Para encuadrar la acción militar en este artículo es necesario, primero, acreditar una agresión ilegítima por parte de otro Estado u organización en forma actual o inminente, que pudiere afectar ya sea la integridad territorial o independencia política del Estado que se defiende, y segundo, que la reacción defensiva sea solo para repeler la agresión ilegitima, sea proporcional y que no exista otro medio menos perjudicial para repelerlo.

Centrándose en las críticas que se formulan al sistema unicameral, se pueden resumir en cuatro: primero, que sólo reconoce una representación demográfica omitiendo la representación territorial; segundo, que la tradición chilena ha sido bajo sistema Bicameral desde la Carta de 1833; tercero, que no implica eficacia legislativa pues si bien podría acelerar la tramitación de los proyectos de ley, no necesariamente será con la misma calidad legislativa; y cuarto, que concentra el poder en una cámara.

En relación con dicho proyecto de ley, considero que se puede mejorar con algunos cambios, que señaló el Centro de Estudios Constitucionales (CECOCH) al Senado en un informe en el cual tuve la oportunidad de participar, proponiendo exigir para la aplicación de la amnistía el cumplimiento de ciertos requisitos conforme lo resuelva el Tribunal, que den cuenta de la prisión política.

El Congreso, al conocer y resolver sobre una acusación constitucional, ejerce una facultad jurisdiccional que debe cumplir con los estándares internacionales de los derechos humanos, pero la naturaleza del control que ejerce es tanto político como jurídico, entendiéndose como otro órgano más a cargo de la interpretación constitucional.

Lo primero a señalar es que con ella la Convención Constitucional no se extralimita en sus funciones. Bien señala «no pretender interferir ni arrogarse competencias o atribuciones de otros órganos», pues los proyectos de ley señalados les corresponde a los órganos colegisladores al igual que el indulto a los presos políticos del Wallmapu, mientras que las querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado es una decisión del Ejecutivo, y mal podría una declaración exceder esos límites, pues no está atribuyéndose ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo.

La segunda situación, más conocida como fiesta clandestina, pareciera calzar con la exigencia del 318, y así incluso lo señaló la Corte en ese caso, pues hizo referencia a si el sujeto hubiere ido camino a algún evento de esa naturaleza, aunque ahí, sin llegar aún al evento, no cuadraría con el 318 consumado. No obstante, si el sujeto está en el evento sin respetar cuarentena, toque de queda, aforos máximos y aun medidas mínimas como usar mascarillas, claramente se cumpliría el supuesto factico del 318, correspondiendo en ese caso la pena en cuestión. 

La naturaleza de la Convención Constitucional es ejercer el poder constituyente originario pues su función es redactar una nueva Constitución, no así reformar la vigente. En consecuencia, la Convención Constitucional no se regula por la actual Constitución, no siendo ella su parámetro normativo.

Al menos aquellos delitos en los que el Ministerio del Interior presentó querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, claramente sería prisión por delito político, siguiendo la teoría objetiva sobre la subjetiva o la mixta que explican este tipo de delitos.

Si bien todo caso con imputado desconocido tiene una especial dificultad investigativa, que comúnmente lleva al archivo provisional, en el caso de violaciones a los derechos humanos es posible realizar diligencias para identificar a los responsables, como es pedir la información a las instituciones de quienes estuvieron en el lugar y las municiones que tenían antes y después de la manifestación.

En este caso, los disparos del Carabinero lo habrían colocado en un deber de garante respecto de la vida del malabarista, y como huyó sin prestar auxilio, se provocó el resultado. Se cumple entonces el requisito de la comisión por omisión.