Estimamos que el proyecto constitucional ha expandido y transversalizado en la judicatura los arbitrios hasta ahora vigentes, generando, en ciertos casos, acciones constitucionales caracterizadas por su amplio alcance, y en otros, estableciendo garantías específicas –inclusive con una doble cautela– en el caso de determinados derechos que, como la nacionalidad, el Constituyente de la Convención Constitucional ha estimado oportuno reforzar.

Un rasgo que se advierte en la actual iniciativa es el silencio que se guarda a la hora de circunscribir lo que debe entenderse por “rentabilidades excesivas”. Dejando al margen todos los reparos que pueden cernirse sobre la norma utilizada por la Unidad Popular –modelo obligado de la propuesta convencional–, se reconoce en aquella no sólo un procedimiento de reclamación sino que también un concepto de lo que, en la época, debía entenderse por “rentabilidades excesivas”. Ausentes ambos de la proposición aprobada en general.

En general la autonomía constitucional aleja, en razón de su relevancia, a ciertos órganos del quehacer político. Se espera así que con ella, orgánica y funcionalmente, determinadas entidades trasciendan en el tiempo y cuenten con la suficiente robustez para garantizar la necesaria estabilidad institucional, propia por lo demás de todo Estado de Derecho.

La ritualidad pasa así a erigirse en una suerte de garantía que –se aduce– vendría a canalizar las voces de los pueblos en torno al estatuto constitucionalizable en la nueva arquitectura jurídica, por cuanto sin ella existiría un inminente riesgo: disminuir su legitimidad.

Más allá de las explicaciones que la prensa ha difundido, lo cierto es que desconocemos el test de ponderación que se implementó al interior del Gobierno para “desencializar” a una actividad que desde los orígenes del mundo –la antropología tiene mucho qué decir en esto– ha hecho a la humanidad lo que es.

En este debate se ha echado de menos una tesis que, desde una mirada estructuralista y al margen de una historia siempre tan teñida de sangre, proporcione razones filosóficas y jurídicas que, al amparo de las reglas democráticas, demuestre la pertinencia, o incluso la razonabilidad que para una sociedad liberal supone la convivencia armónica de todos sus pueblos.

Ahora la discusión en Chile ha ido más allá: no basta con conocer los rubros que la autoridad ha estimado esenciales, sino que también se ha vuelto necesario conocer los bienes que en detalle se ofrecen al mercado. Sólo así, se ha dicho, se podrá saber quiénes, bajo la pantalla de lo esencial, en realidad se están dedicando a lo no esencial.

Reconocer a quienes han estado antes que nosotros en este mundo, no es, a estas alturas, una decisión inspirada por el azar, es un verdadero deber: honrar a quienes nos precedieron merece un estatus mayor. Allí estará Don Mario.

¡Hollande le vas nous entendre!, desafiaron hace un par de semanas por las calles de París miles de manifestantes quienes portando vistosas pancartas –algunas apuntando al Presidente galo y otras impresas con un único modelo de familia: un hombre, una mujer y un niño tomados de las manos– mostraron su rechazo al proyecto de ley […]

La tragedia vivida por la familia Luchsinger Mackay ha puesto nuevamente en discusión pública las relaciones entre el Estado chileno y sus pueblos indígenas. En esta parte del mundo no resulta fácil observar temas así. Y cuando todo constantemente está dependiendo de una desgracia en especial o de un conflicto silenciado que estalla de pronto, […]