Cualquier integrante de la comunidad educativa que comete una falta que atente gravemente en contra de la convivencia escolar tiene derecho a presentar descargos y a solicitar la revisión de la medida aplicada como elemento básico principio del debido proceso. En otras palabras, en el marco de aula segura, ningún estudiante puede ser expulsado o se le puede cancelar la matrícula sin que antes presente sus descargos y pruebas que estime pertinentes y, aun cuando la decisión de la dirección es la de aplicar la sanción máxima, el mismo estudiante tendrá derecho a solicitar la reconsideración de la medida.

Si consideramos que no es posible el reproche conductual de un estudiante en mérito a las alteraciones de sus circunstancias normales de desarrollo, por ejemplo, un estudiante víctima de vulneración de derechos, estamos reconociendo, indirectamente, la imposibilidad del proceso educativo en su conjunto. Esto pone en evidencia la importancia que juega el rol de protección de los establecimientos educacionales en el proceso educativo.

Podemos observar cómo se ha venido trazando un nuevo escenario de la libertad contractual, individual o colectiva, en el sector particular subvencionado a la sombra de carrera docente. Sin embargo, este sistema no es la única fuente normativa que limita la libertad de negociación de las partes.