Si el Director Nacional del Servicio Electoral no lo ha hecho, o ha sido negligente en el uso de los mecanismos de control respecto de quienes debían cumplir sus instrucciones, entonces tiene responsabilidad política.

El principio de legalidad penal no debe ser superado ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, como es la epidemia de COVID, menos todavía cuando los tribunales intentan darle artificialmente el carácter de instrumento público a los certificados de Comisaría Virtual.