El Presidente Alessandri mediante decreto designó una “Comisión Consultiva” integrada por representantes de todos los círculos para que prepararan la primera convocatoria y organización de una Asamblea Constituyente.

Es el propio sujeto político, bajo regla mayoritaria los que deciden de que manera y el grado en que el Estado debe concurrir al cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de derechos fundamentales.

De esta última formulación hace dejación el TC en su jurisprudencia posterior donde la STC Rol N° 1710-2010-INC visualiza un modelo de salud privado bajo una nueva orientación.

Derecho Internacional, que según su Estatuto debe aplicar. Las demás fuentes, son aquellas que el artículo 38 señala: tratados, costumbre y principios generales; así como la jurisprudencia y doctrinas de los publicistas, como fuentes auxiliares. Aunque no son las únicas.

Las ideas que a continuación se plantean, tienen su origen en la exposición preparada para el seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, titulado “Ciclo anual de debate sobre la nueva Constitución”. La pregunta que nos convocó en aquella oportunidad fue: ¿Cómo garantizamos a nivel constitucional la vigencia de los […]

«deber fundado en el juramento que ha debido prestar al asumir su cargo».

Así, una reflexión a ofrecer en esta columna, es que en general la Constitución establece un sistema de garantías, que técnicamente consiste en los mecanismos que apuntan a los requisitos y exigencias que la Constitución ha establecido para la protección y fortalecimiento de los diferentes derechos fundamentales, en la específica construcción de cada uno de ellos[

Esta labor de justicia preventiva es posible porque en el sistema latino el notario y el conservador deben ejercer el control legal de los documentos que autorizan, denegándolos cuando existan puntos contrarios a las leyes.

Ha quedado más rezagado en el análisis el caso de la conocida como “Proposición 8” (Perry v. Hollingsworth), y que nos gustaría ahora comentar porque pone de manifiesto la lucha, de ribetes épicos, que han dado organizaciones de la sociedad civil en defensa de la institución matrimonial.

Los Hermanos Musulmanes, por años proscritos, quisieron ganar el tiempo perdido e imponer una orientación islámica en todas las actividades nacionales, como la política, la economía, la enseñanza, la justicia y en el campo social y familiar.

Con fecha 28 de Mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por los vecinos de la Comuna de Lo Espejo y la Fiscalía del Medio Ambiente en contra la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto «Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago – Rancagua» que presentó EFE.

Actualmente en el mundo, sólo catorce países han incorporado a sus ordenamientos jurídicos el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, estos son Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal , Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda y Francia.

¿Por qué evitamos la violencia? Básicamente porque atenta contra la naturaleza racional del hombre, inserto en sociedad. Quien no tiene argumentos recurre a la violencia, y quien no tiene argumentos no tiene la razón. La violencia privada es una manifestación volitiva carente de racionalidad.

En pocas palabras, por cierto sin pretender agotar un concepto tan rico, eso es el poder constituyente para la teoría democrática y se traduce nada menos que en el sustento de legitimidad de la estructura jurídica, social y política de un país, fundado en el irrenunciable y primario derecho de autodeterminación de la sociedad política.

«Más allá del mérito político de la campaña “Marca tu Voto”, respecto de lo cual ya se han pronunciado algunos de los profesores de derecho firmantes (véase relacionado) y reconociendo que yo no firmé el manifiesto, el objetivo de esta columna es formular ciertas apreciaciones respecto de los límites al pluralismo político…»