El pasado 3 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer públicamente su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales de ciento trece páginas donde se señala que hubo un contexto de discriminación, de desigualdad que han generado la exclusión en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de estigmatizar a quienes protestan con el que potencialmente los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques; lamentablemente los actos de discriminación no son nuevos en nuestra sociedad sino que viene como mal endémico desde inicios mismo de la República que en 200 años parece que aún no se ha superado.

Hace poco, el 23 de febrero del presente año en el portal web del Tribunal Constitucional se publicó una nota de prensa anunciando que este organismo ha resuelto declarar fundado la demanda competencial presentada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial respecto a los procesos de amparo que los jueces han declarado fundado y otorgado medida cautelar a favor de los demandantes conforme al ordenamiento jurídico; el Tribunal Constitucional para declarar fundada la demanda competencial ha considerado, conforme lo ha dejado ver uno de sus magistrados en intervención pública, que en un Estado Constitucional pueden existir zonas exentas de control, criterio que no compartimos con el colegiado por no ser conforme al ordenamiento constitucional.

El Estado Constitucional de Derecho tiene sobre todo a la persona humana y el respeto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado, con libertades y derechos reconocidos y con la existencia de mecanismos de garantía eficaces para su protección. Los peligros a los que está expuesto este modelo de Estado son manifiestos y, viene de aquellos mismos a quienes vincula la Constitución Política, es decir de gobernantes y gobernados. Como se sabe en este nuevo modelo de Estado la Constitución Política es norma suprema y los actos de poder y las disposiciones normativas del ejecutivo, legislativo y judicial y otras entidades del Estado no pueden estar por encima de la Constitución. La coyuntura por la que atraviesa en estos momentos el Perú es motivo de análisis en el presente artículo, estudio que se hace desde las teorías del Derecho Constitucional siguiendo el modelo cualitativo que busca entender si el Perú en la actualidad transita o no por el Estado Constitucional de Derecho.