El autor nos recuerda algunas de las ideas desarrolladas por Jenaro Prieto en sus columnas de opinión, publicadas en las décadas de los años 20`s y 30`s del Siglo XX, referidas al Estado y al Derecho.

El autor analiza críticamente el anteproyecto de la comisión experta en lo que se refiere a la potestad sancionadora. Por una parte, cuestiona el eventual tratamiento de esta materia a nivel constitucional, y por otra, el contenido del texto propuesto. Concluye que, en caso de prosperar, se generaría el desmantelamiento del Derecho Administrativo Sancionador chileno, con el menoscabo de los derechos y garantías de las personas frente a la Administración sancionadora.

Los constituyentes de reforma y de “nueva constitución” tienen límites (aunque distintos), razón por la cual si los infringen, la innovación constitucional que introducen deviene en inconstitucional. Por tanto, la respectiva norma constitucional sería, una norma constitucional inconstitucional. Así, en tanto ella ocasione daños a uno o más particulares, da origen a la responsabilidad del Estado-constituyente en base al factor de atribución “inconstitucionalidad”. Si se estimara que ello no es viable, cabe prescindir del desvalor de la conducta, y centrarse en el desvalor del resultado. En otras palabras, la responsabilidad del Estado-constituyente se reconduciría a través de la denominada responsabilidad “sin falta” (o si se quiere, por “actuación lícita”).

El Derecho Administrativo, por regla general, establece “moldes”, en pos de la uniformidad, tal como acontece con el Gobierno y Administración Interior del Estado. Con todo, a veces es necesario romperlos. Simplemente, porque no se puede igualar lo que no es igual. Y eso es precisamente lo que acontece con los Territorios Especiales. Aunque siempre reconociendo al menos dos límites: (i).- Ellos deben ser especiales (por tanto, no pueden abarcar gran cantidad del territorio nacional de suerte tal que dejen de ser tales y se conviertan en la generalidad); y (ii).- No pueden poner en entredicho el Estado unitario, en especial a través de sus respectivos estatutos especiales.

La hiperconstitución tiene como efecto más patente el que, bajo su imperio, los órganos constituidos, no podrán adoptar, total o parcialmente, decisiones que naturalmente les corresponden, sino que ejecutar aquéllas adoptadas previamente por el hiperconstituyente, pasando así a ser simples ejecutores de lo decido por éste.

Conforme a esta jurisprudencia de la Corte Suprema, que llamo “proporcionalidad-igualitaria”, la Administración, al momento de determinar la sanción a aplicar en un caso concreto, no sólo deberá considerar las reglas dispuestas al efecto por la ley, sino que también su práctica pasada, esto es, las sanciones que ha aplicado con anterioridad a “eventos semejantes”, “situaciones de similar entidad” o “precedentes asimilables”.

El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos impone a la Administración el deber de conformarse a la norma administrativa que ella misma ha dictado, sin que pueda, al decidir situaciones concretas en relación a ella, admitir la excepción. En otras palabras, y conforme hemos señalado en otra oportunidad, las normas administrativas “vinculan tanto a los administrados como a la propia Administración. Por tanto, no es admisible que ésta, al resolver respecto de una situación específica de la que conozca y en la que la norma administrativa que ella misma ha dictado tiene incidencia, exima su aplicación.

El columnista se pregunta si la Administración del Estado puede o no sancionar disciplinariamente a un funcionario público que ha incurrido –o participado- en una infidelidad matrimonial. Concluye que no, entre otras razones, porque, si pudiera hacerlo, contravendría la Constitución, en tanto “asegura a todas las personas”, incluidos los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, el “respeto y protección de la vida privada” (artículo 19, Nº 4).

El empleo de sorteos para la adopción de determinadas decisiones por los órganos del Estado, ya sea por disposición del Ordenamiento Jurídico o por la práctica de la Administración, es bastante más extendido de lo que podría haberse pensado en una primera aproximación. Los sorteos llevados a cabo por los órganos del Estado, ya sea por disposición del Ordenamiento Jurídico o por la práctica de la Administración, deben observar una serie de requisitos de forma y de fondo.

Columnista analiza el preámbulo de la primera ley de Chile (1811), en la que dicha Junta parafrasea la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, abriendo una discusión que persiste hasta el día de hoy, a propósito del Derecho a la Búsqueda de la Felicidad, patente incluso en la actual “cuestión constitucional”.

El Estatuto Administrativo establece una serie de deberes de los funcionarios públicos cuya contravención puede ser sancionada disciplinariamente. Y, entre ellos, destaca muy especialmente el deber de “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo” (artículo 61, letra i) por al menos dos razones: (i).- por la inespecificidad de dicha conducta (sin perjuicio de que la jurisprudencia administrativa, casuísticamente, la ha ido precisando), y (ii).- por el hecho de que no sólo comprende actuaciones en el servicio sino también fuera de él, vale decir, en la esfera de la vida privada del funcionario público.

En el Discurso sobre la Crisis Moral de la República, Mac-Iver describe el estancamiento de Chile a comienzos del Siglo XX, y analiza sus causas. En su concepto, la moralidad pública, “hija de la educación intelectual y hermana del patriotismo”, es la que da eficacia y vigor a la función del Estado, y cuya falta produce, a la larga, “daño del bienestar común, del orden público y del adelanto nacional”, y que no es sancionada por jueces ordinarios (como la “comisión de raterías”), sino con “la decadencia nacional” y por “la historia”.

El principio de responsabilidad patrimonial del Estado sólo importa que éste, de la misma manera que cualquier agente del tráfico jurídico, puede ver comprometida su responsabilidad patrimonial por el daño que su actuar ocasione a una o más personas; en otras palabras, de ser aprobada la nueva Constitución, conforme a éste, el Estado a priori no tendría reconocidas (ni el Legislador podría reconocerle) márgenes o parcelas de irresponsabilidad.

El Borrador se refiere a las sanciones administrativas, por lo que, en caso de ser aprobada la nueva Constitución, ésta expresamente las reconocería (y validaría), lo que la Constitución vigente no hace (aun cuando sí lo ha hecho la jurisprudencia.

La Administración debe necesariamente conformarse a los límites que representan la Constitución y las leyes, lo cual se conoce como principio de legalidad/juridicidad. Si lo contraviene, ya sea por acción u omisión, las personas afectadas pueden reclamar ante un tribunal a fin de que éste declare la ilegalidad, la nulidad, el deber de actuación, una situación jurídica, el derecho a ser indemnizado, etcétera. Todo ello es precisamente lo que comprende la Justicia Administrativa.

La Contraloría General de la República, a través del dictamen Nº 24.731-2019 reconsideró su jurisprudencia administrativa histórica sobre esta materia, y estableció que ahora cabía aplicar supletoriamente, como Derecho Común, ya no el Código Penal (6 meses), sino que el Código Civil (5 años). Y así alineó su jurisprudencia administrativa con la reciente jurisprudencia judicial de la Corte Suprema.

Cuando los autores se refieren a la constitucionalización singular de un órgano de la Administración, lo hacen habitualmente como si se tratara de un dato histórico que da cuenta de una mayor importancia institucional de aquél a los ojos del Constituyente, pero sin mayores efectos jurídicos. Discrepamos abiertamente de ello, pues, en nuestra opinión, tal constitucionalización, incluso si se hace con mínima densidad (esto es, la Constitución sólo lo menciona), produce efectos jurídicos de la mayor trascendencia.

La parte conflictiva del dictamen explicitó un cambio de criterio de la Contraloría General de la República en relación a la referida expresión “acciones civiles”, pasando desde una interpretación restringida, cual era su jurisprudencia administrativa histórica –vigente por 43 años-, a una amplia, la más amplia que es posible, y que, por ejemplo, a diferencia de la anterior, comprende incluso un recurso de protección.

Los “tecnoptimistas” han planteado derechamente el fin de la Justicia tal como hasta el día de hoy la conocemos, pues han anunciado el reemplazo del juez-humano por el juez-robot. Al efecto destacan ciertas ventajas que tendría este último: juzgaría con mayor rapidez y maximizaría la igualdad ante la ley. Respecto de lo primero, recuerdan que el tiempo es oro y que en tribunales, justicia; y respecto de lo segundo, los distintos estudios que afirman que las decisiones de los jueces-humanos varían según éstos tienen hambre o no; en tanto que, destacan, el algoritmo no tiene hambre.

Históricamente las constituciones, como reacción al “Antiguo Régimen”, pretendieron prioritariamente contener al (nuevo) Poder dentro de límites precisos y acotados. Para ello emplearon diversas técnicas tales como la división de poderes y los derechos de las personas. No en vano la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), en su artículo 16, planteó tajantemente que “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución”.

En Chile esta singularísima forma de actuación de la Administración, lamentablemente, no está expresamente reconocida ni regulada por la Legislación (ni aun la Ley Nº 21.180, sobre Tranformación Digital del Estado, cuya vigencia está diferida, la aborda), no obstante ser ello muy necesario atendido el hecho que a través de ella se puede encauzar nada más ni nada menos que el ejercicio de potestades públicas que como tales podrían incidir en derechos de las personas.

En no pocas oportunidades, más de las que quisiéramos por cierto, ellas están excediendo los límites que importan, entre otros, las funciones y atribuciones de las municipalidades, y nuestros derechos y libertades.

Al acoger este requerimiento de inaplicabilidad respecto de un recurso de unificación de jurisprudencia, el TC ha excedido los límites que la Constitución le precisa para el ejercicio de la atribución en cuya virtud declara la inaplicabilidad de preceptos legales.

Estimo que no es admisible que los órganos de la Administración bloqueen en Redes Sociales a otros usuarios, ni aun si dicho bloqueo obedece a que el usuario bloqueado se dirigió a ellos, por esa misma vía, en términos groseros y/o violentos (conducta habitualmente conocida como «trolear» o «troleo»).

No obstante su creciente importancia, las ordenanzas municipales no están sometidas al trámite de toma de razón (artículo 53 de la LOCM), sin perjuicio del control que corresponde efectuar a la Unidad de Control Municipal.

Surge la interrogante sobre cuál es la naturaleza jurídica de los tweets publicados en las cuentas de Twitter de la Administración, y en específico si pueden ser considerados como actos administrativos, y en caso que de una respuesta negativa, si pueden tener con éstos alguna vinculación.

La deseada y necesaria maximización del proceso de regionalización en Chile, precisa, hoy por hoy, de una correcta inteligencia del “contenido” del artículo 114 de la Constitución.