Una de las barreras de acceso a la justicia que ha sido identificada por la OCDE es la escasez de oferta de servicios legales para cierto tipo de problemas justiciables, entre otras cosas, por el tipo de abogados que estamos formando en las universidades. En este sentido, un problema es la forma en que estos aprenden: metodologías centradas en la exposición de contenidos, énfasis en la memorización de contenidos, donde no existe trabajo de habilidades blandas que facilitan la flexibilidad necesaria al momento de un acercamiento a comunidades y personas que no son abogadas.

El acceso a la justicia como derecho humano implica la posibilidad de llevar nuestras pretensiones a un tribunal para que nuestros derechos sean protegidos de manera efectiva y bajo ciertas condiciones mínimas que aseguren un debido proceso. Desde un sentido amplio, el acceso a la justicia es un derecho en virtud del cual los Estados deben garantizar a los individuos no solo el derecho de acceder al proceso judicial, sino también a cualquier instancia pública que permita obtener una reparación o tutela efectiva de las necesidades legales de la población.