Si bien el gobierno dejó sin efecto resolución (se cambiaba el nombre de la institución «Primera Dama» por el de “Gabinete Irina Karamanos”) aduciendo un “error administrativo”, este no debe mirarse como un simple error administrativo. Jurídicamente existió una inobservancia a la Constitución y a las leyes que rigen en nuestro Ordenamiento Jurídico, toda vez que afectaba principios fundamentales del Estado de Derecho, como el de competencia, principio de reserva legal y de juridicidad.

Si bien las nuevas competencias son asignadas al Gobierno Regional, como estructura orgánica propiamente tal, ello implica como consecuencia nuevas funciones para el Gobernador Regional, por ejemplo, en materia de desarrollo social y humano, infraestructura, transporte y fomento productivo, ordenamiento territorial.

Si bien la sociedad ha decidido cambiar las reglas que nos rigen, mientras no tengamos vigente una nueva Constitución, es obligatorio para todos los órganos del Estado, para toda persona, institución o grupo observar y cumplir los mandatos constitucionales de la Constitución de 1980.

Si la ciudadanía quiere redactar el nuevo texto, la clase política en general, y los partidos políticos en particular, debiesen facilitar la participación de ciudadanos independientes.

Todos nuestros textos constitucionales incluyendo los reglamentos que han regido la vida republicana, han sido redactadas por una elite, ya sea política, económica o intelectual, pero jamás se ha consultado a los ciudadanos por dicho cambio, y así tampoco se ha considerado su participación.

Ahora sobrevivir se convierte en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Los propios ciudadanos, sin mayores cuestionamientos, le pedimos al Estado la mayor intervención posible en la esfera de nuestros derechos fundamentales. El Estado por su parte se debate entre el dilema de protegerlos y la mantención del sistema económico.

Hay algunos que hablan de cerrar ciudades, ahí yo tengo mis reparos, ya que una medida como esa afectaría derechos fundamentales, como por ejemplo, el libre desplazamiento de las personas.

Los problemas de injusticia social y de falta de equidad que presentamos como sociedad chilena no se resolverán a través de una nueva Constitución, pero sin lugar a dudas permitirá materializar cambios estructurales sustanciales que contribuyan a su resolución.

Pareciera que el problema no es la falta de legitimidad de sus autoridades, sino más bien, de los sistemas de nombramientos en virtud de los cuales se legitima el ejercicio del poder público, en los cuales por cierto, debe incluirse la participación de los destinatarios de ese poder.

El año 2015 será recordado no sólo como el año de la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia la clase política chilena, sino también como el año de las grandes catástrofes y desastres naturales a lo largo del territorio nacional.

Los funcionarios involucrados sean del ejecutivo o del legislativo, o cualquier otro funcionario que desempeña una función pública en casos de la naturaleza de los conocidos, a lo menos debiese suspender el ejercicio de su cargo.

Mucho se ha discutido en el último tiempo sobre el tema en instancias académicas, políticas y sociales. Por eso hoy más que nunca cobra especial relevancia y atingencia la pregunta que hace más de 40 años atrás formulara K.C. Wheare en su obra Modern Constructions, y que hoy motiva estas líneas. Mediante la Constitución la […]

Como ya hemos sostenido en otro lugar, la región ha sido debilitada tras la Reforma Constitucional de 2005 introducida en virtud de la Ley Nº 20.050, al eliminar  del inciso primero del artículo 3º de nuestra Ley Fundamental, la oración “(…) su territorio se divide en regiones”. A lo que debemos agregar que su número […]

Con un alto nivel de compromiso, seriedad y con el ímpetu propio de la juventud, un selecto grupo de jóvenes profesores, nacionales y extranjeros, pertenecientes al denominado “Circulo Nuevas Perspectivas en Derecho Público”, durante el año 2010 se avocaron a una  ardua tarea tendiente a dar cuenta de las nuevas tendencias del Derecho Público. Fruto […]