El proyecto está muy lejos del sistema de protección que se pretende regular para amparar de forma integral a los niños de este país.
La dignidad humana se atropella impunemente y la democracia ha sido prostituida por un dictador que ha corrompido todas las instituciones.
Hay elementos básicos o nucleares del Estado de Derecho sin los cuales un régimen político no puede ya calificarse de tal.
La crítica al nuevo control preventivo viene dada por la idoneidad de que él sirva para los objetivos perseguidos.
Las Asociaciones de Consumidores se harán presente en los Tribunales Ordinarios de Justicia, como lo han hecho con anterioridad en casos similares.
Chile está viviendo una crisis de moralidad importante, cada vez es más común perseguir intereses privados utilizando cualquier medio.
¿Qué está haciendo nuestra legislación para “modernizarse” a medida que diversos grupos delictuales se están “modernizando”?
La situación es distinta en el continente americano, pues son escasos los Estados Parte de la Convención que han aplicado medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad.
Se debe evitar el establecimiento de medidas que importen el enriquecimiento de algunas unidades territoriales, a costa de otras.
Los rendimientos decrecientes del Estado benefactor y las fallas del sistema capitalista son evidencias potentes de que necesitamos configurar un Estado distinto.
Aunque la ley no llegue a contemplar expresamente el derecho a la objeción de conciencia de los demás profesionales de la salud, éstos podrán negarse a colaborar en el aborto.
El proyecto termina debilitando tanto al Presidente de la República como al Parlamento y no toma los aspectos definitorios de un sistema semipresidencial.
La deseada y necesaria maximización del proceso de regionalización en Chile, precisa, hoy por hoy, de una correcta inteligencia del “contenido” del artículo 114 de la Constitución.
Lo más problemático es la naturaleza y conformación de la Convención Constitucional, y el hecho que ello quede entregado a una ley orgánica constitucional.
Es indudable que éste constituirá un extraordinario avance en el tratamiento que nuestro sistema penal brinda a nuestros niños, niñas y adolescentes.
