El ajuste al principio de legalidad que es esencial en el Derecho Público llevaba a visualizar el alcance del artículo 33 letra m como la obligación de que, al ejercer sus funciones privativas en materia de acceso a documentos, actos, contratos o resoluciones de los OAE (y al dictar las respectivas Decisiones de Amparo) se velara teniendo presente que -de contenerse DP- debía protegerse la finalidad única y de servicio público de su recopilación, la confidencialidad o el secreto general y transversal de ellos,  la necesidad de su tratamiento seguro y diligente y el considerarlos excluidos del alcance del inciso segundo del artículo 5° y del inciso segundo del artículo 10°.  Pero bueno, derogada la norma se acabará la contrariedad.

Dichos resultados nos dicen que la diferencia entre ambas opciones terminó siendo mucho más amplia de lo que se esperaba. Entonces, en una primera aproximación, y tomando en consideración que esta es la segunda vez que Chile rechaza una propuesta de Nueva Constitución, podemos afirmar que estamos ante un rotundo fracaso de la clase política chilena que impulsó la aprobación de una Nueva Constitución, primero desde la izquierda y ahora desde la derecha.

La principal novedad de la propuesta constitucional en materia de gobernanza judicial recae en la creación de aquel órgano encargado del nombramiento de los integrantes del Poder Judicial. En específico, el art. 162 crea un órgano encargado de la designación o nominación, según sea el caso, de jueces tanto de los tribunales superiores de justicia como de los juzgados letrados.

A diferencia de las prácticas punitivas tradicionales, la justicia restaurativa promueve procesos colaborativos centrados en la protección de las víctimas y la participación activa de los involucrados. Esta corriente ha ganado terreno en sistemas jurídicos avanzados, donde Chile parece rezagado en su implementación, a pesar de la necesidad de una transformación legal integral para abordar las complejidades de la delincuencia y mejorar la confianza en las instituciones estatales.

Una innovación en la competencia del Tribunal de la Contratación Pública, es la posibilidad para conocer de la acción de impugnación interpuesta contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos durante la ejecución de un contrato administrativo con los organismos del Estado. Esta es una de las novedades más relevantes de la reforma a la Ley Nº 19.886, por cuanto implica ampliar la competencia del Tribunal a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que ocurran durante la ejecución, esto eso, desde la suscripción del contrato totalmente tramitado hasta la extinción del mismo.

El objetivo de esta norma es algo que ya inspira a varias leyes de nuestro ordenamiento jurídico, como son la ley N° 20.380, sobre protección de animales y la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable, ambas leyes que contienen normas para proteger a los animales y promover la educación en sus propios ámbitos. Lo anterior, llega al punto que incluso, para algunos, existe en nuestro ordenamiento jurídico el principio de protección del bienestar animal. De esta forma, esta norma no presenta innovaciones frente a lo que ya existe y por algunos podría señalarse que el mandato que realiza al legislador ya se ha cumplido con las leyes vigentes.

En el ámbito del avance de acciones de Gobierno Electrónico en Chile se desarrolló entonces en la década de los 90, y desde la Ley N°21.180 del año 2019 debe aggiornarse el sistema, una plataforma integrada de servicios ciudadanos o un sistema nacional de información ciudadana. Si el Estado debe permitir el acceso a los datos y documentos que le afectan o les interesan a los ciudadanos o gobernados, razones de economía de gestión o de costos de transacción abonan que se le pueda ofrecer una opción que les permita en un sólo ámbito conectarse con todos los servicios públicos a la vez, para evitar acudir a cada servicio por separado.

Una polémica decisión del Tribunal Constitucional, que lamentablemente no es la única, pone nuevamente al Perú en los ojos de la comunidad internacional que ven con preocupación cómo el Estado peruano incumple sus obligaciones internacionales, como el de acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen el carácter de ser vinculantes para los Estados – Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando evidencia de la penosa precariedad democrática e institucional por la que está atravesando en estos momentos el Perú.

Una vez más, frente a este segundo Auto emitido por el Tribunal Constitucional que ordena la liberación de Alberto Fujimori, la Corte IDH, en el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisión de cumplimiento de sus decisiones, mediante Resolución del Presidente (Adopción de Medidas Urgentes), con fecha 5 de diciembre de 2023, le ordenó al Estado peruano que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la excarcelación de Alberto Fujimori, hasta que cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en su Resolución de fecha 7 de abril de 2022.

El caso más reciente es el de Star Wash, una disputa legal entre esta empresa chilena de lavado de autos y Lucasfilm, la compañía dueña de los derechos de la franquicia «Star Wars». Star Wash usó la temática de «Star Wars» en su publicidad y diseño, utilizando referencias a la saga para promocionar sus servicios. En este contexto, Lucasfilm interpuso una demanda de oposición ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”) en contra del registro marcario intentado por Star Wash.

Bien sabemos que la Sociedad de Las Naciones de 1919, la primera organización mundial creada precisamente para preservar la paz, no evitó la segunda guerra; así como, la actual Naciones Unidas de 1945, habiendo corregido las falencias de la Sociedad, y alcanzado algunos éxitos, en la actualidad, se nos muestra prácticamente incapaz de poner fin a los principales conflictos bélicos que subsisten. Son muchas las que han pasado a ser guerras habituales, no llaman la atención, y la prensa internacional raramente consigna. Las más recientes, como la agresión de Rusia a Ucrania y los ataques terroristas de Hamas a Israel mantienen la atención mundial, todavía, a riesgo de que igualmente se transformen en conflagraciones permanentes, y pierdan poco a poco, urgencia y vigencia mediática.

La objeción de conciencia no puede reconocerse con carácter general e ilimitado, pues ello supondría negar la imperatividad de las normas y, en definitiva, el propio ordenamiento jurídico. Los límites a su regulación deben tener en consideración que ésta procede ante la presencia de una obligación jurídica concreta y una auténtica contradicción entre la norma jurídica y la norma de conciencia, donde “la exención del deber jurídico ha de responder precisamente a motivos de conciencia, lo que significa que esta última ha de jugar algún papel en el desarrollo del procedimiento jurídico conducente a la realización del derecho subjetivo”.

Después del 17 de diciembre, si ganare el En Contra, el Partido Comunista y otros partidos y movimientos de extrema izquierda ¿respetarán la Constitución Política de 1980 o tratarán de iniciar un nuevo proceso dentro de un par de años más? Y si ganare el A Favor ¿respetarán el resultado del plebiscito —especialmente si la diferencia entre ambas opciones es muy estrecha— y la “Constitución de Boric” o realizarán movilizaciones “pacíficas” para desconocer la nueva Carta Fundamental e iniciar un tercer proceso?; proceso en el que probablemente —por no decir seguramente— no se respetarían las bases y principios de una sociedad libre, como en la propuesta a plebiscitarse el 17 de diciembre.

Si bien la Ley Nº 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, aboga por la protección del arrendatario mediante la irrenunciabilidad de sus derechos, no regula las consecuencias ante un escenario de desigualdad entre el valor de la renta y el valor por el uso y goce del inmueble arrendado, cuestión que sí estaba considerada por sus normas legales predecesoras, las cuales fijaban un control de rentas habitacionales y las sanciones civiles con motivo de su infracción

En el marco del actual proceso constitucional se aprobó una norma que limita al Estado en el ejercicio de sus potestades sancionatorias, consagrando una inédita reserva legal absoluta en esta materia. La discusión ha revivido viejos debates en torno a la comprensión de la administración y su rol en el ejercicio de derechos y potestades públicas, amenazando con enterrar una serie de proyectos de ley actualmente en curso.

La propuesta constitucional incluye un inciso que establece el deber del Estado de garantizar “el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”, lo que algunos han tildado como la constitucionalización del voucher. En esta columna se intenta aclarar porque dicha expresión no limitaría otras formas de financiamiento.

Son muchísimas las razones tangenciales al hecho duro de la acusación, las que conducen a sospechar que el expresidente Frei Montalva fue víctima fatal de un acallamiento político. Baste solo imaginar la capacidad extraterritorial del régimen militar para asesinar al ex ministro de la Unidad Popular Orlando Letelier en la mismísima capital de Estados Unidos o al General Carlos Prats en Buenos Aires, Argentina. Atentar contra la vida de Frei Montalva en el corazón de Santiago, no importaba mayor escrúpulo. ¿O sí?

Las economías ligadas a las drogas ilícitas aceleran los conflictos, incrementan los abusos de los derechos humanos, la impunidad y la devastación medioambiental. Supone que la sociedad en general y los pueblos indígenas están sufriendo, además de sus tierras productivas, la contaminación con mercurio de sus ríos, el despojo de sus tierras colectivas, y para los pequeños, medianos y grandes empresas la proscripción de sus derechos a la propiedad privada.

En términos prácticos el Poder Legislativo residirá en el Congreso de la República, el cual estará conformado por el Senado y por la Cámara de Diputados. En otras palabras, el Parlamento peruano tendrá una estructura compuesta por dos cámaras que presentan competencias exclusivas y otras compartidas (bicameralismo imperfecto). Por ejemplo, la presidencia del Congreso de la República recaerá de manera alternada sobre los presidentes de cada cámara. Del mismo modo, la Comisión Permanente estará conformada por igual número de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras.

El traspaso de información en términos claros por parte de la judicatura a los/las usuarios/as del sistema judicial no es otra cosa que el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar el acceso a la justicia, sin ningún tipo de discriminación. Justamente, mediante la simplificación del lenguaje en la administración de justicia, se pretende eliminar aquellas asimetrías de poder presentes en el Poder Judicial, lo cual, a todas luces, permite a la ciudadanía recuperar la confianza en el aparataje jurisdiccional.

Se analiza la inclusión de una «Agencia Contra la Corrupción» (ACA) en la nueva propuesta de Constitución, destacando su historial de fracasos a nivel mundial. Aunque iniciativas similares en Singapur (1960) y Hong Kong (1974) lograron éxitos iniciales, la mayoría de las ACAs en otros países no han reducido la corrupción y pueden ser usadas contra opositores políticos. En el contexto chileno, se cuestiona la necesidad de una ACA, ya que el país no enfrenta una crisis de corrupción desbordada. Finalmente, se argumenta la incoherencia de incluir una ACA para coordinar lucha anticorrupción cuando la misma propuesta de constitución incluye órganos con autonomía constitucional como la Contraloría y el Ministerio Público.

Hace un par de días atrás, conocimos de un video que dejó Luis Larraín Stieb antes de fallecer. En él, da cuenta de la decisión que tomó junto a su familia y amigos de someterse a una sedación que le permitiría poder dejar este mundo sin dolor y en paz, luego de padecer un agresivo cáncer y haber agotado todas las instancias médicas y de tratamiento disponibles. Sin duda una decisión difícil, pero que en su caso, le permitió partir sin más sufrimiento dejándonos hasta el final, una muestra de generosidad y debate necesarios, para comprender en qué consiste la Ley 21.375 que consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves y sus diferencias con la eutanasia.

El propio texto constitucional asegura entonces la indemnidad de las opiniones, vale decir, no solo las protege ex ante contra la censura previa, sino que ex post contra represalias o castigos cuando la opinión emitida disgusta a otros, mientras que su emisor no incurra en delito o abuso que en todo caso han de estar legalmente determinados. En material laboral, por ejemplo, configuran abuso de la libertad de opinión las “injurias proferidas por el trabajador al empleador” y ameritan el despido disciplinario.

Si la responsabilidad penal descansa en infracciones de ciertas expectativas de comportamiento, creadas sobre la base de roles como es el caso desarrollado, administrador o gestor patrimonial, dicha responsabilidad por el hecho de ejercer la conducta desaprobada, deviene naturalmente en su infracción. En esa línea, el marido -mencionado en el caso de estudio- no actúa o se examina su responsabilidad bajo este rol, sino más bien en un campo organizativo conformado por una sociedad de bienes, en la cual ejerce la función de administrador, producto del régimen patrimonial adoptado al momento de contraer matrimonio.

Más allá de los esfuerzos de Massa (que demostró aplomo y serenidad durante toda la campaña), la pregunta que muchos nos formulamos al inicio de este proceso fue: ¿Es posible que el partido de gobierno pueda ganar con un contexto económico terrible (inflación de tres dígitos) y niveles de malestar social tan significativos? Bueno, hoy el 55% de los argentinos dijo no y prefirió correr el riesgo del salto al vacío castigando duramente al peronismo/kirchnerismo que gobernó Argentina desde 2003, salvo el interregno de Mauricio Macri.

Si bien existen otros métodos para garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales, la historia del país nos demuestra que la sola política no es suficiente para garantizar estos derechos, y que una excesiva confianza en los tribunales de justicia acaba por crear dos clases de ciudadanos: quienes se pueden permitir la garantía de sus derechos por medio de abogados en tribunales y quienes no lo pueden hacer, quedando éstos, en consecuencia, privados del legítimo ejercicio de sus garantías fundamentales.

En la columna anterior, se expuso el caso de Linda Loaiza López Soto y los vejámenes que sufrió producto de la esclavitud sexual a la cual fue sometida por parte de su agresor Luis Carrera Almoina y que retomamos nuevamente para contextualizar su caso toda vez que han transcurrido cinco años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó a Linda Loaiza de la sentencia condenatoria en su caso, considerando que el Estado de Venezuela no actúo con la debida diligencia esperada y ante su grosera omisión, posibilitó la esclavitud sexual a la que fue sometida. Sin embargo, y aún ante la gravedad de los hechos, hasta el día de hoy Linda espera que esa sentencia sea cumplida buscando la reparación que merece junto a su familia pero que le ha sido negada por su propio Estado.

Lo cierto es que en un Estado Constitucional las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento para toda persona, más si se trata de autoridades públicas; sin perjuicio de que las mismas puedan ser impugnadas. A eso debemos añadir que los altos funcionarios del Estado tienen en esto una doble responsabilidad constitucional, pues a ellos, por mandato constitucional, les corresponde velar por el pleno respeto del ordenamiento jurídico (algo que, sin lugar a dudas, incluye el cumplimiento de las decisiones judiciales).

El Derecho a la Salud es distinto y opuesto a la concepción consagrada en la actual Constitución y la propuesta constitucional actual, pues no se compone por una mera protección al acceso ni se articula en la libertad de elección. Por el contrario, es el derecho de toda persona por ser persona de tener el mayor y posible bienestar físico, mental y espiritual. Al respecto, se contraviene en ambas Cartas Fundamentales, la vigente y la que se plebiscitará, los principios de Disponibilidad y Accesibilidad.

Bajo nuestra perspectiva, resulta irrefutable que el D.L. N° 2.695/79 es una norma con incidencia urbanística, dado que su aplicación tiene efectos en el ordenamiento territorial, al crear una unidad de suelo jurídicamente autónoma, una especie o cuerpo cierto susceptible de ingresar al tráfico económico y jurídico, y de ser posteriormente objeto de actos urbanísticos (subdivisión, fusión, loteo, permisos de edificación, etc.).

¿Y el derecho?. Es un componente esencial del concepto de Gobierno Digital, Gobierno Electrónico (GOBE) el que se sitúa en el ámbito del Derecho Público, caracterizado por ser expreso y restrictivo para habilitar competencias y permitir los actos de los OAE. La regla básica que rige la actuación del poder público es constitucional, y consiste en que todas las funciones y las competencias deben ser ejercidas en la forma expresamente prescrita por la ley, y en que las bases que rigen todos los procedimientos son materia de reserva legal o sólo pueden ser materia de ley. Todo, bajo apercibimiento de nulidad de Derecho Público si no se cumple.

En Chile, se observa un incumplimiento sustancial de los Principios de Integridad o Suficiencia, Solidaridad, Participación y No Discriminación, incluyendo los compromisos para combatir la discriminación económica, bajo el marco regulatorio de la Constitución de 1980, incluso después de las reformas implementadas tras la dictadura militar. Este incumplimiento se manifiesta claramente en el sistema de Seguridad Social, que no aborda de manera coherente y armoniosa todas las situaciones en las que una persona no puede trabajar debido a circunstancias ajenas a su voluntad, como la maternidad, el desempleo, la vejez o los accidentes laborales.

Ha quedado demostrado en varios proyectos de resolución del Consejo de Seguridad, no adoptados, por la utilización del “veto” de algún miembro permanente, tanto en el conflicto Rusia-Ucrania, como ahora en el de Hamas-Israel, tampoco se ha logrado aprobar ninguna iniciativa de paz, y lo más preocupante, que se condene al terrorismo implacable de Hamas contra Israel. Ni siquiera en favor de tantos rehenes todavía cautivos en Gaza, habiendo más de una decena de tratados internacionales que lo condenan explícitamente.

En este apunte conoceremos las líneas mas importantes del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el marco jurídico regulatorio, la trascendencia en la lucha y erradicación de la violencia de género a través, del amparo de nuestra legislación regional en la materia como la Convención de Belém Do pará entre otras.

La formación de comisiones investigadoras es una innovación de la Constitución de 1980, y su inclusión dentro de las facultades fiscalizadoras de la Cámara resulta por lo demás entendible, si precisamente las atribuciones fiscalizadoras en materia de formar comisiones investigadoras pueden ser el antecedente previo a una acusación constitucional contra alguna de las autoridades y funcionarios que en carácter de servidores de la República cumplen una función pública del más alto rango.

El financiamiento de la educación superior ha estado en el debate por no incluir la propuesta del texto una referencia expresa a su gratuidad progresiva. ¿Es justificable dicha ausencia? Esta columna intenta comprender los obstáculos que enfrentan los países, entre ellos el nuestro, para cumplir con uno de los objetivos del PIDESC (1966) en educación, que, sin embargo, la posterior CIDN (1989) omitió.

Sumado al despliegue de la maquinaria peronista, habría que preguntarse cómo un ministro de Economía que presenta un dólar a 1100 pesos y una inflación de 148% anual puede convertirse en el vencedor de la primera vuelta presidencial, y cómo un candidato de gobierno que quedó tercero en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y que tiene a un 40% del electorado por debajo de la línea de pobreza logra este repunte.

A pesar de los avances, persisten aún las diferencias; pues hay carreras cuyo campo es completamente dominado por los hombres y otras que “naturalmente” son “para mujeres”, como aquellas derivadas de las ciencias sociales y la salud (medicina, recientemente ha incrementado su matrícula femenina, más queda por hacer en las ciencias exactas, por tanto, el impulso del cambio se vuelve totalmente necesario.

Los prejuicios actúan como obstáculos en la obtención de un veredicto imparcial, siendo un elemento que pesa sobre un juicio justo. Esta situación se refleja en obras cinematográficas, visibilizando el papel que juegan dichos prejuicios contra grupos vulnerables.

La Guerra Justa al Terrorismo, tiene como objetivo, la mirada de las Convenciones Internacionales sobre el terrorismo, estableciendo un marco preciso sobre la represión de ciertos actos generalmente considerados como terroristas. Por lo que la guerra justa al terrorismo, es un tema complejo, que requiere una respuesta integral y multilateral de parte de la comunidad internacional, debiendo respetar y defender los derechos humanos básicos, y que son el antídoto a largo plazo, para la ideología extremistas individuales o de Estado de hoy en día y que genera la afectación de la población civil inocente.

Tenemos entonces a un ciudadano amparado o protegido en el tratamiento de sus datos personales por una norma constitucional y por una norma legal especial y general o transversal (la Ley N°19.628). Se agregan al bloque legal de tutela concretos y específicos marcos jurídicos contenidos en leyes especiales, como es el caso de la Ley Orgánica del INE que establece el secreto estadístico, o en materia tributaria, especial más no exclusivamente en virtud del artículo 35 del Código, que consagra el secreto tributario y que determina la confidencialidad específica y la criticidad de parte de la data nominativa de los contribuyentes que sean personas naturales.

Por tercer año la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial realiza el concurso de sentencias con perspectiva de género. La sentencia que la Secretaría decide premiar es un ejemplo paradigmático del problema con la “perspectiva de género” aplicada por los tribunales, incentivando a los jueces el inaplicar la ley por iniciativa propia, contra la imparcialidad judicial, y negando elementos del orden público nacional.

Al respecto, consideramos importante dar a conocer el contenido y alcances de la referida sentencia (cuyos argumentos suscribimos en todos sus extremos) pues el TC, más allá de analizar las circunstancias del nacimiento de los menores (una maternidad subrogada en Estados Unidos), centró su análisis en la tutela del derecho a la inscripción del nacimiento, derecho al nombre y derecho a la nacionalidad de los menores, así como también en la discriminación por razón de sexo en perjuicio de los varones que opera en la legislación peruana en cuanto al proceso de inscripción registral de menores se refiere.

El autor analiza críticamente el anteproyecto de la comisión experta en lo que se refiere a la potestad sancionadora. Por una parte, cuestiona el eventual tratamiento de esta materia a nivel constitucional, y por otra, el contenido del texto propuesto. Concluye que, en caso de prosperar, se generaría el desmantelamiento del Derecho Administrativo Sancionador chileno, con el menoscabo de los derechos y garantías de las personas frente a la Administración sancionadora.

Pese a la existencia de la ley 20.430 sobre protección de refugiados, y la ratificación por parte del Estado de Chile de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 22 numeral 7 establece del derecho humano a buscar y recibir asilo, es difícil sostener que el refugio existe como institución jurídica en el país. Lo anterior por cuanto la aplicación de normativa administrativa y las prácticas de la administración han despojado al procedimiento de refugio de su contenido.

En esta columna abordaré el contenido del texto aprobado en la fase de plenos del Consejo Constitucional relativo a los derechos y garantías constitucionales, y particularmente de aquellos civiles y políticos, contenido en el Capítulo II, sin perjuicio de centrarme solo en los puntos más complejos o problemáticos, sin analizar la totalidad de tales derechos. En las dos columnas previas se comentó sobre el Estado Social y Democrático de Derecho así como Terrorismo y Democracia, en ambos casos centrado en el Capítulo I sobre Fundamentos del Orden Constitucional.

“El mundo está en guerra”, esta frase puede ser cierta en cualquier etapa de la historia humana ya que la guerra ha sido un método de resolución de conflictos durante toda la historia. Hoy vuelve a la palestra el conflicto palestino-israelí, pero no se debe dejar de lado las demás guerras vigentes tanto internacionales como no internacionales tales como la guerra ruso-ucraniana; el conflicto armenio-azerí; la lucha contra el Estado Islámico y otros que están ad-portas de estallar como China y Taiwán.

Dado que las personas migrantes han sido identificadas como uno de los principales grupos de riesgo para convertirse en víctimas de trata, y aun cuando ha habido distintos avances en la materia, en Chile la desigualdad de género sigue siendo importante como problema cultural, principalmente en la trata de niñas y mujeres que tiene como objeto la explotación sexual. Dicho fenómeno, como es sabido, es un delito que existe en prácticamente todos los países del mundo y que trasciende el tiempo y las fronteras, siendo considerado como una especie de esclavitud moderna.

El actual Gobierno de Netanyahu, se encuentra presionado por un resultado victorioso, para superar la sorpresa de los atraques, donde la reputada inteligencia israelí, fracasó. Muchas pueden ser estas razones, y nunca las sabremos, tal vez, porque la cuidadosamente planificada acción de Hamás, pasó desapercibida por las festividades religiosas, o porque estaban más preocupados de los problemas de gobernabilidad y las protestas, que ha enfrentado la nueva administración del Primer Ministro.

Estamos en presencia de un texto novedoso para nuestra tradición constitucional, la cual ha estado presente desde los primeros ensayos constitucionales. Este borrador, marca importantes diferencias con la propuesta presentada por la Convención Constitucional y rechazada por la ciudadanía el año 2022, ya que esta última, no poseía ningún articulado en su contenido dedicado exclusivamente a los deberes de las personas, sino, más bien los trataba indirectamente, refiriéndose derechamente a las responsabilidades del Estado en las distintas áreas.