A juicio de esta parte, en caso de incurrirse en vicios de nulidad de los actos de la administración tributaria, se cumple siempre el requisito de la trascendencia para declarar la nulidad tributaria o de derecho público[2], por lo que no podría calificarse en ninguno de esos casos que un vicio no provoque perjuicio.

Muchas veces los bancos, según ha podido constatar esta parte, al revisar los contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing) que celebran los bancos, establecen una cláusula contractual, que no parece relevante en un primer análisis, consistente en que los bancos: “pueden hacer caducar la oferta de compra si incurre en la falta de cumplimiento o pago oportuno e íntegro de cualquier acto, contrato y obligación que el arrendatario haya suscrito o contraído con el banco”.

El ente fiscalizador, frecuentemente parte su interpretación con el sesgo de la improcedencia, lo que incluso trasunta a la opinión que tenemos los litigantes tributarios, encontrándose incorporado al inconsciente colectivo por tantos años de primacía estatal.

Actualmente los litigantes, en especial la parte reclamante, debe crear su teoría del caso sustentándola en la mayor cantidad de medios probatorios posibles para que el tribunal llegue a la convicción acogiendo el reclamo tributario y por ende, las pretensiones del contribuyente.

La norma del artículo 1 Nº1 de la Ley Nº21.039 publicada con fecha 20 de octubre de 2017, que pretendía otorgar competencia a los Tribunales Tributarios y Aduaneros para conocer la acción de nulidad de derecho público de los actos administrativos del Servicio de Impuestos Internos (SII), constituye uno de los errores legales más notorios en la actualidad.

El ente fiscalizador no solo tiene toda la información de los contribuyentes, sino también la información de sus clientes y proveedores, por lo que según el parecer del suscrito, debe derogarse la referida norma y restablecerse la teoría general de la prueba en materia tributaria, esto es, que quien efectúa una alegación, debe probarla.

Un procedimiento administrativo solo puede ser racional y justo, si se realiza dentro de un plazo razonable, lo contrario atenta contra la certeza jurídica, se distrae al contribuyente de su actividad principal y lo somete inevitablemente a una situación de incertidumbre respecto de su situación tributaria.

Lamentablemente, tanto los entes fiscalizadores a nivel administrativo, como los tribunales llamados a conocer de estos asuntos, son poco proclives a dar aplicación a las normas de la teoría general de la prueba, atribuyendo a las normas tributarias, que consideran especialísimas, una naturaleza jurídica propia que éstas no poseen, haciendo parecer que se regulan por un estatuto jurídico especial al que no serían aplicables las normas generales del derecho.