Organizaciones internacionales, Estados y miles de personas luchan día a día con el objetivo de reducir los sufrimientos de la guerra, en tanto decenas de luces descienden desde los cielos en medio oriente con sirenas y alarmas de alerta mientras las familias corren para esconderse en los bunkers o donde sea posible como fue el ataque del 1 de octubre de 2024 contra Tel Aviv en Israel u en otras circunstancias en Irán, el Líbano y Palestina. Este breve artículo tiene un objetivo y ese corresponde a poner en duda el Derecho Internacional Humanitario, sus normas y como estas se ajustan a la realidad mundial, siendo tan imperfecto como los autores le han atribuido al Derecho Internacional Público.

La hipótesis para asignar recursos directamente en razón de que, habiéndose realizado un concurso, no se presentaron interesados al mismo -prevista en el número 1 del artículo 23 de la citada ley N° 21.640-, se entiende que incluye no solamente todos los supuestos en que no se recibieron propuestas, sino que también aquellos en que éstas resultaron inadmisibles.

El celo por la debida observancia, criterio y aplicación de las normas el Derecho de Familia e Infancia, así como las categorías de procesales comunes y mínimas que hace posible la integridad del Estado de Derecho y, con ello, la efectiva protección de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, no es sólo un delirio devengado de la herencia del positivismo que yace en nuestra formación jurídica, sino, por el contrario, es guardar fidelidad y convicción de que el diseño institucional de las materias del Derecho de Familia tienen un sentido y uso propio que no puede ser vulgarizado a cualquier costo.

Es urgente una legislación en el sentido, de no solo ver el asunto como maltrato animal, sino tipificar la zoofilia. Estas conductas, son especialmente relevantes ya que generan un daño emocional y físico permanente en el animal no humano, puesto que al accedidos carnalmente o a través de objetos sufren rotura de órganos internos, fractura de piernas y caderas, entre otras lesiones.

Es necesario que se tome una decisión institucional clara sobre el rol de la víctima en el proceso penal. Se debe definir si su papel debe limitarse a ser un participante secundario en un proceso que enfrenta a la sociedad, representada por el fiscal, contra el imputado, o si, por el contrario, se debe reconocer a la víctima un rol más activo y significativo. Esto podría derivar en la implementación de mecanismos de justicia restaurativa o el fortalecimiento del papel de la víctima, de manera que su participación tenga un impacto real en el proceso de enjuiciamiento.

La inclusión de las expectativas razonables como limitante al contenido vinculante del apartado oscuro de los contratos, a través del artículo 16 letra g), es una solución más amigable y coherente con nuestro Derecho de contratos. Como dije con anterioridad, la ignorancia de los términos es un argumento insuficiente para declarar su ineficacia, en tanto, en materia de Derecho común –donde la voluntad aparece como soberana– se reconocen los elementos de la naturaleza (ex art. 1444 CC).

Este fallo constituye un precedente en materia de pluriparentalidad en nuestro país y resulta innovador desde un punto de vista jurídico, a lo menos, por dos motivos: en primer lugar, porque evidencia que la filiación social y la biológica no son necesariamente excluyentes, sino que pueden ser complementarias. En este caso, en vez de que uno de los vínculos desplazara al otro, se sumó uno nuevo, de modo que ahora M tiene determinada su filiación respecto de su madre biológica, su padre social y su padre biológico.

Lo esencial es el tratamiento de datos personales. La Identidad Digital no es lo mismo que la imagen de una persona proyectada en redes sociales o en internet; y el llamado delito de “robo de identidad” no es solo una suplantación de alguien usando un perfil falso en RRSS. La Identidad Digital debe ser un idóneo o varios medios idóneos de autenticación para acceder a un sistema informático y/o telemático, y el robo de identidad es el acceso no autorizado a esas credenciales y mecanismos de autenticación para suplantar al titular.

Cabe ahora avanzar y cuestionar los fundamentos de la tesis que asume que la potestad sancionadora de la Administración es, junto con la penal judicial, una manifestación del ius puniendi único del Estado, poniendo de relieve la precariedad de su sustento normativo y las deficiencias de la misma (singularmente, en razón de la inadecuada concepción unitaria respecto de dos potestades que son funcional y cualitativamente diversas).

Aquel día el Cabildo sesionó para “consultar y decidir los medios más oportunos para la defensa del Reino y pública tranquilidad”. Ni los más entusiastas “criollos” ni lo más recalcitrantes “realistas” esperaban que la sesión derivara, en su resultado, en una declaración independentista, como desde luego no ocurrió. Lo que sí, y obviamente, los sectores más radicalizados esperaban aprovechar la oportunidad para exigir y lograr la instalación de una Junta de Gobierno.

Criticamos los comportamiento deshonestos y los criminalizamos, pero no gestionamos los riesgos antiéticos.  Nos referimos al conjunto las políticas públicas en la esfera de la educación secundaria y terciaria, esto es, el aprendizaje en un etapa ex ante de la formación profesional de los ciudadanos profanos. Es en estas etapas tempranas donde debiesen reestablecerse asignaturas como la filosofía, educación cívica, ciencias sociales, educación financiera, cumplimiento tributario, ecología.

En la columna se abordan algunos problemas que presenta la actual normativa nacional en materia de reconocimiento en Chile de los matrimonios celebrados en el extranjero, constatando como la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha logrado resolver varias de las falencias que originalmente presentaba la LMC, más allá de las reformas legales que pudiera necesitarse.

La Ley Integral de Personas Mayores propone un enfoque multidimensional que aborda desde la atención sanitaria hasta acceso a la justicia y una amplia gama de derechos. Se reconoce la diversidad de necesidades dentro de este grupo, pero también su calidad de pilar fundamental de nuestra sociedad, como un grupo con expectativas de seguir participando activamente de la comunidad y siendo un aporte para el país.

Las modificaciones al régimen de las Compras Públicas, que fueron aprobadas por la ley 21.634, introdujeron cambios significativos en el mecanismo de Compra Ágil. Sin embargo, su nueva configuración normativa plantea dos cuestiones problemáticas: a) la posibilidad de seleccionar al proveedor que no haya ofertado el menor precio y, b) Un contradictorio aumento de la discrecionalidad a las municipalidades.

Si lo que se pretende como sociedad es reformar el SEIA a efectos de optimizarlo, resulta importante salvaguardar su función conteniendo el riesgo ambiental El acortar plazos o de frentón excluir actividades de la evaluación, impide que se puedan calificar los efectos ambientales de la actividad, poniendo en riesgo la seguridad ambiental de quienes reciban los efectos negativos del proyecto.

Dado que estudiantes y apoderados son ajenos a relación laboral, el procedimiento de investigación solo podrá concluir con la adopción de medidas correctivas dirigidas a prevenir la reiteración de la conducta reprochada, y a la prevención de vulneraciones posteriores de la víctima -docentes o asistentes de la educación-, y de todo el personal del  establecimiento, sin que pueda tener lugar la sanción a los responsables,  aspecto que solo podrá abordarse desde la normativa educacional, mediante la activación del protocolo correspondiente del Reglamento Interno .

A la Comisión Mixta se le olvidó que lo regulado es muy diverso a lo establecido en la Ley N° 21.680 sobre consolidación de deudas, porque en ella cabe consultar lo consolidado, lo positivo (el patrimonio y los créditos en curso) con lo negativo (la mora y los protestos o la insolvencia), sólo si el deudor consiente expresamente, deudor a deudor y para un acreedor determinado, no como en este caso en que la solvencia y los créditos en curso se tratarán/comunicarán sin su consentimiento y, por ende, sin su autodeterminación.

Este carácter “motivado” del presente veto ha llevado a algunos a cuestionar la naturaleza facultativa del veto y a plantearse la interrogante sobre si existen vetos que sean obligatorios para los jefes del poder ejecutivo, al avizorar una norma que es considerada como “poco conveniente” o derechamente errada.

Etapa por etapa se apropiaron de todos los poderes del Estado. Si se controla el poder ejecutivo, el parlamento, el judicial, el electoral, los medios de comunicación, la producción, la más alta jerarquía militar y policial, son privilegiados y pagados generosamente, y además el sistema se apoya en una represión omnipresente, el diseño funciona. Su base está en el miedo, en el cansancio de la población e impotencia de los oponentes.

Este proyecto ha suscitado numerosos comentarios; el presente pretende ser uno más, con el objetivo de señalar los efectos negativos en un adecuado sistema de comunicaciones procesales del sistema judicial local, y, por ende, comprometer el debido proceso, esencial para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación práctica de la ley.

Es una completa anomalía el que se aplique la legitima defensa en casos de actuar policial o militar, considerando que tal causal de justificación opera como una delegación de las facultades de policía en el particular (sin ser una autotutela pues no reemplaza el juicio, debiendo ser homologado por el tribunal) en aquellos casos en los que, siendo víctima de una agresión ilegítima, no está la policía para resguardarlo, de modo que si, por ejemplo, ocurre una agresión ilegítima contra un civil y hay un policía presente, se excluye la legítima defensa.

Reflexiones a dos años de la declaración de inadmisibilidad por parte de la Corte Suprema de la acción de amparo presentada a favor de Sandai, orangután confinado en Buin Zoo, que solicitaba su liberación y traslado a un Santuario de Grandes Primates, para ser reconocido como una persona no humana sujeto de derechos, con un interés no a meramente existir, sino a vivir y florecer como un orangután.

El proyecto de ley sobre convivencia escolar intenta abordar la violencia en los colegios, pero presenta un diagnóstico limitado y soluciones burocráticas. Además, carece de recursos y herramientas necesarias para enfrentar el problema de manera efectiva. Si queremos colegios sin violencia, es urgente reevaluar la normativa que se propone.

Según lo ha resuelto la Corte Suprema, el debido proceso es una garantía vigente en el procedimiento penitenciario sancionador. Acogiendo acciones constitucionales no solo adoptado medidas como la realización de una nueva audiencia para que el o la juez(a) de garantía se haga cargo del control de la sanción, sino que, derechamente, ha dejado sin efecto la sanción reclamada, ordenando la eliminación del registro penitenciario.

Jurídicamente todos los dominios de seguridad de la información deben, para ser completos en su implementación, considerar relevar la normativa legal general y especial, reglamentaria, administrativa, contractual y jurisprudencial que sea aplicable. La implementación que se haga de ellos debe ser ajustada a derecho o desarrollada en conformidad al ordenamiento jurídico chileno, porque en caso contrario, sería inadecuada e ilegal.

El ilícito en comento sólo sanciona –sin perjuicio de los demás elementos típicos del delito– aquellos acuerdos que no beneficien a la sociedad o no obedezcan a una necesidad racional de esta. O sea, no sanciona la adopción de acuerdos que, aun perjudicando a los socios minoritarios, beneficien u obedezcan a una necesidad racional de la sociedad.

Como lo habíamos expuesto algunas personas que venimos observando el proceso político/electoral en Venezuela resultaba un poco ingenuo pensar que el dictador y los malhechores que lo rodean abandonarían el poder porque así lo dispusieron unos cuanto millones de votos. En todo caso, algunos apostamos a que siendo la diferencia tan grande (entre 25 y 35 puntos a favor del candidato opositor, reiteramos) la dictadura tendría algunos reparos en proclamar a Nicolás Maduro como ganador cuando el veredicto del pueblo en las urnas era claramente otro. Nos equivocamos, la dictadura nos acaba de mostrar su lado más oscuro y criminal.

La mediación se vuelve, el primer “filtro jurídico” de las pretensiones de los solicitantes, cuya lógica funcional debe partir desde los mínimos legales previstos en los cuerpos de especialidad que son de su competencia, sin perjuicio de las respectivas modificaciones que se permitan en la medida que se remitan a las capacidades económicas de las partes para llegar a acuerdos en aquellos asuntos de carácter obligacional patrimonial.

Las discusiones en torno a la migración han sido adueñadas por discursos de odio y sectores de la sociedad que alimentan estigmas y prejuicios contra los extranjeros. Esta violencia simbólica y psicológica afecta profundamente los aspectos psicosociales de la vida de estas personas, fracturando la sana convivencia entre comunidades y aumentando las desigualdades y vulnerabilidades de la comunidad extranjera. Para frenar esta tendencia y promover una percepción más equilibrada y justa de los extranjeros, es crucial implementar varias medidas.

Las repercusiones no se hicieron esperar. La reacción de Trump ensangrentado y desafiante, puño en alto gritando “fight”, confirmó que sin importar los peligros, hasta de su propia vida, es capaz de mantener el control de la situación. Las acusaciones, juicios, falsedades y defectos tantas veces argumentados en su contra, han quedado atrás al menos por ahora. Más algo adicional que puede llegar a ser importante en política: tiene suerte.

Cabe pensar que para el SII el alzamiento del secreto bancario no es una herramienta indispensable, o bien, por lo general los contribuyentes autorizan el alzamiento del secreto bancario cuando son requeridos por el SII (sería un buen insumo para el debate que el SII publicara la cantidad de veces que los contribuyentes han autorizado el alzamiento). Entonces, si en la práctica el SII no ha utilizado la facultad para solicitar el alzamiento del secreto bancario ¿cuáles sería las razones de hecho y jurídicas que justificarían cambiarlo? ¿Cuáles serían los argumentos que muestran que el actual procedimiento no sirve?

Usar el principio de legalidad como sustento para argumentar que el servicio actuó así en la realidad porque la ley se lo mandataba, haciendo sinónimos el fenómeno fáctico con la descripción legal, es un argumento mañoso para negar el derecho a la acción judicial. No es razonable argüir que lo mandatado por la ley es equivalente a lo que ocurrió en la realidad. Los extremos fácticos de un caso deben acreditarse, y eso es precisamente que lo que exige el derecho del trabajo para calificar como contrato laboral situaciones que están cubiertas con formas jurídicas diversas.

La empresa funciona “…como una intermediaria entre el acreedor y el deudor, es decir, que no tiene la titularidad de la deuda, sino que intercede en nombre de la empresa acreedora para poder cobrar al deudor”. Y esto legitima -cabalmente- que las empresas de cobranza tengan acceso a los datos personales de los deudores, porque entre ellas y las empresas acreedoras deberá existir un contrato de prestación de servicios específico para operar como un encargado del tratamiento de las empresas acreedoras.

A raíz de la afectación de la percepción de la inseguridad y la preocupación social por la delincuencia, proveniente de los medios masivos de comunicación, es posible advertir en la política criminal un progresivo afianzamiento de un modelo basado en el triunfo de la idea de seguridad como legitimadora del endurecimiento penal y el retroceso de las garantías, llegando al punto de dar por sentado que alguien cometió un crimen en base de una imagen, grabación, gráfica o entrevista transmitida por una agencia noticiosa, pese a que no se haya dictado una sentencia condenatoria, siendo la esfera pública quien emite un veredicto sancionador.

Estando a poco menos de mes de su entrada en vigor, el próximo 1 de agosto, cabe recordar que esta ley presenta diversas obligaciones a las que deberán adecuarse los empleadores. Entre sus quehaceres, será necesario actualizar matrices sus de riesgo sobre estos temas, generar protocolos de prevención y procedimientos de investigación en acoso y violencia.

Análisis doctrinario, dogmático y jurisprudencial, de la improcedencia de obligar a Gendarmería a cumplir funciones de provisión directa del Derecho a la Salud, vulnerando la garantía de Igualdad Ante la Ley, y en desmedro de la función penitenciaria.

Para un importante sector de la oposición esta asonada golpista (gestada desde el propio gobierno, según Comunidad Ciudadana y otros), termina dándole un respiro a una administración que tendrá la responsabilidad de garantizar en 2025 una transición democrática en medio de una crisis que no parece tener visos de solución en el mediano y corto plazo.

En el recurso de apelación presentado por el suboficial recurrente, este reconoce la atribución legal de la Junta de Selección de Gente de Mar 2023, para haberle rebajado sus notas de calificación, pero no así, de hacerlo sin expresar las causas por las cuales se le rebajaron sus notas, pese a que en conformidad al artículo 41 de la Ley 19.880, al igual que cualquier otro afectado por un acto administrativo, tenía derecho a conocer los hechos y los fundamentos de derecho de esa rebaja.

Argentina, en sus relaciones con Chile, ha actuado tradicionalmente con mala fe, hostilidad, agresividad, prepotencia e ingratitud; demostrando absoluta falta de lealtad y de escrúpulos cuando el interés nacional está por medio, pretendiendo hacer imperar la ley del más fuerte. Utiliza, combinada y alternativamente, la agresividad y la presión con las argucias y halagos.

Nada fácil para el Ministerio de RR.EE., y su Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), explicar que, respecto a la inauguración del puesto argentino en una ceremonia con la presencia de sus autoridades en abril y construido desde febrero de este año, no había ninguna información. Está situado a pocos metros de un faro y dependencias de la Armada de Chile, el “Puesto de Vigilancia Cabo del Espíritu Santo”, que lo advirtió reservadamente. Hasta que la prensa lo publicó.

Los nuevos procedimientos de compra pública innovadora introducidos en la Ley N°19.886, plantean desafíos extraordinarios a las organizaciones públicas chilenas que deberán contar para ello con personal altamente calificados, con experiencia y no sujetos a los cambios del ciclo político. Para ello, es indispensable que el régimen normativo chileno transite hacia una efectiva profesionalización del comprador público.

¿Por qué se habla de testigos inhábiles? La carta al Director analiza este supuesto y la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil en la cuestión planteada. Sin embargo, consideramos que en el procedimiento seguido ante los juzgados locales no existen los testigos inhábiles, como sí los define el Código de Procedimiento Civil.

Ahora puede entenderse cabalmente porque es un tema basal que a los proveedores de servicios de cloud no operen deslocalizadamente y almacenando la información gestionada de los chilenos en cualquier lugar del mundo. O que al menos las exigencias de seguridad deben ser siempre altísimas.

Un fallo estratégico de la oposición fue querer convertir a esta elección en un plebiscito del gobierno de AMLO. Durante toda la campaña buscaron hacer creer que votar por Sheinbaum era votar por AMLO, sin querer reconocer (porque muchos analistas ya lo anticipaban), que esa asociación terminaba jugando a favor de la candidata oficialista debido a los altos índices de aprobación del actual mandatario.

Al no ser Estado Miembro de Naciones Unidas, Palestina no tiene cómo ser Estado Parte del instrumento que crea Naciones Unidas: la carta constitutiva de dicha organización, mejor conocida como Carta de San Francisco, adoptada en 1945. El hecho que Palestina sea «Estado No Miembro Observador» declarado como tal desde noviembre del 2012, le ha permitido ratificar una gran cantidad de tratados internacionales, tales como: el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) en enero del 2015 o bien, la Convención sobre el Genocidio de 1948, que ratificó en abril del 2014, entre muchos otros tratados, abiertos a todos los Estados.

Para poder calificar el ejercicio profesional de un individuo como correcto o adecuado, ciertamente, no basta con considerar la formación académica ni la sujeción a los términos contractuales o legales que rigen sus labores. El acertado desempeño de un profesional en su cargo, especialmente si se dedica al servicio público, va más allá del cumplimiento mecánico de las normas establecidas al efecto; importa el cumplimiento ciertos patrones de naturaleza ética, aun cuando éstas no se encuentren contempladas de manera explícita en el ordenamiento jurídico.

En lo que concierne a este tipo de casos, “Miel Gibson” o “Maikel Pérez Jackson”, hay uno reciente que ha alcanzado notoriedad: el de “Pedro Piscal”. La historia (que se puede consultar aquí) de David Herrera, el creador de la marca, cuenta que a fines de 2022 en una fiesta de cierre de año, se estaba tomando una piscola junto a amigos y familiares, cuando se le ocurrió crear una nueva marca de pisco.

En materia civil no ha existido una modificación legal que establezca que la acción por daño moral es transmisible a los causahabientes, solo pueden demandar el daño propio, en calidad de víctimas de responsabilidad extracontractual por repercusión o rebote, pero no demandar por el dolor de quien sufrió directamente al daño.

La práctica instalada de hecho en Chile debe ser auditada, porque, por su mal diseño, en sede de protección de datos personales no cumple el principio de finalidad única, es desproporcionada, no ofrece alternativas de autenticación y el consentimiento del titular y consumidor es desinformado, …salvo que se crea que “lo acordado y consentido” con una tercera empresa, mandataria o encargada de tratamiento (no sólo con el responsable que quiere autenticar la identidad del que pone la huella sobre el lector), porque existe un texto en el lector que captura la huella es válido, a pesar de extenderse en forma independiente y separada.

El autor analiza si la alegación muy habitual de los infractores en orden a que no deben ser sancionados, ya que “pero si todos lo hacen”, es atendible o no. Concluye que no, pues no cabe la igualdad en la ilegalidad o, lo que es lo mismo, no cabe invocar la igualdad para fundar la impunidad.