Artículos de Opinión

Un nuevo contrato social en Chile no debe ser una herramienta de venganza, sino un instrumento de conciliación nacional.

Los problemas constitucionales no son problemas de derecho sino de poder.

Están claras las exigencias que el chileno demanda en las calles, éstas eran medibles y perceptibles desde hace unos años si se toma en cuenta que a diario y por años tanto en las esferas familiares, personales, laborales, deportivas, profesionales, medios de comunicación entre otros; el chileno ha hecho saber su inconformidad con las políticas públicas en las que ha manifestado se encuentran injustamente en una posición desventajosa; la falta de respuestas favorables no se canalizaban y sus inconformidades se acrecentaban hasta que hubo el estallido social.

Entre las consignas de las personas que se encuentran hoy en las calles resaltan, la inconformidad con el salario mínimo que apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, las injustas pensiones, los aumentos en los servicios públicos, los cobros abusivos por el uso de las autopistas concesionadas a través del dispositivo TAG que en muchos casos por el sólo hecho de entrar y salir (literalmente) por las autopistas concesionadas se genera un pago, pagar por estacionarse en la vía pública, las deficiencias en el sistema de salud pública y, el reclamo al acceso a la educación universal y gratuita.

Actores políticos. Los representantes de los partidos políticos y funcionarios públicos adversos al gobierno de turno avalan las protestas y responsabilizan al presidente Piñera de ser el responsable del descontento social, atribuyéndole todas las políticas cuestionadas aun cuando muchas de ellas fueron impulsadas por otros mandatarios.

Los legisladores de oposición al gobierno sostienen un discurso partidista más que el que les corresponde de acuerdo al cargo que desempeñan y para el cual hicieron juramento, toda persona siendo electa para el ejercicio de funciones (públicas) debe desempeñarse como parte de los Órganos del Estado y sus dictámenes son de interés general no partidista.

Algunos Legisladores sostienen discursos es sus espacios públicos y redes sociales con mensajes que no son positivos, necesarios ni contribuyen a lograr cambios si no, que promueven la violencia.

El lenguaje soez con el que se dirige una Diputada en el que se refiere a sus rivales políticos de: “derecha coprófaga”, sólo dejan en evidencia el odio, el mal ejercicio de la función pública y el abuso del cargo con fines alejados para los que fueron electos, y la incitación al odio en nombre de la democracia, la justicia y el entendimiento al pueblo; lo que influye negativamente en sus seguidores, en especial en los más jóvenes.

Se puede apreciar en las redes sociales, en panfletos y grafitis en las calles mensajes de odio y consignas dejados por los manifestantes hacia el gobierno, con los mismo contenidos y términos que estos funcionarios opositores constantemente utilizan y promueven. Estas prácticas expresan el sentir y modo de actuar de quienes dicen buscar el bienestar para todos y un mejor futuro para el país, demostrando contradicción entre lo que predican y lo que hacen (la teoría y la práctica).     

Otro diputado de la misma coalición política de la diputada antes mencionada en un canal de televisión explicó que, para reducir el monto de la dieta de los parlamentarios contemplada en el artículo 62 de la Constitución, había que cambiar La Norma Suprema ya que en ella se establece que la dieta de los legisladores es equivalente a la remuneración de los Ministros de Estado. Desconoce el Diputado el contenido de la Constitución o lo maneja a su conveniencia para su pretensión de, una nueva Constitución con el engaño público a sus representados.

La postura del diputado es una conducta poco ética en el ejercicio de la función pública. Ciertamente el artículo en cuestión hace referencia a la equiparación de la dieta de los diputados y senadores equivalente a la remuneración de los Ministros de Estado, pero debería saber que no es en la Constitución que se establecen los montos, y que para bajar estos no es necesario una Asamblea Constituyente; salvo en su falacia.

Cuando se piensa y se actúa con odio y engaños según intereses propios e ideológicos, se carece de credibilidad y moral para pretender ser parte de cambios constitucionales. Esta clase de personas anticipan a sus representados que pueden ser objetos de una oferta pública engañosa, valga la expresión civilista.  

Estos actores políticos han desaprovechado los espacios públicos, medios de comunicación, y redes sociales para informar ya que los han usado para sembrar odio y engaño dando tardíamente un uso adecuado que es, informar a sus seguidores qué es un proceso constituyente, ya que a pesar de que no lo tienen muy claro, esa es una de sus peticiones.

Ser funcionario (a) público, no es sinónimo de funcionario (a) del partido político, esta creencia y práctica es algo que va fragmentado la institucionalidad que tanto reclaman los mismos que la están destruyendo.

El uso excesivo de la fuerza pública. Existen excesos por parte de los Carabineros y las Fuerzas Armadas llámense violación a los Derechos Humanos (DDHH), el Instituto Nacional de Derechos Humanos está realizando las actuaciones correspondientes al igual que el Ministerio Público para determinar y castigar judicialmente a los responsables.

Es bastante llamativo y cuestionable que, estos cuerpos entrenados para este tipo de acontecimientos actúen vulnerando los DDHH como si no tuviesen ningún tipo de entrenamiento y control sobre los hechos.

Nueva Constitución. Una de las principales exigencias tanto de los manifestantes como de los políticos opositores al gobierno electo legítimamente al que califican de dictatorial; es que hay que crear una Nueva Constitución.

La inconformidad y las exigencias principales de los manifestantes y de algunos sectores políticos se centra en la sustitución de la Norma Suprema, la principal razón que tienen ambos para aspirar el cambio de la Constitución Política de Chile vigente y crear una nueva es, que la actual Constitución fue redactada en épocas de dictadura y por ende, el país requiere un nuevo Contrato Social ya que estamos en democracia (criterio utilizado a conveniencia).

Es indiscutible el hecho de que las sociedades son cambiantes y en base a ello el Derecho y la Política, así como también es indiscutible que la Constitución vigente no tuvo su origen en democracia.

 Lo que es discutible son los, o el argumento principal que tienen tanto los manifestantes como políticos que pretenden una nueva Constitución que es, que hay que cambiarla porque es de la época de dictadura y viola sus derechos, muchos de ellos carecen de fundamentos concretos sobre el fondo ya que esa postura es de forma.

Es preocupante que el soberano pretenda una nueva Constitución influenciado por sectores políticos que ven en las necesidades de la sociedad beneficios para sus intereses ideológicos, y sacan provecho de la inconformidad con el sistema para lograr sus únicas pretensiones, la ruptura del orden social que justifique los cambios que ellos por los medios democráticos no han logrado.

Las mismas personas que a diario y por años han manifestado sus inconformidades con las políticas sociales, en sus esferas familiares, personales, laborales, deportivas, profesionales y en muchos otros entornos, carecen de argumentos concretos jurídicos y políticos sobre el contenido de la Constitución que pretenden cambiar. Se puede tomar una muestra en cualquier núcleo social e incluso, en las protestas y corroborar que: un número significativo de personas que quieren cambiar la Constitución desconoce el contenido de la misma y, aun así, exigen un Proceso Constituyente.

Políticos seguidores de sistemas autoritarios, impulsan y promueven una nueva Constitución para Chile y aspiran cargos como constituyentes. Estos actores políticos simpatizantes abiertos y de manera pública de gobiernos autoritarios están encabezando las exigencias para redactar un nuevo texto constitucional.

Estos futuros constituyentes de llegar a formar parte en la redacción de una nueva Carta Magna, son los que consideran que sólo hay dos tipos de pensamiento (derecha e izquierda), que la democracia es plena cuando son gobiernos de izquierda aunque sean impuestos como el de Venezuela y que son dictaduras los de derecha o centro derecha aunque sean electos como el de Chile, que los DDHH solo son vulnerados por los liberales, que los medios de comunicación deben decir lo que es  conveniente; son personas de armas tomar en su visión de pensamiento único.

El libreto a seguir de los autócratas en los procesos constituyentes son: cambios de nombre del país, modificación a los símbolos patrios, restricciones a la propiedad privada y la confiscación utilizada a modo de expropiación por causa de utilidad pública e interés social, limitaciones a los medios de comunicación privados y, exceso de libertades a los de su corriente política, criterios partidistas del “poder popular o, del Pueblo”, extender el periodo presidencial y cambiar la forma de Estado.

Su especialidad es el uso frecuente de las enmiendas, reformas y Asamblea Constituyente para ir cambiando la Constitución del Estado Social a, Estado Socialista, y así, crear una Constitución a la medida.

Ya vemos patrones repetidos y copiados de líderes autoritarios en el continente por políticos promotores del cambio constitucional en Chile, entre otras similitudes están: la juramentación para el ejercicio del cargo de un Senador comprometiéndose a lograr una nueva Constitución, la campaña en contra de los medios de comunicación privados que exponen sus irregularidades, el discurso divisorio a quien piensa distinto donde los de su tendencia son los patriotas y “el Pueblo” versus el “facho” o “escuálido” enemigo del Pueblo.

Estos personajes usan el mismo discurso repetido en todos los países y viven en las dictaduras del pasado para sembrar odio en el presente, se sostienen con promesas, instigación, descalificando, culpando y de falacias. Son expertos ejecutando políticas que afectarán a los rivales para beneficiar al “Pueblo”.

La carta bajo la manga de los líderes con miras autoritarias para ir por la vía más rápida a un Proceso Constituyente cuando los procedimientos vigentes son paulatinos es, acudir al órgano jurisdiccional ante el máximo intérprete de la Constitución para lograr el Proceso Constituyente sin necesidad de reformar la Constitución, ya que el soberano es el depositario del poder y esa es su voluntad.

Para concluir, más que un proceso constituyente la gran inquietud es que los actores políticos que lo proponen mantienen en sus discursos críticas y más críticas sin propuestas concretas, no ven en sus adversarios políticos con otra visión sino, enemigos que hay que odiar y combatir porque ellos representan el bien, y los demás el mal.

La gran interrogante que hay que tener presente es: ¿Se busca una Constitución para la sociedad como un todo y resolver las demandas del titular de la soberanía o, para la venganza y las conveniencias ideológicas de una sola corriente política?

Hay recientes referencias en el continente de estos resultados ideológicos antes expuestos, y, el “yo no creo”, también era una frase de cotidianidad de muchos exiliados hoy en Chile.  

Quienes deseamos un mejor futuro para Chile y América Latina, y no formamos parte de ninguna de las dos ideologías que históricamente mantienen la pugna por el poder político y económico, cuestionamos estos polos extremos en sus visiones de ver a la Política como una actividad para: hacer negocios, popularidad, populismo, improvisación, manipulación y arbitrariedades, y desconocer lo que realmente es, una Ciencia que hay que estudiarla, actualizarla, actualizarse, quererla, sentirla, y entenderla para poder ejercerla.

Por estas razones hay quienes viven de la política y no, para la Política. Los primeros por motivos personales, los segundos por vocación de servicio.

Aún no han llegado ni si quiera a entender conceptos elementales como pluralismo político, libertad de expresión y del pensamiento, ya que si estás en desacuerdo con alguna de sus posturas, eres del bando enemigo.

Para Carl Schmitt: el Poder Constituyente es “la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo”.

Quien suscribe de acuerdo a la actualidad se ajusta al criterio de Lassalle. “Los problemas constitucionales no son problemas de derecho sino de poder”. De ahí el peligro de que un sector pretenda usar esta herramienta como venganza contra sus adversarios políticos. (Santiago, 14 noviembre 2019)

 

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  1. Excelente aporte para quienes serán constituyentes……se requiere mucha convicción de Chile Vamos …. para contrarrestar la vocación de la Izquierda de desnaturalizar la carta de navegación…