Artículos de Opinión
Sustracción de fondos de un cliente a través de un fraude cibernético.
Cuando la Corte señala que al pretender el Banco endosarle al cliente la responsabilidad por el fraude cibernético conocido como phishing (obtención de datos por vía informática con el fin de defraudar al titular de los mismos), éste—el banco—comete un acto “arbitrario e ilegal”.
La enorme vulneración de los niños /as del SENAME les priva hasta al derecho a la vida.
Uno de estos casos corresponde a la niña Daniela Vargas, quien fue enviada a un Centro del Sename en Castro, Chiloé, víctima de abusos sexuales, lo que no fue suficiente para su corta vida, sino que además se le discrimina, al no considerarla merecedora del privilegio de una donación de un órgano que le daría derecho a la vida.
Tweets publicados en cuentas Twitter de la Administración: ¿actos administrativos?
Surge la interrogante sobre cuál es la naturaleza jurídica de los tweets publicados en las cuentas de Twitter de la Administración, y en específico si pueden ser considerados como actos administrativos, y en caso que de una respuesta negativa, si pueden tener con éstos alguna vinculación.
Convicción más allá de toda duda razonable y percepción ciudadana.
Mientras siguen las críticas y cruces de opinión entre los distintos intervinientes después de conocido el veredicto y la sentencia, lo cierto es, que hoy, ante un crimen tan grave lamentablemente pareciera haber impunidad, y la gran sensación que queda en la conciencia y percepción ciudadana, es que aparentemente vivimos en un país sin justicia.
Venezuela y la carta democrática Interamericana
A las graves anomalías denunciadas hasta la convocatoria irregular de la Asamblea Constituyente y a los poderes de facto que ésta ha asumido violando la Constitución y usurpando la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, se agregan nuevos desmanes que exigen una intervención más resuelta y decisiva de la comunidad política latinoamericana para restablecer la […]
Caso Luchsinger-Mackay: La crítica social que se está efectuando a los jueces es injusta, apresurada y desinformada.
Me explico, la carga de la prueba la tiene el Estado. La persona se presume inocente, y es el Estado a través del Ministerio Público (no de los jueces) quien debe acreditar más allá de una duda razonable que al acusado le ha cabido participación en un delito como autor, cómplice o encubridor.