Una función administrativa se plantea en la resolución de conflictos, en que el Estado se encuentra obligado a brindar protección a bienes jurídicos, que sólo afectan un interés general, es decir, que sólo brindan una protección mediata o refleja del individuo. Para ello, el legislador puede, o bien limitar la libertad de un individuo (ej. requisitos sanitarios); o bien otorgar al particular un poder jurídico para exigir una conducta positiva del Estado, sin limitar la libertad de otro individuo (ej. prestaciones directas de derecho social o deberes de protección).

Analizaremos en el presente artículo, cuál ha sido el tratamiento que ha recibido el delito de negacionismo por parte del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Federal Constitucional de Alemania, con el objeto de aportar recomendaciones y críticas al proyecto de ley tramitado en Chile sobre esta materia.

La doctrina de la jerarquización adelanta la decisión, sin tomar en consideración las condiciones que rodean la situación de contexto, en la medida en que determinada norma tendría prevalencia absoluta. La relación absoluta de prevalencia impediría la existencia de un conflicto de normas que sirve de justificación al método de ponderación.

En el caso de la pandemia que hoy vivimos las posibilidades de daño como consecuencias de la propagación de noticias falsas puede muy intenso. El gran riesgo es que cualquier falsedad que gane fuerza puede anular la importancia de un conjunto de hechos verdaderos.