El caso más reciente es el de Star Wash, una disputa legal entre esta empresa chilena de lavado de autos y Lucasfilm, la compañía dueña de los derechos de la franquicia «Star Wars». Star Wash usó la temática de «Star Wars» en su publicidad y diseño, utilizando referencias a la saga para promocionar sus servicios. En este contexto, Lucasfilm interpuso una demanda de oposición ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”) en contra del registro marcario intentado por Star Wash.

Para intentar determinar la fisionomía del derecho al olvido, ha expuesto el máximo Tribunal que han de considerarse, caso a caso, distintos criterios, tales como:  la existencia de un interés público relevante que prevalece; la falta de actualización de los datos; la irrelevancia actual del dato; el exceso de datos comunicados en relación a la finalidad perseguida; la  modificación en las circunstancias que impediría cumplir con la finalidad original; que la información se refiera a personajes públicos; fines estadísticos, históricos o artísticos; o la afectación concreta al derecho fundamental que se “sacrifica” con la medida, lo que se traduce en la necesidad de probar la afectación y el perjuicio que experimenta el recurrente.

En dicho reportaje se expone que el 27 de febrero de 2020 en el Festival de Viña del Mar se conmemoró el décimo aniversario del terremoto del 27F, razón por la cual se mostró a tamaño gigante la icónica imagen del “hombre de la bandera”. Bruno Sandoval, el protagonista de la instantánea tomada en medio de los escombros de la localidad de Pelluhue, acusó que nadie le pidió autorización para utilizar la foto en el festival.

No sólo a personas de notoriedad pública o que desarrollan una actividad comercial en torno a su imagen se les puede afectar por su uso no consentido de la misma, sino que también en casos de personas privadas respecto de los que se haga un uso de su imagen sin su consentimiento.

A pesar de reconocerse diferencias entre conceptos como la autodeterminación informativa y el derecho a la protección de datos personales, dada la difusión, aceptación y uso en Chile del concepto del derecho a la protección de datos personales –tanto a nivel constitucional como legal- se opta por usar esta denominación.

En Chile, al observar la Constitución Política de la República y la legislación nacional, es posible afirmar que el derecho al olvido no se encuentra consagrado expresamente.

Si bien se pudo llegar a un acuerdo entre los abogados del actor y los emprendedores (se dejará de usar la imagen del actor en la marca y sus productos, pero se podrá continuar haciendo uso del nombre «Miel Gibson»), este caso entrega la oportunidad de analizar los aspectos de derecho involucrados.

Si bien las funas pueden realizarse posteriormente a una declaración judicial, que establezca la inocencia o culpabilidad del funado, los efectos más perniciosos de estas se producen cuando no ha mediado pronunciamiento de un tribunal.

La honra no a sido definida por la Constitución Política de la República ni tampoco por la legislación, por lo que se ha señalado que es un concepto indeterminado y mutable.

Ni el derecho a la propia imagen, ni el derecho a la propia voz se encuentran reconocidos expresamente en la Constitución Política de la República, como sí ha ocurrido en otros países.

Hay que permitir el ejercicio de la libertad de expresión en sus distintas manifestaciones y medios, sin distinguir si esta se usa para expresar ideas con las que estamos o no de acuerdo; o si se usa para criticar o defender a instituciones, a la política o a los políticos.

Examinando el depósito que se celebra con los bancos, la CS establece que «al recaer el depósito en una suma de dinero que no está destinada a mantenerse en arca cerrada, se presumirá que se permite emplearlo, quedando obligado el depositario a restituir igual cantidad en la misma moneda…»

Sin perjuicio de encontrarse reconocida la posibilidad de que las entidades crediticias procedan a la cobranza extrajudicial de sus créditos, ya sea por si mismas o por terceros contratados por ellas, no puede procederse a un ejercicio abusivo de la misma.

La configuración del Derecho a la Propia Imagen en nuestro país no ha estado exento de complicaciones, toda vez que no ha sido reconocido explícitamente como un Derecho Fundamental en nuestra Constitución ni en las leyes.

Si bien las funas pueden realizarse posteriormente a una declaración judicial, sea que se establezca la inocencia o culpabilidad del funado, los efectos más perniciosos de estas se producen cuando no ha mediado pronunciamiento de un tribunal.

Los hechos que motivaron este pronunciamiento de la CS fueron grabaciones que se obtuvieron, por parte de trabajadores descolgados de un proceso de huelga que buscaban obtener respuestas sobre su situación laboral, en el contexto de una reunión realizada en las dependencias de una empresa.