Muchos autores sostienen que pueblos que aún no han logrado ningún grado de determinación, independientemente de si se encuentran o no bajo dominación colonial, tienen derecho, siempre que se preserve la integridad territorial del Estado, a obtener ventajas y beneficios efectivos de la determinación, básicamente, autonomía en gobierno, libertad cultural y económica y respeto a los derechos humanos.

Se entiende por Ciudades Verdes aquellas con abundantes espacios naturales -parques, bosques y jardines- para disfrute de sus habitantes, bajas emisiones de gases efecto invernadero, bajos niveles de contaminación atmosférica, escasa contaminación acústica, gestión eficiente de sus residuos, uso de energías renovables, movilidad sostenible, estaciones de metro cercanas, edificación bioclimática sostenible y habitantes educados en el respeto medioambiental.

El artículo 5° le otorga rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos humanos, incorporándolos automáticamente al ámbito jurídico interno desde el momento que el Estado de Chile otorga el consentimiento para obligarse por el respectivo tratado, concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales.

La Excma Corte Suprema de Chile, en su fallo de 25 de marzo de 2021, acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derehos Humanos, INDH, revocando el fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y señaló que  «Toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”.

Señala tres instrumentos jurídicos de mucha importancia de dicho derecho: la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas desplazadas, de 1994 y la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Migración forzada de personas venezolanas.

En una decisión inédita, la justicia consideró que Francia cometió una “falta” al no mantener sus compromisos en la lucha contra el efecto invernadero.

La Corte ha tenido en cuenta que diversos derechos pueden verse afectados a partir de problemáticas ambientales y que ello «puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad», entre los que se encuentran los pueblos indígenas.

Se concluye que sería una inconsecuencia no aprobar el Protocolo referido, ya que nada de lo expuesto menoscabaría, en forma alguna, la independencia o soberanía del Estado chileno.

De conformidad a lo expuesto, esperamos que, en un futuro no lejano, la pena de muerte sea abolida definitivamente, incluido nuestro país.

Confiamos que el Grupo de Lima consiga el objetivo de sumar los votos necesarios, a partir de la reafirmación de que la protección de los derechos humanos y las acciones humanitarias no constituyen una intromisión en los asuntos internos de los Estados, sino, por el contrario, son una facultad y más que eso, una obligación de la comunidad internacional organizada.