El problema nace cuando el Liquidador Concursal no tiene conocimiento del domicilio de los trabajadores, de manera que se encuentra impedido de enviar las cartas informando el término del contrato de trabajo. El incumplimiento de esta obligación por parte del Liquidador Concursal tiene aparejado las sanciones contempladas en el inciso 3° del artículo 163 bis del Código del Trabajo, conforme al cual la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento podrá sancionar los hechos imputables al Liquidador, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Ley 20.720.

Cuando existen fondos para realizar el primer pago o reparto de fondos y con el objeto de asegurar el pago de los créditos alimenticios, el Liquidador Concursal, previo a realizarlo, deberá consultar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos si el deudor y los acreedores beneficiarios tienen inscripción vigente en calidad de deudor de alimentos.