite llegar a soluciones no adversariales, de amplia aceptación y, por tanto, potencialmente duraderas.