Si deseamos pensar en un contenido sustantivo de los llamados Derechos Fundamentales sin caer en el absurdo de justificarlo por el irracionalismo volitivo o la coerción estatal, es ineludible decir que los verdaderos Derechos Fundamentales no deberían ser tales por estar en la Constitución; son tales porque emanan de la naturaleza humana, y no es facultativo reconocerlos: es obligatorio para el constituyente o el legislador expresarlos. Como señala Cicerón, “la ley suprema es el bien del pueblo”.

Nos dice Ulpiano: “Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. Se trata, por tanto, de una virtud que no radica en el intelecto, sino en la voluntad de cada cual; se trata del ánimo de darle al otro lo que le corresponde y esta disposición no es algo que se presente en una oportunidad determinada (algo así como un chispazo) sino que se manifiesta en forma “constante y perpetua”, de modo que propiamente es justo aquel que permanentemente y en toda ocasión da a su prójimo “lo que es su derecho”.

La manera más buscada de aceptación, es intentar que la mayor parte de las posiciones decididas formen parte de las políticas de Estado, ya que estas se consideran convenientes y necesarias, sobre todo, porque procuran representar intereses nacionales comunes por sobre las contingencias ocasionales, al coincidir con conductas exteriores permanentes y desarrolladas por cualquier gobierno.

En el escenario actual, el uso de las tecnologías y los nuevos entornos digitales suponen como características esenciales la inmediatez, masividad y viralización de las informaciones, muchas veces falsas o alejadas de la realidad, lo que nos obliga a procurar fortalecer los niveles de protección para resguardar el derecho a recibir información veraz en los contextos digitales.

Ese artículo plantea el viejo problema del carácter supraconstitucional de ciertas disposiciones materiales de una Constitución. Si bien, el problema de su respeto o violación, no debería presentarse durante los trabajos de la Convención Constitucional, siempre podrá presentarse una vez adoptada la nueva Constitución (si es que lo es, en el caso que los constituyentes logran redactarla a tiempo), cuando el constituyente derivado estará en función. Tales disposiciones no solo son antidemocráticas, sino que también ineficaces y peligrosas.

Lo que debería hacer la Convención Constitucional es llevar la discusión despojada de abstracciones y plantear para Chile el sistema de gobierno que permita de la mejor manera alcanzar la eficiencia y eficacia del Estado al ejercer la función administrativa y de gobierno, así como la concordia ciudadana, tan escasa por estos días, a partir de un sistema compatible con la cultura política, social y económica nacional.

La positiva evaluación del proceso de inoculación, resultan de atención las posturas en contra de la vacunación que, de no revertirse, podrían generar un nuevo problema de salud pública a corto plazo. Esto nos enfrenta a las razones que sostienen las posturas de vacunación obligatoria versus vacunación voluntaria, en las que libertades de locomoción, reunión y el derecho de propiedad, entre otros, están implicados. La investigación acelerada que ha estado detrás de las vacunas en algunas personas ha devenido en incertidumbres y desconfianzas, que nos acercan a temas de ética en la investigación y en los métodos científicos utilizados.

Cuando los autores se refieren a la constitucionalización singular de un órgano de la Administración, lo hacen habitualmente como si se tratara de un dato histórico que da cuenta de una mayor importancia institucional de aquél a los ojos del Constituyente, pero sin mayores efectos jurídicos. Discrepamos abiertamente de ello, pues, en nuestra opinión, tal constitucionalización, incluso si se hace con mínima densidad (esto es, la Constitución sólo lo menciona), produce efectos jurídicos de la mayor trascendencia.

Es importante señalar que este año trae consigo dos tipos de elecciones en Latinoamérica: 1) Las Elecciones Calendarizadas; y 2) Las Elecciones No Calendarizadas. Estas últimas son aquellas cuya fecha de realización no se encuentra expresamente señalada en la legislación electoral de cada país y, por ende, son los organismos políticos y/o electorales los que, previa coordinación, definen la fecha de la jornada electoral, como es el caso chileno que dispondrán de una cédula de sufragio que contendrá la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?

Se olvida absolutamente esta sala de la I. Corte de Apelaciones del control de convencionalidad, lo que nuevamente pone en cuestionamiento a los órganos superiores del Poder Judicial y en definitiva su compromiso con un efectivo respeto de los derechos humanos de parte del estado de Chile; adicionalmente se podría suponer, respetuosamente y en estricto sentido técnico del concepto, ignorancia supina, esto es, “negligencia en aprender o inquerir lo que puede y debe saberse”.