La paridad de género, entendida como una manifestación de la equidad, es una aspiración muy razonable que deseamos se plasme en nuestra sociedad como una realidad permanente. Sin embargo, es deseable que ella se produzca como resultado de un cambio cultural que reconoce la capacidad de la mujer de hoy para asumir todo tipo de funciones y responsabilidades.

Por el contrario, no es conveniente ni aceptable que se genere a través de medidas coercitivas o políticas impositivas, las cuales llevan a extremos absurdos o que violentan la libertad de elegir y tomar decisiones, sobre lo suyo propio, a ciudadanos y entidades del sector privado. Tampoco es conveniente que se imponga a los Poderes del Estado.

Así, por ejemplo, es un absurdo y un abuso intentar provocar forzadamente la paridad de género en órganos de representación popular elegidos por los ciudadanos. Ello ocurrió en la elección de constituyentes cuando no se respetó la voluntad popular, torciendo los resultados, para provocar forzadamente dicha paridad, de modo que resultaron elegidos quienes no lo fueron y marginados quienes sí lo fueron.

Adviértase, que ahora la Convención quiere fijar, en el nuevo texto constitucional que se redacta, dicha paridad forzada para la elección de diputados y senadores, sin mostrar respeto alguno por los resultados electorales reales que reflejan la verdadera voluntad ciudadana.

Otro ejemplo que ilustra el absurdo al que puede llegarse en esta materia, es la proposición de varios constituyentes de imponer dicha paridad en la composición del Poder Judicial, lo que trae aparejado el riesgo que jueces y ministros resulten nombrados sin el mérito suficiente y sólo en razón de su sexo, desplazando a otros que sí tiene los méritos requeridos para su nombramiento.

Si la paridad forzada se impone como una política general, esta arbitrariedad puede también distorsionar los concursos y nombramientos en todos los ámbitos de la actividad social, desplazando a personas valiosas que serán postergadas sólo por ser hombres o por ser mujeres. Especial riesgo se presenta en los nombramientos del sector público.

En el plano de la actividad privada, en esta materia debe respetarse la libertad que tienen los particulares y las organizaciones privadas para formar sus equipos de trabajo, según lo entiendan más conveniente y es inaceptable que se pretenda imponerles cuotas de colaboradores por sexo.

En fin, la paridad de género es una cuestión de equidad de la mayor importancia para nuestra sociedad, la que debemos alcanzar de manera natural y creciente y en ningún caso imponerla forzadamente por motivos ideológicos o de conveniencia política, puesto que corremos el riesgo de caer en absurdos o en imposiciones que contrarían la igualdad de oportunidades o las libertades de nosotros los ciudadanos y sus organizaciones.

Sean estas líneas una clarinada al respecto. (Santiago, 12 abril 2022)