La identidad cultural es el componente esencial que define a un grupo humano como un colectivo diferenciado y tiene un carácter evolutivo y dinámico. Cualquiera medida que adopte el Estado destinada a proteger los derechos de estos pueblos debe partir del respeto de sus formas de vida únicas y particularidades propias. El derecho a transmitir la cultura propia se vincula el derecho a acceder a los diferentes medios a través de los cuales se manifiesta este tipo de libertad de expresión, entre ellos, la radiodifusión.

Las personas que han sido detenidas por un presunto delito y estas hayan sido presentadas en rueda de prensa por la Policía, Ministerio Publico y las entidades competentes con un chaleco que indique “detenido” o “procesado”, y otras etiquetas, sin que haya iniciado un proceso jurisdiccional “justo” y la culpabilidad no se haya declarado por una sentencia con autoridad de cosa juzgada, se estaría vulnerando la presunción de inocencia, principio fundamental del debido proceso.

El Estado Regional es una forma de Estado que ha tenido un desarrollo menor en la dogmática jurídica nacional, al ser un sistema que ninguna de las cartas fundamentales nacionales ha consignado, al estar implementada en pocos países (y en cada nación con sus propios matices) y al ser una forma de organización diferente a los dos tipos de Estados catalogados como “clásicos”.

En los hechos, la subasta por Zoom no es pública, entendida como ‘acto público’, notorio, visto o sabido por todos (o que ‘pueda’ serlo), es decir, lo opuesto a lo privado (reservado). La presencia de público está contemplada en el Acta N° 13-2021 -de lo contrario no podría ser un ‘acto público’- pero, lo cierto es, que no hay posibilidad de ‘concurrir’ como tal, al no existir en Chile subastas electrónicas con medios técnicos que aseguren la participación del público.

Los respaldos reflejan nuevamente una división mundial, que podría verse impelida a tomar partido por uno u otro bloque, dándole al conflicto una dimensión mayor a los territorios directamente involucrados. La peor realidad, si se desata una guerra de mayor alcance y duración.

Estimo indispensable, sobre todo a la luz de lo que está sucediendo en las comisiones y en el Pleno de la Convención, modificar el art 135 de nuestra Constitución para fijar en el Congreso Nacional un “examen de constitucionalidad”. De lo contrario, sus disposiciones que aseguran el carácter de República del Estado de Chile; su régimen democrático; la independencia del poder judicial, incluyendo el valor de cosa juzgada de sus sentencias; y el respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile, serán letra muerta.

Muchas personas después de haber obtenido una decisión judicial favorable deben esperar que el MINREL de cumplimiento a los cientos de fallos dictados en su contra, todos los cuales le fijan un plazo perentorio de cumplimiento que ha sido desacatado de manera sostenida y por lo cual, además, no se ha cursado ningún apercibimiento por parte de las Cortes.

De un proyecto de democracia, todo indica que transitamos a una sociedad aristocrática, dominada por una nueva aristocracia de izquierda, con sus propios códigos, normas sociales, sanciones, credenciales de entrada y salida, y sus respectivos privilegios.

Fueron publicados dos tipos de propuestas de normas constitucionales referidas a dos materias que siempre están en la parrilla y que se refieren a la judicatura y a notarios y conservadores. Ambas iniciativas si bien cuentan con alguna fundamentación, ésta es expuesta desde el ego y la autocomplacencia. Se trata, parafraseando a Beccaria de ruidos estomacales en virtud de los cuales es posible solucionar desde la mirada particular de unos cuantos convencionales que han tenido contacto con una u otra actividad. Los unos habrán perdido pleitos en los cuales tenían interés; otros habrán sido mal atendidos por los ministros de fe pública.

La Convención Constitucional ha votado por los principios que tendrá la justicia si es que el proyecto constitucional es aprobado en el futuro plebiscito de salida, entre estos principios se aprobó uno denominado justicia feminista, ¿Qué problemas traerá esto?

La convención constitucional esta moviendo sus primeras piezas en el tablero logrando eliminar institucionalmente a la función jurisdiccional del Estado dividiéndola en dos, una ordinaria y otra indígena. ¿Se afecta a la integridad de la función jurisdiccional del Estado, con atisbos de violaciones a los Derechos Humanos de carácter procesal? Preguntas esenciales en el desarrollo de esta columna.

¿Por qué hemos vivido por décadas con una ‘regulación’ procesal tan importante, establecida a través de un auto acordado dictado por un tribunal? La respuesta del orden constitucional a las evidentes desgracias constitucionales del auto acordado ha sido la de permitir que este se aplique igualmente, dada su conveniencia.

Si bien los momentos políticos son trascedentes para entender los instantes álgidos que vive la zona norte en el país, se ha comprendido una mecánica estatal de prevalencia de acción reactiva a la crisis migratoria en la medida que se agudiza, produciendo una improvisación en la ejecución de planes gubernamentales para afrontarla, y una crisis como esta, no se mide solamente con momentos paulatinos sean menos o más, pues haciendo un símil con la crisis climática, sabíamos que vendría, pero no nos preparamos para enfrentarnos a ello.

Un rasgo que se advierte en la actual iniciativa es el silencio que se guarda a la hora de circunscribir lo que debe entenderse por “rentabilidades excesivas”. Dejando al margen todos los reparos que pueden cernirse sobre la norma utilizada por la Unidad Popular –modelo obligado de la propuesta convencional–, se reconoce en aquella no sólo un procedimiento de reclamación sino que también un concepto de lo que, en la época, debía entenderse por “rentabilidades excesivas”. Ausentes ambos de la proposición aprobada en general.