Es evidente que su vigencia implicará diversos cambios en las prácticas y funcionamientos de las instituciones. Sin embargo, para su correcta o deseada aplicación este proyecto requiere del fortalecimiento del Ministerio Público y las policías. Asimismo, más allá de los cambios que se introducen al Código Procesal Penal, existen una serie de temas pendientes a discutir en materia procesal cuya reforma también pareciera necesaria a la luz de tan ambicioso proyecto.

Más allá de los efectos en la misma liquidación y lo dispuesto en el art. 3 inc. 2 del Código Civil, cabe preguntarse si la norma podrá tener efectos prácticos en los procesos penales. En principio, legalmente la resolución que resuelva este incidente y establezca la declaración de mala fe en la liquidación no debiese tener mayor efecto en sede penal. Responsabilidad civil y penal son independientes. Asimismo, sabemos que mala fe y dolo son conceptos diferentes. Por otro lado, los delitos concursales que establece nuestro Código Penal son figuras dolosas, descartándose generalmente el dolo eventual.

La reformalización constituye una práctica muy extendida a nivel nacional cuyo uso por el Ministerio Público, como ha reconocido nuestra Corte Suprema, puede devenir en una afectación sustancial de los derechos de los imputados. En este sentido, lo resuelto recientemente por la Corte Suprema a instancias de la Defensoría Penal Pública debiese motivar una importante reflexión en los intervinientes a nivel nacional, incluyendo a la Fiscalía y los tribunales.

Una primera novedad que representa entonces esta sentencia es que el tipo penal de Administración Desleal fue sometido al desarrollo de un juicio oral. Esto es, se llegó a una instancia en donde las partes pudieron expresar sus argumentos y mostrar sus pruebas, bajo el sistema de control que implica un juicio oral propiamente tal ante tres jueces.

Es un hecho que las y los fiscales del Ministerio Público son personas que desarrollan su labor sujetos a distintas limitaciones, institucionales y también, por qué no, personales. Están expuestos a diversas presiones, las que pueden resultar infundadas pero también las pueden haber serias y legítimas. Existen en la práctica muchos fiscales proactivos y comprometidos, pero también los hay desprolijos, poco objetivos o más preocupados del término del caso que de la resolución del conflicto o sus efectos en los intervinientes.

Que la Corte Suprema señale que aceptar una Suspensión Condicional en sede penal supone una «presunción legítima» de haberse asumido la responsabilidad puede resultar controversial, teniendo presente que a diferencia de otras legislaciones (Panamá y Costa Rica, por ejemplo) o incluso de la regulación del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, nuestro Código descartó expresamente incluir como condición o consecuencia de la Suspensión Condicional que esta supusiese o requiriese la admisión de la hechos o de la responsabilidad penal.