La aplicación de criterios tan disímiles en dos casos similares en sus características relevantes (la diferencia entre los dos casos ha sido sólo de “rating”) es un signo preocupante, máxime si entre ambos sólo hay una diferencia de días.
La prohibición de reelección parlamentaria podría resultar contraproducente y dañina para nuestra democracia, aumentando así la mala percepción que muchos tienen acerca de la actual actividad parlamentaria.
Parece una exageración entender que la posibilidad de reelección sea un “derecho adquirido” de los diputados o senadores que asumieron sus funciones bajo esas reglas.
Llama la atención, pero el mismo Estado federal que durante el siglo XIX diezmó a la población nativa (…) es el mismo que ha llegado a tener uno de los estatutos más modernos y eficaces del mundo para integrar al desarrollo a la población originaria, respetando sus culturas.
La oportunidad que se presenta mediante un ajuste en la Constitución, es enorme. Abrir el debate sobre la jerarquía de cada fuente en relación a la Constitución y su incorporación se presenta como una necesidad.
Es así pues, que el sentido correcto que ha de tenerse de la dieta parlamentaria es la de establecer un límite claro y preciso que no es posible exorbitar a través de interpretaciones que traspasen dicha regulación normativa.
La probidad y transparencia son principios fundamentales para los funcionarios públicos y los ciudadanos. Su aplicación efectiva significará tener un Chile con menos corrupción y más justo para todos nuestros compatriotas.
La historia del país demuestra que cuando algún Presidente ha debido renunciar a su cargo (…) se han producido convulsiones y crisis institucionales que son muy difíciles de superar y ponen en riesgo el orden democrático y republicano del país. Nada de ello es deseable para el Chile de hoy.
Es posible deducir que en la denominada “Arista Soquimich”, resultaba evidente la inexistencia de un conflicto de constitucionalidad, pues era manifiesto que la acción carecía de “fundamento plausible”, y que, además, ésta pudiere prosperar.
No parece existir argumento razonable alguno para sustentar una aplicación restringida del Recurso de Amparo Económico, como lo ha venido realizando erróneamente nuestra jurisprudencia nacional, máxime, si dicho arbitrio procesal tiene por objeto tutelar un derecho humano básico.
Creo que el problema de afectos nos atañe a todos, y he ahí la razón por la cual quiero cambiar esta Constitución: sencillamente, nunca la amé. Por eso, por más que me entregue “a cuentagotas” (entiéndase, estas últimas sentencias sobre el sistema electoral y la ley de inclusión), quiero cambiarla por otra.
Son tan grandes las diferencias culturales e históricas entre los pueblos originarios de Bolivia y los de nuestro país, así como las diferencias de composición social entre ambos países, que cualquier intento de hacer comparaciones o de formular contrastes, resulta inoficioso.
Lo que no comparto o no termino de comprender de su proposición es que, en vez de esa mirada simplista, propugne una lectura de la Constitución “como un programa que define los principales bienes o intereses sociales que los poderes públicos deben implementar”.
El artículo 19 N° 21 inciso 2° es una garantía para los particulares, desde el momento en que se asegura que las empresas estatales, por regla generalísima, no gozarán de privilegios especiales y que competirán libremente, en igualdad de condiciones, con los particulares.
La interpretación del artículo 19 n° 1 de la Constitución que entiende el derecho a la vida como uno absolutamente indisponible oscurece ciertos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico.
