Columnistas

Cristian Román

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Profesor Asistente de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile.


Los sorteos en el Derecho Público.

El empleo de sorteos para la adopción de determinadas decisiones por los órganos del Estado, ya sea por disposición del Ordenamiento Jurídico o por la práctica de la Administración, es bastante más extendido de lo que podría haberse pensado en una primera aproximación. Los sorteos llevados a cabo por los órganos del Estado, ya sea por disposición del Ordenamiento Jurídico o por la práctica de la Administración, deben observar una serie de requisitos de forma y de fondo.

28 de septiembre de 2022


El Derecho a la Búsqueda de la Felicidad (a propósito de la primera Junta de Gobierno).

Columnista analiza el preámbulo de la primera ley de Chile (1811), en la que dicha Junta parafrasea la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, abriendo una discusión que persiste hasta el día de hoy, a propósito del Derecho a la Búsqueda de la Felicidad, patente incluso en la actual “cuestión constitucional”.

16 de septiembre de 2022


El prestigio de la Administración del Estado.

El Estatuto Administrativo establece una serie de deberes de los funcionarios públicos cuya contravención puede ser sancionada disciplinariamente. Y, entre ellos, destaca muy especialmente el deber de “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo” (artículo 61, letra i) por al menos dos razones: (i).- por la inespecificidad de dicha conducta (sin perjuicio de que la jurisprudencia administrativa, casuísticamente, la ha ido precisando), y (ii).- por el hecho de que no sólo comprende actuaciones en el servicio sino también fuera de él, vale decir, en la esfera de la vida privada del funcionario público.

2 de septiembre de 2022


Crisis Moral de la República.

En el Discurso sobre la Crisis Moral de la República, Mac-Iver describe el estancamiento de Chile a comienzos del Siglo XX, y analiza sus causas. En su concepto, la moralidad pública, “hija de la educación intelectual y hermana del patriotismo”, es la que da eficacia y vigor a la función del Estado, y cuya falta produce, a la larga, “daño del bienestar común, del orden público y del adelanto nacional”, y que no es sancionada por jueces ordinarios (como la “comisión de raterías”), sino con “la decadencia nacional” y por “la historia”.

10 de agosto de 2022


Borrador y Responsabilidad del Estado-Administrador.

El principio de responsabilidad patrimonial del Estado sólo importa que éste, de la misma manera que cualquier agente del tráfico jurídico, puede ver comprometida su responsabilidad patrimonial por el daño que su actuar ocasione a una o más personas; en otras palabras, de ser aprobada la nueva Constitución, conforme a éste, el Estado a priori no tendría reconocidas (ni el Legislador podría reconocerle) márgenes o parcelas de irresponsabilidad.

13 de junio de 2022


Borrador y Derecho Administrativo Sancionador.

El Borrador se refiere a las sanciones administrativas, por lo que, en caso de ser aprobada la nueva Constitución, ésta expresamente las reconocería (y validaría), lo que la Constitución vigente no hace (aun cuando sí lo ha hecho la jurisprudencia.

30 de mayo de 2022


Nueva Constitución y Justicia Administrativa.

La Administración debe necesariamente conformarse a los límites que representan la Constitución y las leyes, lo cual se conoce como principio de legalidad/juridicidad. Si lo contraviene, ya sea por acción u omisión, las personas afectadas pueden reclamar ante un tribunal a fin de que éste declare la ilegalidad, la nulidad, el deber de actuación, una situación jurídica, el derecho a ser indemnizado, etcétera. Todo ello es precisamente lo que comprende la Justicia Administrativa.

25 de mayo de 2022


Derecho Administrativo Sancionador y prescripción.

La Contraloría General de la República, a través del dictamen Nº 24.731-2019 reconsideró su jurisprudencia administrativa histórica sobre esta materia, y estableció que ahora cabía aplicar supletoriamente, como Derecho Común, ya no el Código Penal (6 meses), sino que el Código Civil (5 años). Y así alineó su jurisprudencia administrativa con la reciente jurisprudencia judicial de la Corte Suprema.

12 de mayo de 2022


La constitucionalización singular de órganos de la Administración.

Cuando los autores se refieren a la constitucionalización singular de un órgano de la Administración, lo hacen habitualmente como si se tratara de un dato histórico que da cuenta de una mayor importancia institucional de aquél a los ojos del Constituyente, pero sin mayores efectos jurídicos. Discrepamos abiertamente de ello, pues, en nuestra opinión, tal constitucionalización, incluso si se hace con mínima densidad (esto es, la Constitución sólo lo menciona), produce efectos jurídicos de la mayor trascendencia.

17 de enero de 2022


Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 12.120-2019: un grave atentado al ejercicio de la profesión de abogado.

La parte conflictiva del dictamen explicitó un cambio de criterio de la Contraloría General de la República en relación a la referida expresión “acciones civiles”, pasando desde una interpretación restringida, cual era su jurisprudencia administrativa histórica –vigente por 43 años-, a una amplia, la más amplia que es posible, y que, por ejemplo, a diferencia de la anterior, comprende incluso un recurso de protección.

6 de diciembre de 2021