Los que conocemos el contenido de la LDE, sabemos que, entre otras cosas, trae consigo la difuminación de la frontera entre autor y partícipe o el comiso de bienes, aún sin sentencia previa, y peor aún, con sentencia de sobreseimiento, todas medidas propias de reacción punitiva contra organizaciones criminales gravemente ilícitas.
Los argumentos de las bancadas socialistas, comunistas y del Frente Amplio tienen un evidente conflicto lógico. Por un lado, sostienen que quien está por nacer tiene dignidad por su condición humana, pero por el otro, no creen que sea sujeto de derechos. Esto puede tener dos lecturas: o la dignidad humana no es el fundamento esencial de los derechos fundamentales o existen personas de segunda categoría que no son merecedoras del derecho a la vida.
Las enmiendas al anteproyecto son una oportunidad de perfeccionar el texto, pero para que ello ocurra, los consejeros deben ser coherentes en el discurso que sustenta las indicaciones, y evitar la tentación de plasmar programas de gobierno.
En aquellos casos en los que los progenitores no custodios incumplen el pago la pensión de alimentos, lo usual es que el progenitor custodio, por sus propios medios, cubra las necesidades de sus hijos. Ello puede implicar que no se haga cargo satisfactoriamente de sus propias necesidades, sacrificándose en favor de ellos, o incluso que deba asumir otras actividades o trabajos para generar ingresos adicionales.
Como se sabe fueron 27 los precandidatos a la presidencia que compitieron en estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo, recordemos que estos comicios están configurados para seleccionar a un candidato por cada frente o quienes compitan de forma independiente. Ahora bien, para ser electo y competir en las nacionales, los candidatos deben alcanzar un mínimo de 1.5% de los votos válidos. En el caso de cada coalición, si hay más de un candidato, el ganador es quien representa al colectivo en las generales de octubre.
Los constituyentes de reforma y de “nueva constitución” tienen límites (aunque distintos), razón por la cual si los infringen, la innovación constitucional que introducen deviene en inconstitucional. Por tanto, la respectiva norma constitucional sería, una norma constitucional inconstitucional. Así, en tanto ella ocasione daños a uno o más particulares, da origen a la responsabilidad del Estado-constituyente en base al factor de atribución “inconstitucionalidad”. Si se estimara que ello no es viable, cabe prescindir del desvalor de la conducta, y centrarse en el desvalor del resultado. En otras palabras, la responsabilidad del Estado-constituyente se reconduciría a través de la denominada responsabilidad “sin falta” (o si se quiere, por “actuación lícita”).
10 millones de electores en miras de ser impedidos arbitrariamente de su derecho a sufragar. Todos los venezolanos mayores de edad, con cédula de identidad, que no estén sujetos a inhabilitación política tienen derecho a inscribirse y actualizar datos en el RE; y a votar dentro y fuera de Venezuela.
No debe perderse de vista que el régimen legal del trabajo subcontratado altera el principio del efecto relativo de los contratos. No hay, por regla general, eficacia para terceros del contrato de trabajo, tal acuerdo es para quienes no concurrieron a su celebración res inter alios acta. La responsabilidad de la empresa principal es por tanto excepcional y ello impone una interpretación estricta sobre su alcance.
Podemos observar que, actualmente nuestra Carta Fundamental establece en el artículo 19 N° 11 inciso cuarto que, “Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”. Por lo indicado, podemos afirmar que no existe una consagración expresa ni menos una construcción del derecho de los padres en la educación moral y religiosa de sus hijos, como si procede en la doctrina comparada, se trata más bien de un derecho de carácter prestacional o instrumental en relación con el derecho a la educación y no hace referencia a su veta de manifestación de la libertad de conciencia o de religión.
es importante que, en el proceso de redacción y discusión de la nueva normativa constitucional, se realicen las modificaciones necesarias para precisar y clarificar las competencias de los nuevos tribunales comunales, asegurándose de que no haya solapamientos con otras jurisdicciones establecidas y que la terminología utilizada sea adecuada y coherente con la realidad jurídica actual. Esto permitirá evitar potenciales conflictos de competencia y garantizar una justicia local eficiente y efectiva.
En 1941 las tensas relaciones diplomáticas entre Japón y US. Army, sobre todo por los bloqueos que Estados Unidos había levantado sobre los abastecimientos de petróleo de Japón y el pacto de este último con la Alemania Nazi -entre otras razones- hicieron que la bandera del sol naciente, tomara la decisión de bombardear Pearl Harbor, desconociendo, que en agosto de 1945 Estados Unidos, promovido del arma más letal en la historia de la humanidad, cobraría amparados en el Ius ad bellum, así como en el principio del mal menor, la vida de miles de civiles a las 8:15 en Hiroshima y tres días después ante la no rendición de Japón a las 11:02 en Nagasaki.
Considero urgente y necesario el consagrar a las y los deudores alimenticios como indignos de suceder al causante, para que en definitiva se les sancione por haber cometido aquellos un hecho socialmente repudiable, como es el incumplir el derecho-deber de los alimentos para con sus descendientes, tan necesario para la subsistencia y realización formal como material de los mismos, sanción que además puede leerse desde una doble óptica.
Níger y sus nuevas autoridades, repudiadas por la mayoría de los países, y con llamamientos a que regrese al presidente depuesto, lo que parece muy improbable, afianza a los golpistas y les obliga a buscar el apoyo ruso, generoso. Todo un cambio en el delicado equilibrio africano y que trae serias consecuencias para la pugna global de las tres principales potencias.
A pesar de mantener la propiedad sobre la capitalización individual, es inevitable dar cuenta de que los nuevos aportes se tratan, como se dijo, bajo una lógica de solidaridad que es obligatoria. Si ese 6% adicional va a financiar pensiones de terceros no existe realmente propiedad sobre ellos, pues la propiedad permite que el trabajador que invierte tiempo y esfuerzo en percibir y aumentar el valor de ese porcentaje de dinero tenga efectivamente derecho sobre los réditos de su trabajo, los que deberían financiarlo individualmente.
Conforme al actual sistema jurídico imperante en Chile, de tradición continental europea, aunque resulte efectivamente seductor para los tribunales pretender zanjar cuestiones con caracteres de generalidad, las sentencias judiciales tienen y deben seguir teniendo efectos relativos y, por ende, los fallos pronunciados por los tribunales de justicia deben ser interpretados y ejecutados bajo dicha premisa.
