En la Convención Constitucional, el debate sobre la regulación estatal de precios se dará en el contexto del debate mayor sobre el orden público económico, pero constituirá uno de sus capítulos más importantes.

Aunque la historia enseña que en este tipo de convenciones, generalmente, se llega a un alto consenso, el quorum de dos tercios establecido para aprobar cualquier disposición determina la posibilidad de que tal evento no acaezca.