A pocos días de enterar un año con estado de catástrofe vigente, la ausencia de reflexión crítica en torno a las amenazas que sufren las libertades religiosas en nuestro país, hace pertinente una breve revisión jurídica sobre la materia. Asimismo es probable que la falta de voces autorizadas que releven estos asuntos en el debate público, haya hecho pensar al gobierno que prohibir toda actividad de culto en fase 2 (transición) no acarrearía graves consecuencias.