Frente al debate constituyente en el que nos encontramos hoy, pareciera que una tentación muy grande es la de proponer cambiar la Constitución por un texto absoluta y diametralmente nuevo, totalmente distinto.

Más de una vez distintos particulares “citados” a estas Comisiones Especiales y llegados a Valparaíso, se encuentran con la desagradable sorpresa de que la sesión fue suspendida o que, peor aún, se está buscando parlamentarios para dar un quorum que no siempre se alcanza o se alcanza después de larga espera.

La ciudadanía ha tomado conocimiento que con motivo de la dictación de diversas resoluciones por parte de los jueces, que no han sido del agrado de las autoridades, el Gobierno pretende instituir un“observatorio judicial que haga un detallado seguimiento y monitoreo de la labor de los magistrados”.En este sentido, se ha informado que el Ministerio […]

La creación de los Tribunales ambientales ha significado una reforma que reafirma la existencia de las judicaturas especializadas, sobre todo en el ámbito de los contenciosos administrativos. Sin embargo, la competencia de este Tribunal y la coexistencia de otros mecanismos jurisdiccionales, ha generado un cierto debate.

Están presentes en diversas áreas y se hace mención de ellas con frecuencia en el sistema jurídico nacional, sin embargo, no siempre está claro qué son, quién las dicta ni cuál es su obligatoriedad.
Se trata de normas de naturaleza técnica y de aplicación voluntaria que hacen las veces de pautas para procesos productivos y la prestación de servicios, creadas por una institución que luego las vende.

La nueva Constitución es necesaria por que la actual es una Constitución transicional que no se ajusta al nuevo proceso político-jurídico que está en marcha. Originada en un gobierno autocrático y modificada para permitir el curso de la transición política, la desaparición de los elementos propios de ese periodo[i] dejan ver cómo la Constitución se presenta desencajada y no permite dar respuestas adecuadas al nuevo periodo.

El artículo 14, debe ser visto como estableciendo el derecho del paciente a someterse a una acción de eutanasia, derecho que opera mediante la delegación a aquel del poder de hacer obligatoria ese tipo de acciones; y que, como derecho que es, se encuentra resguardado por prohibiciones de impedimento, estando prohibido para terceros obstaculizar el ejercicio de ese poder normativo.

Se consultó a 7 de los estudios jurídicos más prestigiosos de Chile sobre los principales problemas en la formación de los abogados que ingresan a sus filas [1]. La mayoría de ellos estuvo de acuerdo en que hacen falta dos grupos de habilidades: el primero, habilidades blandas y de liderazgo; el segundo razonamiento crítico y argumentación jurídica.

En autos de la Corte de Apelaciones de Concepción Rol N° 540-2013 –Corte Suprema Rol N° 4767-2013-, se deduce -por un profesional abogado- acción constitucional de protección de garantías constitucionales a favor de una persona natural, en contra de dos personas jurídicas de derecho privado, fundado en numerosas llamadas telefónicas que habría recibido la recurrente, de parte de una de las recurridas, a través de las cuales le cobrarían unas cuotas de precio por la adquisición de una fracción de jardín o sepultura del Parque del Sendero de Concepción, lugar en el cual fue sepultado el marido de la afectada.

Sr. Director: Contesto las objeciones del Sr. Sebastián Figueroa Rubio (véase relacionado) a mi columna “No marcar el voto” del 10-X-2013 de este Diario. 1. Me alegra constatar el interés del Sr. Figueroa en este delicado tema.2. Su idea de “asumir una concepción de la democracia que le quite importancia al voto y reconocer que […]

Hablaremos de pederastia y no de pedofilia, ya que un pedófilo, etimológicamente, es quien ama a un niño, y no precisamente quien abusa de aquél. El abusador se llama pederasta.

Un movimiento ciudadano que postula el llamado a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, ha instado a sus adherentes a marcar su voto, en la elección presidencial que se avecina, con la sigla “AC”, a fin de conocer el número de los electores que serían partidarios de esta alternativa.

Hace unos días, el país se volvió a polarizar en torno a sucesos acontecidos hace ya 40 años. Y no me refiero a la conmemoración de fin del Gobierno de la Unidad Popular, sino al debate en torno a la condición en la cual se mantenían los condenados por violaciones a los DD.HH. No caeré en la clásica declaración condenatoria a ese tipo de crímenes. Se entiende implícita. Sin embargo, creo que es necesario reflexionar sobre los condenados, la igualdad ante la ley y la República.

Al cumplirse 40 años de la intervención militar en nuestra vida política nacional, y al conocerse fehacientemente las violaciones a los derechos humanos sufridas a lo largo de los años posteriores a 1973 respecto de las personas consideradas como “peligrosas” o contrarias al régimen imperante, me surge la duda respecto de lo que pasaba realmente por la mente de los que gobernaban durante ese período; cómo fue que se instauró la “lógica de la guerra”, donde ambos bandos contrarios actuaban con total desprecio de aquello por lo cual decían luchar: “los derechos humanos y la protección y desarrollo de las personas”.

Siempre se sabe cuándo y cómo empieza una guerra. Lo que nadie puede adivinar es cuándo y cómo terminará, cuántas víctimas inocentes morirán en ella ni cuántos daños morales y físicos sufrirán por décadas los sobrevivientes.De allí que la amenaza del Presidente Barack Obama de intervenir en la guerra civil desatada en Siria no sea […]