La consabida reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demostró una vez más, que no hay ningún acuerdo, que las posiciones no han variado frente a la situación del Medio Oriente, sobre Gaza y la guerra de más de seis meses, la causa palestina, la necesaria ayuda humanitaria, o las sanciones a Israel. La paz del mundo está, y más que antes, verdaderamente amenazada.

Comprendiendo el sentimiento de las personas viudas y divorciadas que se han sentido discriminadas y que han enfrentado prejuicios, y que incluso podría afectar a otros estados civiles, por ejemplo, un soltero mayor que ha logrado contraer matrimonio o acuerdo de unión civil, que podríamos decir de él. Creo que debemos reconsiderar este proyecto, en particular, porque en ocasiones el divorcio y resultado de faltas muy graves, atentados, Comisión de delitos, si bien estas causas no figuran en el Registro.

la norma acepta que los tiempos de espera no son imputables a la jornada laboral; y, por la otra, que la división para el cálculo de los tiempos de espera debe hacerse con el máximo de la jornada ordinaria (180) y no con el máximo de tiempos de espera (88). Indudablemente, esta discrepancia plantea una incoherencia en la manera de regular los tiempos de espera, proponiendo un texto que no se apega a las reglas de la lógica, especialmente, al principio de no contradicción.

Si bien es indudable que la deuda de alimentos es una de las cuestiones de más alta frecuencia que atentan contra el interés superior de los niños, lo cierto es que admitir limitaciones a la mantención de las relaciones familiares fundado solamente en la existencia de estar en el registro de deudores, puede ser incluso más atentatorio a los fines de protección de derechos a los que está conculcado el Estado.

Resulta conflictivo –jurídicamente- el que un simple Oficio Circular determine nuevas obligaciones de transparencia activa, diversas de o al margen de aquellas que la Ley N°20.285 en su artículo 7° contempla taxativamente, de manera excepcional y restrictiva.

La Corte consideró que el Estado tiene la obligación de prevenir la contaminación ambiental como parte de su deber de garantizar el derecho a la salud, la vida digna y la integridad personal, lo que a su vez conlleva el deber de proveer servicios de salud a personas afectadas por dicha contaminación, más aún cuando esto pueda afectar la integridad personal o la vida de las personas.

El testeo animal es una práctica controversial y ampliamente utilizada en la investigación científica, en la industria cosmética, en la industria farmacéutica y otros sectores; esto implica utilizar animales como ratones, conejos, cobayas, hámster e inclusive otros primates, a experimentos y pruebas con el único fin de evaluar la eficacia y seguridad tanto de los productos como de las sustancias químicas. Existen diversas razones para realizar la experimentación en animales, una de ellas, es la creencia de que los animales son útiles para predecir los efectos que tendrá un producto en los humanos, al igual que para evaluar el nivel de toxicidad y seguridad en cada sustancia química y para cumplir con las normas que tiene cada organización para aprobar sus productos.

Mediante la incorporación de la institución de los “Bienes Familiares” en nuestro Código Civil hace un par de años, el legislador estableció un mecanismo destinado a proteger el patrimonio familiar y dar estabilidad al/la cónyuge que se encuentra en una situación patrimonial desmejorada; de este modo, mediante la afectación de bienes -tanto muebles como inmuebles- que sirven al grupo familiar para su vivienda y uso cotidiano, se pretende asegurar un lugar físico y estable a los integrantes de una familia para que, pese al quiebre del matrimonio y con prescindencia del régimen de bienes al que éste se encuentre sujeto, puedan desenvolverse con normalidad.

La Ley de Fraudes en Medios de Pago está siendo modificada en el Congreso. Esto en medio de un alza de fraudes el último trimestre según datos de la ABIF. Hoy el Ejecutivo presentó sus indicaciones.

En términos prácticos que el Poder Legislativo residirá en el Congreso de la República, el cual estará conformado por el Senado y por la Cámara de Diputados. En otras palabras, el Parlamento peruano tendrá una estructura compuesta por dos cámaras que presentan competencias exclusivas y otras compartidas (bicameralismo imperfecto). Por ejemplo, la presidencia del Congreso de la República recaerá de manera alternada sobre los presidentes de cada cámara. Del mismo modo, la Comisión Permanente estará conformada por igual número de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras.

El autor nos recuerda algunas de las ideas desarrolladas por Jenaro Prieto en sus columnas de opinión, publicadas en las décadas de los años 20`s y 30`s del Siglo XX, referidas al Estado y al Derecho.

Las Cantineras, audaces y guerreras, fueron aquellas mujeres que acompañaron al ejército chileno en campaña para cumplir tareas de asistencia en el Servicio Sanitario del ejército tales como enfermería, cuidar heridos o surtir de agua y proveer de municiones a las tropas en combate. No pocas combatieron fusil en mano a la par con los soldados y algunas cayeron en el campo de batalla.

Finalmente, entre tantas hipótesis, queda una versión más plausible, basada en la simple deducción de a quién benefició o perjudicó la operación, que no es extraña en estas disciplinas, y por quien tendría el mayor interés de acallar al ex militar, y enviar un poderoso mensaje a otros opositores: el régimen de Venezuela. Estos servicios jamás reconocen su accionar, menos aquellos de  contrainteligencia, pues quedarían vulnerables,  al evidenciar sus métodos, sobre todo  si ocurre en otro país, para poder seguir operando sin ser rastreados.

El orden público es consecuencia directa de su necesaria contemplación ante los riesgos que implican modalidades contractuales, alcances, valores del canon en empresas, especialmente biotecnológicas concentradas y con estrategias globales monopólicas, que ante su tecnología dominante hace necesaria la presencia del Estado para balancear las asimetrías del poder de negociación de las partes y garantizar el acceso a la semilla en el desarrollo de la función social de producción agraria comercial de indiscutible beneficio, no sólo para el agricultor o empresario agrario, sino fundamentalmente de toda la sociedad.

El crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda, encierra una hipótesis de posible autoría material en el régimen de Nicolás Maduro, si esto se llegase a comprobar, implicaría una vulneración grave a la soberanía de Chile, y por la cual el Presidente de la República debiera tomar acciones en asunto, puesto que dicha vulneración a la soberanía pondría en riesgo la seguridad y el honor de la Nación.

La propiedad definida en el artículo 582 del Código Civil, y los derechos que de ella derivan, por su abstracción y elasticidad (derechos reales limitados de goce y garantía), es una situación subjetiva que, sin medios que la defiendan y proteja, afectarían su adjetivo y justificación dentro del sistema jurídico. Lo mismo ocurre con la posesión y su protección, que no es una figura espaciada del derecho de propiedad, sobre todo en materia de acciones protectoras, pues ésta según Aldo Topasio, no es un simple hecho ni un acto, sino acción del sujeto.

A pesar de que se han logrado algunos avances, aún falta. Desde la Cámara Minera de Chile hemos propuesto desde el inicio de nuestra actividad, la urgente necesidad de contar con un plan nacional de exploración minera; como también ofrecer incentivos a la etapa de exploración, que es lo más importante para generar nuevos proyectos mineros. Estamos perdiendo competitividad frente a países vecinos, en el peor momento, ya que es ahora cuando el mundo está aumentando la demanda de minerales, especialmente, para tecnologías que combaten los efectos del cambio climático.

Olvidaron, no por error interpretativo, que un simple principio general que mandata colaborar no es una fuente jurídica legal de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, capaz de determinar nuevas competencias y funciones públicas en la forma que exige la Constitución; y, que si un órganos de la Administración del Estado (OAE) no está previamente habilitado por ley para convenir en algo, no puede operar acordando libremente tal o cual cosa como si fuera una empresa privada.

La ley ha buscado proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en la práctica, los niños y niñas venezolanos han quedado marginados de dicha protección. Afirmo esto dadas las dificultades que tienen niños, niñas y adolescentes venezolanos para poder obtener los documentos que acrediten su identidad y filiación con respecto al padre o madre que realiza la solicitud de visa del menor. Esta realidad aparece aún más preocupante cuando estamos ante adolescentes cercanos a  cumplir los dieciocho años de edad, donde al alcanzar la  mayoría de edad, ya no es posible que el solicitante NNA pueda solicitar  una nueva visa.

A pesar de que en la literatura especializada está claramente delimitada la denominación de “raras”, “huérfanas” o “poco frecuentes”, en el país suele tratársele también a estas enfermedades como “catastróficas” debido al excesivo costo que implica su tratamiento y las graves consecuencias que trae para el paciente y su familia la obtención de financiamiento económico para costearlo. Cabe señalar que se da el caso que haya enfermedades que no son raras o huérfanas pero que sí son catastróficas, sin embargo se da que varias de ellas, tanto la ley como el método de financiamiento, se tratan como sinónimos.

En sede normativa, tal situación no es ajena. No existe en la Ley una definición de familia, por el contrario, ha sido la doctrina que, sistematizando, principalmente, los cuerpos legales más relevantes en los vínculos familiares (el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Adopciones, la Ley Nro. 14.908) ha tenido que conceptualizar la misma – a mi juicio – de manera escueta y no necesariamente representativa de las realidades socio-parentales y las nuevas legislaciones.

Las Damas de Blanco de Cuba, María Corina Machado y Rocío San Miguel de Venezuela, mujeres víctimas del abuso del poder del Estado, de la violencia institucional, del maltrato y de la violencia de género. Bajo la mirada indiferente y la ignorancia selectiva del feminismo antipatriarcado, cuya voz no se hace escuchar, por considerar que si una mujer no es de su ideología, no merece respeto ni defensa.

A experiencia de quien suscribe, adicionalmente a las interrogantes jurídicas planteadas, hubiese sido deseable proponer y solucionar algunas situaciones que en este tipo de delitos eran recurrentes y, a contar de la vigencia del articulado en comento, ley N° 21.633, se harán aún más frecuentes, en un contexto de que la medida permite entrar con fuerza pública, sin aviso previo y desalojar, y, sin olvidar que los imputados ocupan y residen en algún inmueble usurpado, por tanto, tienen, en dicho lugar, probablemente, sus pertenencias, enceres, entre otras cosas.

El autor hace referencia a Farid Kahhat, autor del libro titulado “Contra la Amenaza Fantasma”, quien afirma que en un mundo convulso e incierto como el nuestro, la derecha radical en América Latina ha construido un enemigo existencial que hace su entorno político inteligible y previsible. Pero en ese proceso, incurre en una sobreestimación de la cohesión de rivales variopintos pues termina generalizando e identificando con la misma etiqueta a actores que presentan diferencias políticas e ideológicas mayúsculas entre sí.

En el mismo procedimiento administrativo invalidatorio, específicamente en la etapa de audiencia previa, el interesado, en virtud del principio de contradictoriedad -artículo 10 Ley N° 19.880-, podrá intentar demostrar que a su respecto efectivamente resultaba procedente el otorgamiento de la pensión de gracia, que el fundamento de hecho existe y fue calificado jurídicamente de manera correcta, lo cual descarta su indefensión, permitiendo una revisión de los fundamentos que sustentaron la decisión presidencial.

La implementación de la nueva ley de delitos económicos no es tarea fácil. Las empresas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios, pero lo suficientemente rigurosas para implementar un sistema de prevención que cumpla con su propósito. Este desafío, además, presenta una oportunidad invaluable para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y, con ello, la reputación y la confianza de los stakeholders.

Desde la óptica de los derechos humanos, es posible sostener que el ejercicio jurisdiccional que ejerce la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la Superintendencia de Salud, en base a la facultad legal que le permite fallar conforme a su prudencia y equidad, configura una suerte de garantía constitucional destinada a promover y proteger, de manera expedita y especializada, el ejercicio del derecho a la protección de la salud y otros derechos fundamentales.

Una forma de potenciar cierto orden de respeto a los derechos humanos y del denominado “Derecho al cuidado”, parte por fortalecer las cualidades de los individuos que integran la sociedad, fundamentalmente con educación, salud y empleos permanentes y dignos, y de esa manera los índices de delincuencia y pobreza serían mejor manejables para los gobernantes de los Estados. Como ejemplo vale resaltar que sociedades europeas como Suecia, Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca, Inglaterra entre otros, en América Canadá, Uruguay y Chile, fueron capaces de atender con efectividad y oportunidad los grandes problemas como la salud, la justicia y el derecho al cuidado.

Nuestro país ha enfrentado diversas emergencia y catástrofes. Estos sucesos han afectado o imposibilitado el desarrollo de las actividades humanas en todas sus manifestaciones, incluyendo la ejecutada por la Administración del Estado.

En este contexto surgen la siguiente interrogante: ¿Cómo enfrentar el impacto de la catástrofe por incendios forestales en distintos aspectos de la contratación pública de bienes y servicios? ¿es idónea la actual regulación en un país que enfrenta catástrofes naturales con cierta habitualidad? El presente texto analiza sucintamente las herramientas o mecanismos disponibles en el régimen normativo de la Ley N° 19.886, respecto de los procedimientos en desarrollo, y esboza una somera conclusión.

Es incuestionable que la ley de marras fue promulgada y publicada sin comprender al sector público, a pesar de las patentes y propaladas indicaciones efectuadas por los parlamentarios descritos. La justificación de esta omisión fue un aspecto eminentemente técnico-jurídico, en razón de que las indicaciones que pretendían incorporar a los funcionarios públicos a las normas contenidas en ese proyecto de ley resultaban inadmisibles por exceder la idea matriz o fundamental del mismo, según lo preceptuado por el inciso primero del artículo 69 de la Constitución Política de la República.

Resultaría inconcebible que se llegase a acusar a un imputado de un delito de Administración Desleal sin tomar en consideración la información financiera, por cuanto ella es un mudo testigo de cómo ese gerente ha gestionado los recursos que le han sido confiados, y cómo ha agregado o desagregado valor mediante el rendimiento del patrimonio en un año comercial (verificable en un Estado de Pérdidas y Ganancias).

El autor comenta los problemas que surgirán si se despoja a los jueces tributarios y aduaneros de la facultad de declarar la elusión, considerando que en nuestro país no se dan los elementos que permiten que los conceptos jurídicos indeterminados produzcan jurisprudencia consistente que proporcione seguridad jurídica.

Fue un fallo trascendente que se debe tener presente. En términos deportivos, se decía que Chile ganó 8 a 0, y el Presidente Piñera, debió encarar vaticinios agoreros, y críticas por no asistir a la sentencia, o ir acompañado por Ex Presidentes que tuvieron previas y destacadas decisiones en sus mandatos. Hubo prudencia sin estridencias, pues la asistencia de autoridades de las partes, en nada incide en la Corte. En su caso, Evo Morales lo apostó todo, y perdió.

El artículo 22 de la Ley N°21.020, solicita muy poca información al momento de realizar el registro de un centro de mantención temporal de mascotas o animales de compañía, o al menos, debiera ser más especifico, y referirse detalladamente a los lugares que funcionan como hoteles para mascotas, puesto que, estos lugares al funcionar como hospedaje por un lapso de tiempo que puede ser incluso prolongado, sin duda, debiesen cumplir con mas exigencias al momento de constituirse y funcionar.

Una segunda lectura de lo modificado, la disruptiva y que no tiene lógica ni fundamento jurídico robusto, es que nada se prohibió sino que expresamente se permitió legalmente -en una norma garantista de Derechos Fundamentales de personas naturales- y de manera general y genérica, que se hicieran predicciones y evaluaciones de riesgos comerciales de personas jurídicas o empresas.

Más allá de la inconstitucional reelección de Bukele, lo cierto es que este proceso electoral constituye un golpe durísimo para los partidos de oposición, especialmente para los históricos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de izquierda y Alianza Republicana Nacionales (ARENA) de derecha, quienes a duras penas podrán mantener sus respectivas inscripciones al haber obtenido menos del 5% de los votos.

“The United States v/s Billie Holiday” comienza con una triste melodía de piano de fondo y la imagen de una fotografía en blanco y negro, donde figuran varios hombres blancos de pie, con el cadáver de un afroamericano en el suelo, con la siguiente leyenda: “En 1937, un proyecto de ley para, por fin, prohibir los linchamientos de afroamericanos fue considerado por el Senado… no fue aprobado. Billie Holiday subió a la fama, en parte, por su canción ‘Strange Fruit´, una descripción lírica y horripilante de un linchamiento.”

Columna relativa al estudio (doctrinario y programático) del rol que tienen las instituciones procesales de la Legitimación y Capacidad en dos figuras límites del Derecho de Familia: (i) la acción de reclamar alimentos en beneficio del que está por nacer y (ii) la aplicación de los principios contenidos en la Ley de Protección y Garantías de la Infancia en lo que respecta al régimen de cuidados personales, solicitados por los «abuelos aparentes», esto es, cuando la crianza de los niños, niñas y adolescentes está en manos de los abuelos cuya calidad no está determinada en función de las partidas de nacimiento del menor, pues uno de los padres no lo ha reconocido, pero que, por la fuerza de la realidad, han sido estos (los abuelos) quienes se han ocupado de la crianza del infante.

Dentro de las novedades legislativas que se han dado lugar en el último tiempo, destaca la recientemente publicada Ley Nro.  21.554, que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al Servicio de Tesorerías su cobro, la que tiene la virtud de dotar de un procedimiento eficiente en cuanto a la recaudación de ingresos por este concepto.

Cabe subrayar la responsabilidad que asumen los organismos electorales de la región -que en el marco de un clima de alta polarización y radicalización electoral- deben asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa, como lo señala el artículo 176 de la Constitución Política del Perú y las demás constituciones de la región.

Llama la atención que la ley, por un lado, proteja al propietario de una ocupación ilegal, y, sin embargo, atenúe sus consecuencias tratándose de personas desvalidas, carentes de una vivienda propia, caso en el cual, la norma sufre una relajación, es decir, no se aplica en su dureza, sino que hace justa la situación en términos socio-políticos. Ello, porque la situación socio-económica del hechor, no cumple con los fines de la norma. No la puede atenuar ni justificar, lo cual obedece a una mirada no jurídica del problema de la vivienda.

En reciente sentencia de 11 de enero de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad del Consejo de Defensa de Estado que recaía precisamente sobre las normas de intereses del DL 3500 y la Ley 17.322. Esta sentencia reviste extraordinario interés porque se pronuncia sobre la naturaleza y propósito de tales intereses bajo una óptica completamente distinta a la de la Corte Suprema.

Quizás el primer problema que asoma tiene que ver con el rol o tarea que debe cumplir el perito o la perita. Es decir, el hecho de reconocerse como un actor imparcial y, que sobre un punto determinado que ha sido puesto en tela de juicio, su dictamen favorecerá o perjudicará a alguien. Si su trabajo ha sido requerido para resolver una incógnita en el ámbito privado, esta apreciación sí o sí generará efectos; y que decir dentro de un proceso litigioso.

El concepto anglosajón “Fintech”, que por exigencia expresa de la Ley N°21.521 en Chile se ha latinizado a Fintec, alude a un mercado y a un ecosistema que resulta de la unión entre las finanzas y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones o TICs –esencialmente el uso de redes e Internet y sus aplicaciones en teléfonos inteligentes-, y se visualiza posicionado e instalado en la banca, en la industria tecnológica y en la academia como una disrupción entre los servicios financieros y la innovación digital.

Las formas complementarias de protección son herramientas que los estados han usado para regularizar la condición jurídica de personas que, no siendo reconocidas formalmente como refugiadas, su expulsión del territorio vulneraría las obligaciones del principio de no devolución  contenidas en tratados internacionales de derechos humanos (por ejemplo, artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).

Considero que resultaría adecuado un aumento en las exigencias para disuadir la presentación de acusaciones aventureras o antojadizas, que capturan la atención del sistema político sin dejar, en general, resultados concretos y fomentan la polarización.
En función de esto, el aumento del mínimo de parlamentarios necesarios para la presentación me parece imprescindible, sobre todo teniendo en consideración el aumento en la cantidad de parlamentarios ocurrido a partir del 2018.

Estaba más a salvo la paz mundial, siempre que las grandes potencias no se enfrentaren directamente, cumpliendo su responsabilidad primordial de preservarla. Los conflictos de menor intensidad, podían encontrar una solución pacífica con el concurso de los más poderosos, aplicando los variados métodos o procedimientos utilizables.

Consideramos que lo aprobado por el Parlamento no es otra cosa que una contra reforma electoral que nos hace volver a un pasado marcado por la informalidad y la debilidad de las instituciones partidarias. En otras palabras, el Parlamento genera condiciones para la escasa o nula participación de la ciudadanía en el proceso de selección de candidaturas.

El presente artículo afirma la aplicación de la Ley N° 19.886, de bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, a los partidos políticos como consecuencia de la modificación introducida por la Ley N° 21.634 a su artículo primero, el que extiende su ámbito de validez a las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, de acuerdo con lo previsto por la Ley N° 19.862. La disposición tiene, en consecuencia, el carácter orgánico constitucional al imponer una nueva obligación a estas organizaciones, siendo improcedente que entregue a la potestad reglamentaria la definición de los casos en que la Ley de Compras Públicas les será aplicable.

El ajuste al principio de legalidad que es esencial en el Derecho Público llevaba a visualizar el alcance del artículo 33 letra m como la obligación de que, al ejercer sus funciones privativas en materia de acceso a documentos, actos, contratos o resoluciones de los OAE (y al dictar las respectivas Decisiones de Amparo) se velara teniendo presente que -de contenerse DP- debía protegerse la finalidad única y de servicio público de su recopilación, la confidencialidad o el secreto general y transversal de ellos,  la necesidad de su tratamiento seguro y diligente y el considerarlos excluidos del alcance del inciso segundo del artículo 5° y del inciso segundo del artículo 10°.  Pero bueno, derogada la norma se acabará la contrariedad.