El Derecho a la Salud es distinto y opuesto a la concepción consagrada en la actual Constitución y la propuesta constitucional actual, pues no se compone por una mera protección al acceso ni se articula en la libertad de elección. Por el contrario, es el derecho de toda persona por ser persona de tener el mayor y posible bienestar físico, mental y espiritual. Al respecto, se contraviene en ambas Cartas Fundamentales, la vigente y la que se plebiscitará, los principios de Disponibilidad y Accesibilidad.

En Chile, se observa un incumplimiento sustancial de los Principios de Integridad o Suficiencia, Solidaridad, Participación y No Discriminación, incluyendo los compromisos para combatir la discriminación económica, bajo el marco regulatorio de la Constitución de 1980, incluso después de las reformas implementadas tras la dictadura militar. Este incumplimiento se manifiesta claramente en el sistema de Seguridad Social, que no aborda de manera coherente y armoniosa todas las situaciones en las que una persona no puede trabajar debido a circunstancias ajenas a su voluntad, como la maternidad, el desempleo, la vejez o los accidentes laborales.

En nuestros tiempos hay más tecnología, pero menos comunicación y comprensión; hay más riqueza, pero menos vida y mucha depresión; hay más consumo, pero mucha más desigualdad; hay más conectividad, pero mayores barreras sociales entre unos y otros. El Derecho no es ajeno a esto, y no puede seguirse con la irracional separación conceptual entre moral y derecho, presuponiendo un rechazo a una vinculación lógica o necesaria entre ambos conforme al paradigma nominalista moderno.

Este artículo, desde una perspectiva crítica analiza de forma general e introductoria, desde el iusnaturalismo del personalismo y comunitarismo, la actual configuración jurídica, filosófica y social del Derecho del Trabajo y los cambios de paradigma que implica la propuesta de nueva Constitución que nos ofrece la Convención Constitucional, analizando las consecuencias jurídicas y sociales directas que implica el tratamiento normativo del Derecho al Trabajo en este borrador de Carta Fundamental.

Muchas son las dudas que trae el concepto de Estado ecológico, por ello, tal vez, esta reflexión sea atingente a este momento constituyente para dar una salida en la siguiente votación del informe de reemplazo de este último informe de la comisión número 5 rechazado en general. Por lo que se hace necesario reflexionar sobre la persona y la naturaleza, la base ontológica que fundamenta la existencia del Estado Ecológico; que no es otro que el carácter de común de los bienes abióticos y bióticos, como también, el contenido esencial del Derecho Humano a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y armónico, con los correlativos deberes del Estado que tiene por adjetivo el carácter de ecológico.

Una nueva sociedad que supere las heridas de la lejanía y distancia entre compatriotas, que libere el país de las desconfianzas y resentimientos, que sea esperanza para los trabajadores y empleadores para trabajar por el nuevo porvenir de un Chile despierto, solidario, humano, comunitario y justo, requiere que establezcamos un Estado Social y de Derecho. De lo contrario todo ha sido en vano y no podremos salir nunca de la crisis y cuestión social en que vivimos: es reforma o barbarie

Es claro afirmar que los pueblos originarios tienen derecho a la autodeterminación, a conservar, proteger y revitalizar sus instituciones, identidad, culturas, cosmovisión, tradiciones, formas de organización, vestimenta y lenguas. Y es el Estado quien tiene el deber de respetar y promover las culturas de los pueblos originarios, así como garantizar la realización de las prácticas culturales indígenas, debiendo toda medida de promoción ser previamente consultada al pueblo originario correspondiente.

Es recomendable para los convencionales reconocer que los Derechos Humanos tienen un grado normativo de carácter supraconstitucional, dando fe de que el texto constitucional está incompleto al servicio del intérprete jurídico, para que este lo complemente con elementos invisibles e intangibles de la dignidad humana anterior a la existencia del Estado. En este sentido, los DDHH son parámetro de control constitucional y criterio interpretativo de todo el ordenamiento jurídico, siendo autoejecutables y directamente vinculantes las sentencias de tribunales internacionales especialidades y dedicados a esa materia, tales como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Siguiendo en parte lo indicado por Eduardo Novoa Monreal, es claro que el ordenamiento jurídico de alguna forma es la expresión de las condiciones sociales que sustenta; siendo lo socialmente imperante determinado formalmente por el Derecho Positivo(1); al respecto, la propiedad no escapa de aquello en Chile, la cual tiene un acervo radicalizado sobre este derecho, fenómeno propio de los Estados liberales y de la sociedad capitalista.

Si deseamos pensar en un contenido sustantivo de los llamados Derechos Fundamentales sin caer en el absurdo de justificarlo por el irracionalismo volitivo o la coerción estatal, es ineludible decir que los verdaderos Derechos Fundamentales no deberían ser tales por estar en la Constitución; son tales porque emanan de la naturaleza humana, y no es facultativo reconocerlos: es obligatorio para el constituyente o el legislador expresarlos. Como señala Cicerón, “la ley suprema es el bien del pueblo”.