El tribunal sentenció que la decisión de la aseguradora fue tomada en base a una disposición reglamentaria contraria a los derechos humanos (DD.HH.), especialmente respecto de la obligación de regulación de los servicios de salud prestados por particulares. Igualmente, la Corte advirtió que, si bien posteriormente el régimen de hospitalización domiciliaria fue restituido a la menor en virtud de una decisión arbitral, y la disposición aplicada fue modificada, el riesgo de afectación a los derechos de la niña continúa hasta la fecha.