El ente fiscalizador, frecuentemente parte su interpretación con el sesgo de la improcedencia, lo que incluso trasunta a la opinión que tenemos los litigantes tributarios, encontrándose incorporado al inconsciente colectivo por tantos años de primacía estatal.
Pueden considerarse como acto de autoridad aquellas medidas dictadas por la autoridad que impliquen una imposibilidad parcial respecto del desarrollo de una determinada actividad económica.
La columna analiza críticamente otra publicada por el profesor Tomás Jordán que trata sobre el concepto Estado social. El análisis crítico busca precisar el concepto de subsidiariedad y su relevancia para la discusión constitucional. A la vez, y a partir de lo anterior, intenta mostrar que este principio no es incompatible con la idea de avanzar a un Estado social.
Resulta a lo menos paradójico que en Chile miles de hectáreas de terrenos de aptitud agrícola, ganadera o forestal, actualmente estén siendo destinadas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, que no cumplen con los mínimos estándares de sustentabilidad, con la mirada cómplice de un Estado Legislador ausente.
Aunque ya no es Presidente, su administración sigue siendo escrutada, como si continuara, cual incómodo fantasma en el Salón Oval.
Debemos anotar que, en el caso de la divulgación de opiniones, no existe norma alguna en la Constitución que establezca una especie de censura o filtro para su emisión. Solo se contemplan repercusiones posteriores a la circulación de una opinión.
La discusión de fondo es definir si la CC tendrá límites claros en el ejercicio del poder, o si estos serán límites difusos, situación que abre la puerta a ejercer el poder de forma abusiva o incluso ilimitada.
Para llegar a esta decisión la Corte Suprema se apoya en diversos instrumentos internacionales que consagran el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento, claramente sostenido sea en el derecho internacional de los derechos humanos.
Una propiedad estatal del recurso no necesariamente solucionaría todas las omisiones que la actual regulación contiene. Además, estatizar las aguas, inevitablemente, nos conduciría a discutir la necesidad o no de indemnizar a los actuales titulares de los derechos de aprovechamiento.
La teoría clásica del servicio público solo puede comprenderse cabalmente si se advierte que el carácter jurídico y políticamente determinante de las actividades que se elevan a la categoría de servicio público es la reserva estatal.
Actos como el de “ocupar o asaltar” violentamente las instalaciones del Capitolio, evidencia que hay un grupo de ciudadanos que no entienden el privilegio de contar con un órgano legislativo democrático.
Actualmente los litigantes, en especial la parte reclamante, debe crear su teoría del caso sustentándola en la mayor cantidad de medios probatorios posibles para que el tribunal llegue a la convicción acogiendo el reclamo tributario y por ende, las pretensiones del contribuyente.
Tenemos una vacuna adquirida apresuradamente, sin un respaldo científico concluyente de efectividad y sin contar con el almacenamiento apropiado para conservar su completa efectividad.
El acceso a las vacunas para enfrentar la pandemia Covid-19, desarrollada por diferentes laboratorios y cuya gratuidad sólo puede ser posible cuando es proporcionada por el Estado, desde el punto de vista de los derechos humanos, es posible a la libertad de investigación científica y al derecho a gozar de los beneficios de la ciencia, cuya consagración internacional se analiza.
El reconocimiento conceptual y jurídico de la Nación Mapuche por un tribunal de la República, a través de esta sentencia, da un paso que constituye un avance importante en este nuevo orden constitucional y político que parece vislumbrarse en nuestro país.
