Pareciera que el problema no es la falta de legitimidad de sus autoridades, sino más bien, de los sistemas de nombramientos en virtud de los cuales se legitima el ejercicio del poder público, en los cuales por cierto, debe incluirse la participación de los destinatarios de ese poder.
Ya no es tan cierto que «la proporcionalidad sea ontológicamente neutral a las concepciones morales o políticas sobre los derechos fundamentales», como afirma Leiva. Para sostener una, la ponderación, debo afirmar otra, los derechos fundamentales como principios, vale decir, no son reglas sino mandatos de optimización.
No cabe duda de su naturaleza de «curso de agua internacional». Punto de importancia, pues Bolivia debió pedir plazo extraordinario para su Contramemoria. La acaba de entregar, y a pesar de haberlo negado, cambió de opinión y presentado una Reconvención, conocida como Contrademanda.
¿Qué es la voluntad de la ley? ¿Acaso un texto legal tiene algo así como una voluntad independiente similar a la que tenemos las personas? La respuesta parece ser negativa, y es poco probable que un juez o un jurista diga algo en tal sentido.
da la impresión de existir lo que los economistas llaman 'barreras a la entrada' del sistema, que la constituyen en una actividad a la cual es muy difícil acceder, independientemente del contenido de los exámenes de conocimiento al que deben someterse los postulantes, o la preparación jurídica de los mismos.
El test de proporcionalidad forma parte de una teoría de los derechos fundamentales, con ciertas características y sobre todo ?como toda teoría- con ciertos límites, a la que está esencialmente vinculada sin la cual ella no tiene sustento.
Cabe preguntarse qué prima en la coyuntura actual: si ese principio de exclusiva confianza o bien la necesidad de juicio de amovilidad.
Por razones históricas, nuestro Código Civil en su diagramación normativa contempla la tradicional división entre Derecho Público y Privado. El artículo 1462 del Código, consagra la idea romana de que «el derecho público no puede ser cambiado por pacto de particulares», y a razón de ello no podría en la lógica de Bello eludirse la jurisdicción Estatal por pacto privado.
Resulta frecuente que la literatura especializada acuda a Marbury Vs. Madison y a El Federalista para cimentar – casi con argumento de autoridad- el surgimiento del control de constitucionalidad de la ley.
Es preciso considerar que los militares fueron condenados mediante la aplicación del antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo, un sistema que no respeta el derecho humano a un debido proceso.
La causal si bien no está definida en la ley debe limitarse al buen entendimiento de las palabras y no realizar una interpretación antojadiza, lo que vulneraría el debido proceso.
Lo que la Excma. Corte debió atender fue el derecho humanitario que favorece a tales condenados, no para reducir ni eliminar el castigo, ni para borrar lo deshonroso de su condena sino para modificar su forma de cumplimiento en consideración a su edad, a enfermedades incurables y al cumplimiento de los demás requisitos que la ley establece.
La libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Si lo afectado a través del ejercicio de la libertad es o no tercero, y si ese eventual tercero debe ser sujeto de protección es la materia genuina a debatir.
Si quisiéramos analizar económicamente la actividad notarial, sólo lo podríamos hacer con respecto a las relaciones entre el personal y el notario, o entre los usuarios y el oficio, cuestión que en algún punto del informe se da. No obstante, no es posible aplicar el análisis económico a la fe pública.
De conformidad a lo expuesto, esperamos que, en un futuro no lejano, la pena de muerte sea abolida definitivamente, incluido nuestro país.
