Se infiere que tanto los ciudadanos como los parlamentarios en actual ejercicio desconocieron u olvidaron los artículos 127, 128 y 129 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto esa normativa establece en forma clara el procedimiento que el Poder Ejecutivo y el parlamento deben emplear para cambiar o reformar nuestra Constitución.

Se gastaron miles de millones de pesos en la instalación y publicidad de dichos cabildos, a costa de las arcas fiscales, pertenecientes a todos los chilenos y, en definitiva, fuera de haberse convertido aquello en un desastre económico, también resultó ser un rotundo fracaso político, dado que concurrió a tales cabildos un escaso número de ciudadanos.