La “igualdad sustantiva” es parte del ideario socialista (más o menos extremo, da lo mismo) y la promesa de todas las dictaduras. Es la que rige en Cuba o Nicaragua, donde todos son iguales en la pobreza; o en Venezuela donde todos son igualmente tributarios al poder omnipotente del Gobierno de Maduro; o es impuesta en los países controlados por los Talibanes; o se manifiesta en la miseria de Haití y de tantos países africanos.
Si bien las evaluaciones de impacto ambiental ya formaban parte del marco de protección medioambiental de China desde el año 1989, los que consistían en una evaluación de los contaminantes y los efectos sobre el medio ambiente de un proyecto de construcción, formulando medidas de prevención y control que debían ser previamente aprobadas por las autoridades administrativas medioambientales, la Ley de Protección del Medio Ambiente (LPMA 2015) aumenta considerablemente su impacto y las sanciones por su incumplimiento.
Las aberraciones jurídicas y políticas que contienen éstas y otras disposiciones de la Propuesta de NUEVA CONSTITUCIÓN nos inducen vigorosamente a rechazarla. Por otra parte, pueden predicarse muchas cualidades de la naturaleza, pero a condición de no confundirla con la persona humana.
Más allá de los legítimos argumentos a favor y en contra que se han planteado, a mi parecer, este debate en particular, a diferencia de otros, no comienza desde cero, sino con un contenido predeterminado por los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Algo que me llama la atención es que el concepto de bien común en nuestra nueva propuesta constitucional, no está presente como fin del Estado, esta cuestión en la tradición occidental era muy clara, hoy más bien se adoptó el principio del buen vivir, siguiendo la tendencia del nuevo constitucionalismo latinoamericano y las enseñanzas de nuestros pueblos indígenas.
En definitiva, siempre quedaría en manos del pueblo la reelección inmediata del Presidente por una ocasión, siendo tarea tanto del Gobierno de turno como de la oposición de aquel el dar, siempre dentro de la legalidad imperante, los argumentos a favor o en contra que conduzcan o no a su reelección, dejando la puerta abierta a la consolidación de los buenos gobiernos y cerrando la puerta a los proyectos desfavorables que no mostraron su valía durante los 4 años ejercidos.
Este artículo, desde una perspectiva crítica analiza de forma general e introductoria, desde el iusnaturalismo del personalismo y comunitarismo, la actual configuración jurídica, filosófica y social del Derecho del Trabajo y los cambios de paradigma que implica la propuesta de nueva Constitución que nos ofrece la Convención Constitucional, analizando las consecuencias jurídicas y sociales directas que implica el tratamiento normativo del Derecho al Trabajo en este borrador de Carta Fundamental.
Es muy lamentable entonces que la propuesta de la Convención Constitucional en su artículo 67.3 solo hable que las “agrupaciones religiosas y espirituales puedan organizarse como personas jurídicas…”. Ello, a mi entender, puede lamentablemente reabrir el viejo debate acerca de la personalidad jurídica en las iglesias y de su régimen jurídico propio. Este debate ya está cerrado por la evolución jurídica de nuestro país conforme al principio evolutivo de los Derechos Humanos, reconocido en numerosas sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Siendo el programa de cumplimiento un instrumento de gestión ambiental diverso a la potestad sancionatoria y un procedimiento administrativo diferente, no resulta cierto, en nuestra opinión, que dicho programa sea un mero momento del procedimiento sancionatorio.
Es menester tener presente que aquello que se entiende como una vida digna, varía de acuerdo a las personas y las culturas. Normalmente, la vida digna se vincula a la posibilidad de dormir bajo techo, alimentarse todos los días, tener acceso a la educación y a los servicios de salud, entre otros aspectos que se consideran imprescindibles para que un ser humano pueda subsistir y desarrollarse.
En el Discurso sobre la Crisis Moral de la República, Mac-Iver describe el estancamiento de Chile a comienzos del Siglo XX, y analiza sus causas. En su concepto, la moralidad pública, “hija de la educación intelectual y hermana del patriotismo”, es la que da eficacia y vigor a la función del Estado, y cuya falta produce, a la larga, “daño del bienestar común, del orden público y del adelanto nacional”, y que no es sancionada por jueces ordinarios (como la “comisión de raterías”), sino con “la decadencia nacional” y por “la historia”.
El TC de Perú establece claramente que toda investigación dirigida contra una persona, en cualquier nivel, acerca de sus supuestos vínculos con la supuesta comisión de los delitos de narcotráfico y terrorismo, goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información.
Las actuales relaciones internacionales y profundas divisiones entre las grandes potencias, algunos Estados entre sí, muestran una paralización del sistema de paz y seguridad mundiales. La agresión rusa a Ucrania, o las amenazas de China a Taiwán, son representativas. Asimismo hay quienes privilegian sus intereses por sobre las medidas o condenas a los responsables, sin adherir o soslayándolas impunemente.
Al entronizar al texto constitucional la consideración de las prácticas indígenas, surge la interrogante respecto a qué ocurrirá cuando dichas prácticas vayan en contra de lo que ha señalado la ciencia en materia sanitaria. La profusa deferencia que tiene el nuevo borrador constitucional respecto a los pueblos indígenas, no sólo en materia sanitaria, sino que, en todos los ámbitos de la vida civil, podría dar pie a interpretaciones que privilegien prácticas de pueblos originarios que no necesariamente estén avaladas en la ciencia, lo que, ciertamente puede producir efectos graves en la salud de las personas.
Pareciera ser exigible que, en una sociedad democrática, todas las máximas autoridades deberían – inclusive voluntariamente – someterse a la realización aleatoria de consumo de sustancias prohibidas, ello por cuanto su función se enmarca dentro de una actividad pública de la más trascendental importancia para el desarrollo legislativo, en el contexto se un Estado de social y democrático de derecho.
