Un tercer factor a considerar es la precaria profesionalización del empleo público en la administración. En los gobiernos de la Concertación y en adelante hubo iniciativas importantes que buscaron diseñar un esquema de modernización del Estado, incluyendo la especialización del personal, mejorar sus condiciones laborales y remuneraciones y avanzar en mejoramiento del servicio.

Destaca la creación de medidas preventivas en favor del personal de la Administración del Estado que denuncie hechos de relevancia administrativa o penal, como es el caso, entre otras, de no ser sometido a medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución; prohibición de los traslados de localidad, dependencia o de la función que desempeñe, sin la expresa autorización de la persona.

Aún persisten problemas en torno al debido proceso con motivo de la expulsión administrativa por ingreso clandestino de extranjeros. Si bien el proyecto de ley sobre Migración y Extranjería (Boletín Nº8.970-06) mejora esta circunstancia, mantiene aspectos que otorgan excesiva discrecionalidad a la autoridad como es el caso de la reembración o reconducción de las personas extranjeras.