Columnistas

Alejandro Cárcamo
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Talca. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Doctorando en Derecho por la Universidad de Talca. Profesor de Derecho Administrativo Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Talca. Profesor Magíster en Derecho LLM Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Derecho Público Universidad Central. Autor de diversas publicaciones de su especialidad.

Acuerdo de Escazú: algunas dificultades para su suscripción por parte del Estado de Chile. Entre las razones jurídicas, políticas, económicas y sociales.

Nos parece razonable el cambio de rumbo decidido por el actual Gobierno, en cuanto a firmar y someter a la aprobación del Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, para, finalmente, ser Estado parte en el tratado. Consideramos, ello sitúa en su debida importancia la temática relativa a la protección del medio ambiente, democratizándola.

25 de junio de 2022


Propiedad privada y nueva Constitución: Definiciones legítimas, pero no por ello exentas de análisis y críticas.

En la regulación analizada se incurre en una impropiedad, por cuanto exceptúa de la titularidad del derecho de propiedad sobre los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, lo cual, en términos estrictamente jurídicos, es una limitación para adquirir el dominio de tales bienes, tal y como aparece actualmente prescrito en el artículo 19 N° 23 de la Carta Fundamental.

5 de mayo de 2022


Algunos comentarios al dictamen E160316-2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, de la Contraloría General de la República: ¿El principio del fin de las Corporaciones Municipales?

El origen del pronunciamiento, es una consulta realizada por la I Contraloría Regional Metropolitana en cuanto a la posibilidad de que las corporaciones municipales queden sometidas a dichos cuerpos normativos, atendido las funciones eminentemente públicas que desarrollarían, sumado a la finalidad de atender las crecientes exigencias en materia de transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública; precaver conductas contrarias a la probidad administrativa, y resguardar debidamente los recursos públicos.

16 de diciembre de 2021


La información previa a la iniciación de un procedimiento administrativo regulado por la Ley N° 19.880. Una institución escasamente desarrollada y limitadamente utilizada por la Administración del Estado.

Cabe señalar que el ejercicio de esta potestad administrativa es facultativo y, por ende, eminentemente discrecional, es decir, el órgano tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias para determinar la necesidad de abrir un periodo de información previa, siempre, antes de adoptar la decisión de iniciar un procedimiento administrativo -lo que también es discrecional-.

28 de julio de 2021


El control judicial de las medidas restrictivas de derechos durante la crisis sanitaria.

Considerando que el conocimiento técnico corresponde a los órganos competentes de la Administración del Estado, no es menos cierto que, aspectos tales como la motivación -razonabilidad-, sí pueden y deben ser controlados, so riesgo de transformarse en una instancia irrespetuosa de los derechos de las personas.

12 de febrero de 2021


Sentencia que ordena a la AFP restituir al recurrente de protección la totalidad de sus fondos previsionales: un fallo inédito pero con serias deficiencias dogmáticas.

Estimamos que la sentencia no aplica un criterio de hermenéutica adecuado que permita la vigencia armónica de ambos derechos, sino que derechamente, anula el derecho a la seguridad social por la vía de darle preeminencia al derecho de propiedad.

24 de marzo de 2020


Proceso Constituyente, nueva Constitución Política de la República y Derecho Administrativo.

Me parece necesario resaltar, que la participación de quienes nos especializamos en derecho administrativo, resultará esencial, puesto que muchas decisiones que se adopten en dicho proceso constituyente, impactarán sensiblemente en nuestra disciplina jurídica.

23 de diciembre de 2019


Aplicabilidad y obligatoriedad del plazo, como requisito de admisibilidad, para interponer una Acción de Protección de Garantías Constitucionales.

En recientes fallos pronunciados por nuestra Corte Suprema, es posible advertir la existencia del voto en contra del Ministro Señor Sergio Muñoz, para quien dicho plazo en la actualidad no sería obligatorio y, por tanto, exigible como requisito de admisibilidad de una acción de esta naturaleza.

24 de julio de 2019


Comentario a la columna del profesor Román Cordero titulada «Sentencia del TC Rol N° 3.853: ¿Hacia la deslaboralización de la función Pública?»

Nos parece que la competencia de los tribunales del trabajo para conocer de acciones deducidas contra la Administración del Estado, debe ser resuelta expresa e inequívocamente por vía legislativa.

25 de enero de 2019


Límites de las potestades normativas de las Municipalidades.

Las ordenanzas municipales, sin perjuicio de tener una legítima finalidad, nos parece desbordan el ámbito competencial material de la actividad regulatoria municipal.

3 de diciembre de 2018